En el año previo a las elecciones presidenciales de Nicaragua que tienen lugar este 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega implementó limitaciones cada vez más estrictas a la libertad de prensa, una movida que, según los críticos, es parte de una campaña de varios años para silenciar a la oposición política de Ortega.
Tribute to those killed during citizen protests in Nicaragua in April 2018. (Photo: Jorge Mejía Peralta/CC BY 2.0)
“Es una situación muy, muy grave la que estamos atravesando en Nicaragua”, dijo la periodista nicaragüense Cindy Regidor en una sesión informativa sobre el país centroamericano y la situación de la prensa realizada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Prensa Extranjera. “En este momento, nuestros colegas ya no están escribiendo sus nombres en sus artículos, [se publican] sin firma, porque eso también representa una amenaza teniendo en cuenta que decenas de nosotros hemos sido interrogados por la fiscalía como una forma de intimidarnos”.
La libertad de prensa en Nicaragua se ha visto más amenazada desde 2018, cuando la propuesta de recortes a la seguridad social llevaron a una serie de protestas pidiendo la renuncia del presidente. El régimen sandinista de Ortega respondió desplegando fuerzas paramilitares contra sus ciudadanos, un acto de violenta represión que dejó cientos de nicaragüenses muertos. Los periodistas que cubrían las protestas fueron señalados por el gobierno y sometidos a hostigamiento físico y en línea, vigilancia, redadas en medios de comunicación y, en algunos casos, encarcelamiento.
En la noche del 21 de abril, el caso más grave contra un periodista ocurrió cuando Ángel Gahona recibió un disparo en Bluefields durante una transmisión en Facebook Live y murió. Él estaba cubriendo un enfrentamiento entre la policía antidisturbios y los manifestantes.
En los tres años siguientes, el gobierno de Nicaragua implementó varias medidas adicionales para desalentar al periodismo independiente.
La policía allanó y ocupó la sede de la revista Confidencial en diciembre de 2018, y luego tomó sus nuevas oficinas editoriales por segunda vez en mayo de 2021. Las instalaciones de producción del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias también fueron allanadas y tomadas en diciembre de 2018.
Durante estos años, decenas de periodistas nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse.
En octubre de 2020, los líderes del partido sandinista aprobaron una ley de delitos informáticos, conocida como “ley mordaza”. La legislación sanciona la publicación de información falsa con multas y hasta cuatro años de prisión. La ley no especifica pautas para lo que califica como información falsa, dejando ese veredicto a la discreción del poder judicial.
Ese mismo mes, la Asamblea Nacional del país aprobó la controvertida “Ley de Agentes Extranjeros”, que exige que todos los nicaragüenses que trabajen para “gobiernos, fundaciones, empresas, sociedades o asociaciones extranjeras” se registren ante el Ministerio de Gobernación del país. Esto incluye a los periodistas que trabajan con organizaciones extranjeras o que reciban financiación internacional, y corresponsales extranjeros radicados en Nicaragua.
“Inmediatamente para nosotros sonaron las alarmas”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, durante la sesión informativa de la organización. “Si estás recibiendo financiación de cualquier entidad fuera de Nicaragua, debes registrarte como agente extranjero. Alguien como Ortega verá una ley como esta utilizada con éxito para aumentar la censura y limitar la expresión”.
La organización de libertad de prensa Fundación Violeta Barrios de Chamorro dejó de operar luego de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, pero aún era blanco del régimen de Ortega. La exdirectora de la fundación y potencial candidata presidencial, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario a principios de junio y acusada de lavado de dinero y gestión abusiva de la fundación.
Chamorro no fue la única en la mira de los investigadores del gobierno.
María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión en Managua, fue llamada a declarar sin previo aviso en relación con la investigación en contra de Chamorro. Cuando llegó para dar testimonio – el 12º periodista convocado en menos de un mes—, funcionarios de la fiscalía dijeron que su abogado no podía acompañarla en la entrevista.
“Les dijimos que íbamos a pasar cada uno por separado pero con nuestros abogados. Pero una vez estando allí se nos insistió y se nos insistió que el abogado no podía estar ahí porque estábamos en calidad de testigos, y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí entonces la fiscalía – basándose en el marco jurídico del país – tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados”, dijo Delgado en su momento al salir de la entidad.
