Por Alejandro Martínez
Las denuncias que el periodista colombiano Manuel José Martínez Espinosa solía hacer a través de su programa comunitario en Radio Súper, en la ciudad de Popayán, Cauca, resultaron mortales. Por ellas fue asesinado el 28 de septiembre de 1993 frente a su casa mientras su esposa le abría la puerta del garaje.
De acuerdo a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 1997 el caso resultó en una sentencia condenatoria y otra que obligó al Estado colombiano a indemnizar a la familia del periodista.
Sin embargo, nunca hubo cargos criminales en contra de un coronel del Ejército colombiano que, según la FLIP, participó en el plan para asesinar a Martínez Espinosa. Los autores intelectuales del crimen no fueron responsabilizados – y nunca lo serán.
Esto es porque el plazo para resolver el homicidio del periodista concluyó sin más avances el sábado pasado, dos décadas exactas desde que se cometió el crimen, condenando así al caso a la impunidad.
En Colombia, los crímenes contra periodistas cometidos antes del año 2000 tienen un plazo de prescripción de acciones penales de 20 años. Los casos que no se resuelvan en ese tiempo son cerrados permanentemente.
El caso de Martínez Espinosa es el más reciente en prescribir en 2013. Según Reporteros Sin Fronteras, los homicidios de los periodistas Gerardo Didier Gómez, Carlos Lajud Catalán y Nelson de la Rosa Toscazo prescribieron en febrero, marzo y agosto de este año, respectivamente.
“Si el día de mañana encontrarán a los responsables no podrían responsabilizarlos”, dijo Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, en entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “La prescripción es el fracaso de la justicia de alguna manera. Aun si quisieran no podrían castigarlos”.
De no cambiar nada, los siguientes casos en prescribir serán los de los periodistas Eugenio Orejuela Micolta, asesinado el 18 de noviembre de 1993, y Danilo Alfonso Baquero Sarmiento, asesinado el 26 de diciembre de 1993.
Pero para Vaca, el problema no es la figura de la prescripción -- una herramienta jurídica común en otros lugares del mundo que busca proteger los derechos de los procesados -- sino el abismo administrativo en el que se pierden los expedientes y el estancamiento absoluto de las investigaciones.
“Sabemos que transcriben porque pasa el tiempo pero en diálogos con la Fiscalía, no fue capaz de ubicar los expedientes", dijo Vaca. "Es un problema muy tenaz. Las autoridades colombianas no controlan la información en su totalidad, dónde se encuentra la investigación, dónde el expediente, a cargo de cuál funcionario”.
La FLIP, junto a otras organizaciones, han buscado presionar a la Fiscalía General de la Nación, solicitando la ubicación de todos los expedientes, la reactivación de los casos que no hayan prescrito, y tomar las medidas necesarias para que no prescriban más casos.
La Fiscalía no respondió a una solicitud de entrevista sobre el tema.
La FLIP ha registrado 140 casos de asesinatos de periodistas entre 1977 y 2012, de los cuales ya han prescrito más de 60. Datos proporcionados por la Fiscalía distan notablemente de las cifras de la FLIP, registrando solo 40 homicidios de periodistas desde diciembre de 1986, de los cuales resultaron 29 sentencias condenatorias y nueve extinguieron por prescripción. La Fiscalía no respondió a una solicitud de aclaración.
Vaca dijo que el grupo de casos que han prescrito recientemente o están por prescribir pertenecen a uno de los dos periodos de extrema violencia contra periodistas en Colombia: a finales de los ochentas y principios de los noventas, y a finales de los noventas y principios de la década del 2000.
Identificar estos periodos ha ayudado a reclasificar algunos de los casos de periodistas como crímenes de lesa humanidad, lo cual ha ayudado a prevenir que estos casos prescriban y a atraer mayor atención al caso.
Para ser clasificado de lesa humanidad, un crimen debe ser parte de una serie de agresiones sistemáticas o generalizadas contra un grupo o población. Casos de crímenes contra periodistas, como los de Guillermo Cano y Eustorgio Colmenares Baptista, han sido reclasificados exitosamente de lesa humanidad en el marco de los ataques sistemáticos de grupos criminales en contra de los profesionales de la prensa.
Sin embargo, Vaca advierte que reclasificar los casos de periodista no puede ser considerado una solución al problema de inoperancia y la falta de investigación por parte de las autoridades.
“Hay casos que la Fiscalía a nivel nacional no conoce”, dijo. “El problema es que tienen un problema que los supera”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
