Por Isabela Fraga
Después de dos meses de haberse reglamentado la Ley de Acceso a la Información en Brasil, el pasado 16 de mayo, el gobierno federal ha recibido 17.516 solicitudes de acceso a documentos e información general. De éstas, el 83.9 por ciento fueron atendidas de manera positiva - es decir, la solicitud de acceso a información fue aceptada y respondida. Los datos fueron presentados, el lunes 16 de julio, en un informe de la Contraloría General de la Unión (CGU), informó el portal UOL.
Parte de los datos correspondientes al poder ejecutivo federal ya habían sido anticipados por la procuradora federal Vânia Vieira, directora de prevención de la corrupción del CGU - organo responsable de la implementación de la ley a nivel federal -durante una conferencia el último día del 7º Congreso Internacional de Periodismo Investigativo, celebrado en São Paulo. Sin embargo, si el ejecutivo considera que ese balance es positivo, lo mismo no puede decirse de los gobiernos estatales y municipales. Durante esos mismos dos meses de implementación de la ley, solamente 10 estados brasileños la reglamentaron, dijo Fabiano Angélico, consultor del CGU e investigador de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), al diario O Globo. Esto significa que menos de la mitad de los estados brasileños tienen sus propios decretos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.
Vieira participó en la mesa sobre la Ley de Acceso, junto con el periodista Fernando Rodrigues, de Folha de São Paulo y del Foro del Derecho de Acceso a la Información Pública, y el analista político Guillermo Canela, asesor de comunicación e información de la UNESCO para el Mercosur y Chile.
Según la CGU, las agencias federales que más recibieron solicitudes fueron la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), que sumó el 11% de los registros, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), con un 7% y el Banco Central de Brasil, con el 4.5% de las solicitudes.
De acuerdo con la CGU, el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes fue de 9.5 días, mientras que el plazo máximo establecido por ley es de 20 días, prorrogables por otros 10 más. El principal motivo para la negación de las solicitudes, 1.404 (9.5% del total), fue porque se trataban de datos personales. Vieira consideró baja la cantidad de solicitudes rechazadas por estar relacionados con documentos secretos: unas 140 del total de respuestas negativas, lo que equivale a casi un 1%. "En el ámbito del poder ejecutivo federal, la aplicación de la ley parece estar funcionando. Podemos decir que el vaso está medio lleno", afirmó.
Lo Privado y lo público
Incluso los datos del gobierno federal que parecen positivos, deben ser analizados con cuidado, dijo el periodista Fernando Gallo, del diario Estado de São Paulo. Para Gallo, el hecho de que la mayoría de las solicitudes hayan sido respondidas positivamente, no significa que los usuarios recibieron la información solicitada. "Yo mismo obtuve un montón de documentos que no responden a lo que yo estaba preguntando", dice el periodista.
En cuanto al periodista Fernando Rodrigues, quien participó en la mesa de Abraji, al igual que Vieira, "en parte, el vaso está medio vacío". Para él, es preciso mirar con cuidado el denominado éxito de la implementación de la ley, ya que todavía existen varios problemas que no han sido manejados por el gobierno. "El éxito de la ley depende en gran medida de la modernización del concepto de información pública, por ejemplo", sostuvo el periodista. "Si una empresa privada destruye una montaña para extraer un mineral, la información que ella utilizó para ese proyecto debe ser pública. Esa discusión sobre, esa zona gris, de qué es lo privado y qué es lo público, es larga, difícil y fundamental".
A la crítica de Rodrigues, Vieira respondió que los casos complejos, como la inversión de las empresas, patrocinios, ONGs, etc. probablemente serán discutidos por el poder judicial. "No es común establecer un límite al punto de que una información sea considerada pública o no". explicó la procuradora. "En el gobierno, el principio que debe inspirar cualquier interpretación es la Ley".
El politólogo Guillermo Canela, a su vez, afirmó que en la discusión de la definición de lo público y lo privado, la ausencia de un órgano regulador independiente para la Ley de Acceso a la Información es un problema. "Es preciso que haya personas dedicadas exclusivamente a estos grandes interrogantes, que son muy diferentes de los problemas cotidianos de la implementación de la ley", argumentó Canela. "A nivel internacional, estos casos han sido resueltos con mayor rapidez cuando hay un organismo dedicado a su discusión, como un consejo o un comisionado de información - como es el caso de Inglaterra". Para Canela, entender cómo piensan otros países, y pensar en esos temas es importante para el perfeccionamiento del acceso a la información pública en Brasil.
En lo que no hay desacuerdos es en el hecho de la reglamentación de la Ley, ya que se trata de una victoria irrevocable de todos los ciudadanos. Los desafíos son ahora el perfeccionamiento de su implementación - y el análisis detallado de los datos ofrecidos por el gobierno. ¿Cómo y cuando todos los estados y municipios pondrán la ley en práctica?, ¿cómo definir lo que es público y lo que es privado?, ¿cómo difundir la cultura de que cualquier persona puede - y debe - tener acceso a los datos del gobierno?, ¿cómo gestionar toda la información y los documentos producidos todos los días en los organismos públicos?. Todavía no hay respuestas definitivas, pero la discusión y la sensibilización de la población sobre estos temas, sin duda, son pasos importantes.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
