Uruguay siempre ha sido un país referente en materia de libertad de expresión. No se registran periodistas asesinados, secuestrados ni perseguidos, a diferencia de lo que sucede en otros países de Latinoamérica.
Sin embargo, el octavo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) registró 69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas, en el último año, en ese país. Lo que significa un aumento de un 40% con respecto al año anterior y una subida del número de casos por tercer año consecutivo.
“En este informe el número de demandas penales o civiles a periodistas es mayor que el de todos los informes anteriores juntos”, dijo Fabián Werner, presidente de Cainfo. (Foto: Cainfo - Jeannie Margalef)
“Uruguay, tanto en este informe comparativo como en la mayoría de los informes sobre libertad de prensa, sigue siendo uno de los mejores de la región. Creo que estamos junto a Perú en cantidad de casos. Pero, tanto ellos como nosotros hemos empezado a complicarnos o a aumentar el número de situaciones de riesgo y esto preocupa”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Fabián Werner, presidente de Cainfo y director del medio digital Sudestada.
Caninfo, actualmente integrante de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, monitorea el tema desde 2014. El último informe presentado refleja el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 y se incorpora la actualización de la metodología e indicadores de la red “Voces del Sur”, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que defiende la libertad de expresión.
Las categorías que presentaron más casos, durante el último año, fueron las restricciones al acceso a la información pública y los procesos penales o civiles, cada uno con 19 episodios registrados. “Nuestra mayor preocupación es el aumento de juicios a periodistas. Es una tendencia regional que sí hemos visto en otros países. En este informe el número de demandas penales o civiles a periodistas es mayor que el de todos los informes anteriores juntos”, expresó Werner.
“Hay casos que no incluimos en el informe a pedido de las personas afectadas. Uno de ellos era un juicio que finalmente se hizo público: la demanda de una ex funcionaria a un diario por 450 mil dólares. Es decir, desde que presentamos el informe (3 de mayo) a hoy, el número de casos ya ha aumentado”, comentó el periodista.
Werner también formó parte del informe como uno de los atacados. En julio de 2021, denunció públicamente el robo que sufrió en su domicilio donde se le fue hurtado únicamente material informático (dos computadoras y un disco extraíble) que pertenecían a él y a su compañera María Natalia Rodríguez, ambos periodistas.
Según se refleja en el informe y confirma Werner, el hecho fue denunciado a la Policía que tomó declaración de lo sucedido pero, a la fecha, no ha informado a las víctimas sobre ninguna diligencia realizada a fin de confirmar o descartar que el robo haya tenido relación con su profesión periodística.
En este informe no se registró ningún caso en las categorías de asesinato, desaparición forzada o detención arbitra. Sin embargo, por primera vez se registran cinco episodios en restricciones en internet.
El discurso estigmatizante por parte de funcionarios también tuvo un aumento significativo en las alertas, sobre todo por las acciones de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. La funcionaria tiene una práctica sistemática de estigmatizar y de amenazar periodistas a través de Twitter. “Ella dice que está investigando a periodistas que son parte de una especie de conspiración contra el gobierno. Lo preocupante de esto es que no hay nadie del gobierno que salga a decir ‘no, nosotros no estamos de acuerdo con esta práctica,’ que es algo que debería pasar en cualquier país democrático”, argumentó Werner.
El equipo de Cainfo asegura que en los últimos años han tenido una mejora en la capacidad de detección y de recepción de denuncias que ha venido de la mano con la integración de la organización en redes latinoamericanas de libertad de expresión y el monitoreo de amenazas.
El gobierno uruguayo, bajo el mandato de Luis Lacalle Pou, ha promovido reformas legales que, según Cainfo, son regresivas en materia de derechos humanos y afectan a la libertad de expresión.
En 2020, se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) que incluyó reformas para establecer restricciones al acceso a la información sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado y que también criminaliza la protesta social y afecta al derecho de huelga.
“También se aprobó una reforma de la Ley de Acceso a través de un mecanismo presupuestal que bloquea el acceso de los medios a determinado tipo de información que los sujetos obligados deben poner en su página web. A su vez, se impidió la discusión a nivel parlamentario de un proyecto de ley de regulación de la pauta oficial de la publicidad oficial del Estado. Es decir, se han dado pasos claros y consistentes contra la libertad de prensa”, dijo Werner.
Hay otras propuestas de ley o reformas que aún no han sido aprobadas pero generan preocupación. Una de las alertas en el informe expresa que la coalición de gobierno pretende incluir en la nueva ley de medios un mecanismo de control de los contenidos de los medios de comunicación. “La idea es que se controle la “imparcialidad” de la “información política” que se publica en los medios de comunicación, mediante la aplicación de sanciones y multas”, se explica en el texto.
“Muchas de las amenazas y violaciones vienen por parte del Estado, esto preocupa porque el Estado debería ser el principal garante de la libertad de expresión y prensa. Por eso en este informe mostramos que hay un aumento del discurso estigmatizante y hay unas personas que menoscaban la labor del periodista y ponen en tela de juicio la veracidad de lo que se está informando”, comentó a LJR Andrea Cammarano, comunicadora de la Unidad de Comunicación de la Universidad de la República en Uruguay y consultora del informe en el área de perspectiva de género.
“Muchas mujeres periodistas naturalizan los ataques recibidos. Nos falta muchísima información, formación y visibilizar este problema”, dijo Andrea Cammarano, consultora del informe en el área de perspectiva de género. (Foto: cortesía)
En este informe, Cainfo incluye por primera vez la alerta de género como indicador transversal. Según expresan en el texto, la organización considera importante visibilizar y documentar los casos de amenazas a la libertad de expresión que contienen aspectos vinculados al género o la orientación sexual de las personas periodistas.
Después de analizar los datos de informes anteriores, Cainfo se planteó la hipótesis de que el registro de casos de mujeres víctimas de restricciones a la libertad de expresión no correspondía con los episodios ocurridos e intentó dar respuesta a la razón del subregistro.
“Muchas mujeres periodistas naturalizan los ataques recibidos. Nos falta muchísima información, formación y visibilizar este problema. En Uruguay estamos muy atrasadas con respecto a este tema, en comparación con países vecinos como Argentina, por ejemplo. Muchas mujeres no encontramos tampoco ámbitos seguros para denunciar y no identificamos que estamos sufriendo una agresión porque pensamos que por ser periodistas te lo tenés que bancar”, comentó Cammarano a LJR, quien escribió todo un capítulo de perspectiva de género junto a la periodista Lucía Silveira para el informe.
En el informe se pone especial atención a los ataques a mujeres periodistas a través de redes sociales, específicamente en Twitter. Según el informe, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen características que dan nuevas formas a la violencia de género como la viralización, el anonimato, la persistencia y la replicabilidad del ataque. Tanto es así que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha considerado estos ataques en línea como violencia de género.
“Considero que el estado de la libertad de expresión en Uruguay está en alerta. Siempre se dijo que Uruguay es un ejemplo en la materia porque no tenemos casos graves, en comparación con otros países de la región. Pero, me gustaría rescatar algo que dijo el relator Pedro Vaca en la presentación del informe: por esto es que justamente hay que cuidar más que nunca que Uruguay siga siendo un referente en materia de libertad de expresión”, dijo Cammarano.
