Aunque las cifras de violencia letal contra periodistas en Colombia siguen disminuyendo – por ejemplo 2016 fue el primer año en los últimos siete en los que no se registraron asesinatos a periodistas por causa de su trabajo – las formas de censura han “mutado” y se encuentran muy lejos de ser superadas en Colombia.
Así lo señala el informe anual 2016 de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que se hizo público este 9 de febrero en el marco del Día Nacional del Periodista del país.
Durante 2016, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa que dejaron 262 víctimas. Esto representa un aumento del 47% comparado con 2015. Las presiones, amenazas, obstáculos y agresiones en general se multiplicaron. Según la organización, durante el año pasado se registraron, 47 agresiones físicas, 44 obstrucciones al trabajo periodístico y 90 amenazas contra la prensa. Esta última cifra representa un incremento del 52.5% comparado con 2015.
“La censura ya no mata tantos periodistas como en los 90 o comienzos de la década del 2000, pero ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, que no cuentan con suficiente rechazo público y logran obstaculizar el libre flujo de la información”, señala la FLIP en su informe.
Uno de los casos “más graves” presentados durante 2016, según al organización, se trató del secuestro de los periodistas Salud Hernández-Mora, Diego D’Pablos, Carlos Melo, William del Carmen Mora, Diego Velosa y Maria Zulay Ropero por parte del grupo guerrillero del Eln en mayo.
Los obstáculos al trabajo de la prensa también se presentaron durante la cobertura de los principales temas de interés público del país. Uno de ellos el paro agrario que vivió Colombia por 12 días, un hecho propicio para que los manifestantes atacaran a los medios de comunicación.
La FLIP también destacó el intento del Gobierno y el Consejo Nacional Electoral de “blindar las críticas o cubrimiento al plebiscito del 2 de octubre” en el cual los colombianos decidieron no apoyar el acuerdo de paz hecho entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno. Según la FLIP, las entidades impusieron “normativas contrarias a la libertad de expresión […] en medio de un año decisorio para la búsqueda de la paz en Colombia”.
Precisamente el tema de la paz y el postconflicto ocupó un capítulo especial del informe anual de la FLIP. La organización se pregunta si durante esta época de paz, la libertad de prensa sí será garantizada en el país, teniendo en cuenta los antecedentes en la cobertura del plebiscito y la prohibición a periodistas de entrar a las zonas donde estarán ubicadas los miembros desmovilizados de las Farc. Esto último fue establecido en el nuevo acuerdo de paz refrendado por el Congreso el cual señala que ningún civil puede entrar a estas zonas, agrega el informe de la FLIP.
Otro de los capítulos del informe se relaciona con el Mecanismo de Protección a Periodistas que en concepto de la FLIP debe cambiar de manera “urgente”. Uno de los aspectos que señala como problemáticos es que la Unidad Nacional de Protección (UNP) del país sigue trabajando de manera “reactiva”, es decir, solo cuando se produce una situación de riesgo inminente contra un periodista. Para la FLIP, el Gobierno ha fallado en dar los recursos necesarios en materia de “prevención”, los cuales están estipulados en el mecanismo, aseguró.
El informe también señala que deben reducirse los tiempos de atención, es decir, desde el momento en que llega la solicitud hasta que la UNP da una respuesta final. Asimismo, la FLIP cataloga como “ausente” el componente judicial durante los 16 años del mecanismo de protección. La falta de condenas contra los responsables de crímenes contra periodistas es una de las causas para que se repitan las agresiones. Una situación que para la FLIP debe ser tenida en cuenta por el Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) del Mecanismo al momento de determinar si un periodistas debe continuar o no con las medidas de protección.
De hecho, días antes de hacer público el informe, la FLIP anunció a través de un comunicado que había decidido abandonar el Cerrem, en el cual la FLIP tenía un lugar desde hace 16 años con voz, pero sin voto. Según el comunicado, una de las razones para tomar esta decisión es que en los últimos meses “los aportes de la FLIP sobre las situaciones de riesgo de los periodistas amenazados han sido desestimados por los delegados del Gobierno que conforman el comité. En nuestro criterio, los funcionarios están tomando decisiones frente al riesgo sin suficientes elementos de juicio, basándose principalmente, en matrices de riesgo limitadas”.
Otros capítulos del informe de la FLIP tienen que ver con los periodistas en las regiones del país y el silencio al que se han visto forzados, los alto índices de impunidad en crímenes contra periodistas, así como las diferentes leyes que podrían afectar el ejercicio periodístico.
La organización también hace mención a otra forma de censura que no son directas ni usan la violencia. Según la FLIP, cada vez es más común el uso de la vía judicial para pedir que un contenido sea corregido o removido de medios físicos y digitales. De acuerdo con sus datos, las personas mencionadas en los artículos denuncian con entablar demandas judiciales si esto no se hace.
Para la FLIP las batallas en el área digital son aún más difíciles debido a que “la transformación de internet está dejando muchas preguntas abiertas alrededor de qué es legítimo o no en la red y quién debe tomar decisiones”, sobre la filtración de información.
De manera general, respecto a los autores de las agresiones a la prensa, la FLIP documenta que en la gran mayoría, 70 casos, estos son desconocidos. En 41 casos los agresiones fueron categorizados como particulares, mientras que los funcionarios públicos y la fuerza pública ocuparon los siguientes lugares siendo los autores en 37 y 25 casos respectivamente.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
