Por Larisa Manescu
IPI hizo el llamado el 10 de octubre, día que marca el tercer aniversario de la disolución de las Antillas Holandesas. Desde el cambio en su estado legal en el 2010, las tres islas caribeñas han sido países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.
El problema que el Instituto de Prensa Internacional está abordando es común en el Caribe: los casos de difamación y calumnia son considerados delitos, en lugar de ser categorizados bajo la ley civil.
Además, una gran preocupación por la libertad de expresión y el diálogo público en las islas es que las penas son mayores cuando un funcionario público o una institución es difamado.
En el 2012, el IPI lanzó una campaña en el Caribe para derogar la difamación penal, la cual llamó un concepto anticuado que se mantiene más o menos uniforme en toda la región. Ese año, el IPI publicó un informe sobre la difamación penal en el Caribe, destacando a Barbados, la República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. El informe señaló que los 13 países del Caribe tienen leyes penales de difamación, y mientras muchas reformas legislativas se estaban examinando, ninguna fue aprobada.
“En tres de los países que visitamos, altos funcionarios electos estuvieron de acuerdo con nuestra posición de que las leyes de difamación penal son reliquias de la época colonial, diseñadas para reprimir la disidencia y la crítica, y no tienen cabida en las democracias modernas del Caribe”, dijo la directora ejecutiva del IPI Alison Bethel McKenzie.
Aunque Granada retiró la difamación de su código penal en el 2012, después del cabildeo del IPI, el país recientemente aprobó una ley controversial de delitos electrónicos en septiembre, la cual tiene como objetivo hacer frente a la difamación de las personas a través del internet, mediante el castigo de la información que es “manifiestamente ofensiva”, o que se sabe que es falsa, pero se extendió para incluir aquella que cause “molestia…insulto, lesiones…. mala voluntad”. Aquellos sentenciados bajo la ley podrían pagar una multa de hasta $100,000 EC (o 37,037 dólares) o pasarían hasta un año en la cárcel.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