Parte de la portada impresa del diario La Prensa de Nicaragua del 12 de agosto de 2021. (Captura de pantalla)
En agosto de 2021, el periódico La Prensa, el único diario impreso nacional que queda en Nicaragua, anunció que se volvería completamente digital, debido a que el gobierno retuvo sus suministros de impresión. Al día siguiente, la policía sandinista allanó su sede.
La ausencia de medios impresos y la censura de los canales de televisión tiene un impacto significativo en la disponibilidad de noticias en Nicaragua: menos del 30 por ciento del país tiene acceso a internet.
“Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Vengo de un barrio de bajos ingresos y era el único en todo el barrio, en las cinco cuadras de mi barrio, que tenía acceso a internet en casa”, dijo el periodista nicaragüense Yamlek Mojica en la sesión informativa del CPJ. “Entonces, la gente no tiene por dónde informarse. Hay muy pocas opciones para que los nicaragüenses sepan lo que está sucediendo en Nicaragua si eres pobre, y mucha gente es pobre en Nicaragua”.
En agosto, la policía detuvo al editor de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, acusado de presunto defraudación aduanera y lavado de dinero. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial e hijo de una expresidenta que derrotó a Ortega en 1990, también fue acusado de lavado de dinero menos de dos semanas después de Holmann.
“Dicen que esto se debe a que están investigando un supuesto caso de lavado de activos, pero en realidad los interrogatorios tienen que ver con quiénes son nuestras fuentes, cómo trabajamos, cómo decidimos cómo cubrir los temas en Nicaragua, si la CIA nos paga”, dijo Regidor, quien reporta para Confidencial.
Los periodistas extranjeros también se han enfrentado a barricadas en Nicaragua en los meses previos a las elecciones presidenciales. En junio, a un reportero del New York Times no se le permitió ingresar al país, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales y de salud para ingresar. Lo mismo le sucedió al periodista francés Frédéric Saliba de Le Monde en octubre. Se le informó que su boleto de avión había sido cancelado por la aerolínea un día antes de su vuelo, por “razones migratorias”, según el diario francés. El 28 de octubre, Confidencial informó que un equipo del diario hondureño El Heraldo fue expulsado del país luego de ingresar por un puesto de control fronterizo.
Ortega se ha enfrentado a la condena internacional, especialmente de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, debido a la represión de su régimen contra periodistas y medios independientes. El gobierno nicaragüense refuta las acusaciones de represión mediática, alegando en cambio que está protegiendo a sus ciudadanos de las noticias falsas. La vicepresidenta, primera dama y portavoz del gobierno de Ortega, Rosario Murillo, calificó a los periodistas de “malignos” y “terroristas de la comunicación”, en una entrevista con los medios estatales nicaragüenses en junio de 2021.
Nicaraguan Vice President Rosario Murillo and President Daniel Ortega (總統府, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons)
“Las urracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar el terror en la gente”, dijo Murillo. “Si no es una cosa, es otra, siempre están instalando, queriendo instalar temor y nuestro pueblo sabe cómo mienten, cómo son de malignos, hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas y terroristas de la comunicación también”.
Recién el 1 de noviembre, Meta de Facebook anunció que el gobierno de Nicaragua ha estado dirigiendo una bodega de trolls desde 2018 para difundir desinformación, difamar a la oposición y elogiar al gobierno, como informó el Financial Times. Para el mes de octubre, dijo que eliminó alrededor de 1.500 cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram.
Antes de las próximas elecciones, el CPJ publicó una lista de ocho amenazas a la libertad de prensa a las que se debe prestar atención, que incluyen encarcelamiento, allanamientos a salas de redacción, hostigamiento y vigilancia policial, hostigamiento judicial, hostigamiento administrativo, autocensura, exilio y disminución del acceso a la información pública.
A pesar de la continua represión del gobierno, muchos periodistas nicaragüenses no dan marcha atrás en informar sobre las próximas elecciones.
“Incluso las personas que se han trasladado a otros lugares están creando pequeños proyectos que les permiten seguir informando sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. […] Existe un compromiso realmente profundo de seguir contando las historias de lo que está sucediendo en Nicaragua incluso desde más allá de las fronteras”, dijo Southwick.
“Va a ser muy difícil para [los periodistas] cubrir el proceso de votación el 7 de noviembre, pero creo que a pesar de todos esos riesgos, todavía lo vamos a hacer”, dijo Regidor. “Simplemente vamos a ser muy cautelosos”.
Glorie Martínez, la autora de este artículo, es estudiante de la Universidad de Texas en Austin. Realizó este artículo como parte de su clase "Reportando América Latina".
