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Investigaciones penales contra periodistas: la fortalecida estrategia del gobierno de Nicaragua para perseguir a la prensa

En una de las acciones más agresivas en contra de la prensa independiente de Nicaragua, el Ministerio Público del país ha vinculado en calidad de investigados o testigos en un caso de presunto lavado de dinero a al menos 16 periodistas del país.

Uno de los casos más graves es el de la corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado. La periodista pasó de “testigo” a “investigada” en tres días, y según el más reciente comunicado del Ministerio Público de Nicaragua la periodista tiene prohibido salir del país, así como asistir a ciertas reuniones y lugares, y hablar con otras personas vinculadas al caso. También se conoció que sus cuentas bancarias fueron congeladas.

Periodista María Lilly Delgado Tavera. (Foto: Erika Rich/ Centro Knight)

Periodista María Lilly Delgado Tavera. (Foto: Erika Rich/ Centro Knight)

La situación comenzó el 21 de mayo cuando el Ministerio Público citó a Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro – una ONG que promueve la libertad de prensa y el periodismo independiente en el país – en calidad de investigada por el presunto delito de lavado de dinero. La citación se hizo luego de que el Ministerio de Gobernación (Migob) presentara la denuncia ante el ente investigador.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro anunció su cese de operaciones el 5 de febrero de 2021 debido a que no se sometería a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea en octubre de 2020. La ley tiene por objetivo controlar los recursos externos que reciben personas y organizaciones civiles de fuentes internacionales.

La acusación en contra de Chamorro, quien podría ser una candidata en las próximas elecciones presidenciales, se hace usando la Ley de Agentes Extranjeros. La vinculación de los periodistas a la investigación tiene que ver con el apoyo financiero o de otro tipo que la Fundación en algún momento prestó a medios o proyectos periodísticos.

Entre los primeros periodistas en ser citados “para entrevistas como testigos” precisamente se encontraba Delgado. Junto a ella fueron citados María Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, quienes trabajaron en la Fundación. “Estas personas en todo momento se negaron a colaborar”, señaló el comunicado del Ministerio Público del 26 de mayo. Sin embargo, en declaraciones dadas ese día los periodistas denunciaron que no les permitieron estar con sus abogados y por tal motivo se habían negado a declarar.

Los periodistas denunciaron que el ente investigador los había amenazado con vincularlos al caso como investigados por esta actitud. En efecto, en un comunicado del 28 de mayo, el Ministerio Público dio a conocer que tanto Delgado, Arróliga y Medrano habían sido llamados de nuevo a declarar, pero esta vez en calidad de “investigados”.

En el más reciente comunicado, del 1 de junio, el Ministerio Público anunció que había pedido “medidas precautelares de retención migratoria (para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra)” así como otras prohibiciones, entre ellas comunicarse con personas vinculadas en el caso para Delgado, Arróliga, Medrano y Cristiana Chamorro. A Chamorro la inhabilitó a ejercer cargos públicos.

Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. (Inter-American Dialogue)

Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. (Inter-American Dialogue)

Este 2 de junio, la vivienda de Chamorro fue allanada y fue ordenada su detención. Algunos periodistas en el lugar han informado que la policía los retuvo y les obligó a irse del lugar. “No quieren que se grabe el allanamiento y captura de [Cristiana Chamorro]. De nuevo, hay presencia paramilitar identificando reporteros y reportan a los oficiales”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Wilfredo Miranda.

Según la revista Confidencial, Delgado el pasado 28 de mayo y antes de tener prohibido hablar del tema, dijo a los periodistas que una fiscal le explicó que era investigada por su “vinculación” con el presunto “mal manejo con los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”.

“Yo quiero decir esto claramente: yo no tengo acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, yo no soy trabajadora ni staff de la Fundación. Por ende, no sé de qué mal manejo que habla la Fiscalía me está señalando. No puedo conocer el manejo de los fondos de la Fundación si yo no trabajo en la Fundación”, dijo Delgado, de acuerdo con Confidencial.

Delgado también explicó que su único vínculo con la Fundación había sido a través capacitaciones dadas a otros periodistas en busca de profesionalizar al gremio.

Aunque estos casos son los que han acaparado mayor atención debido a la gravedad de las acusaciones, no son los únicos periodistas en ser llamados.

Algunos de los nombres que han sido dados a conocer tanto por el Ministerio Público como por otros medios incluyen a Fabio Gadea (89 años), dueño de la popular emisora La Corporación y también excandidato a la Presidencia; Verónica Chávez, copropietaria del canal 100 % Noticias; Paula Smith Ruíz, representante de la radio La Costeñísima; Roberto Mora Cárcamo, de Radio ABC estéreo Estelí; Aníbal Toruño Jirón, director de Radio Darío-León; y Patricia Orozco, exdirectora del programa radial Onda Local.

Confidencial informó que el 28 de mayo también fueron citados la periodista Amparo Aguilera, el fotorreportero Carlos Herrera, del medio Divergentes, y la periodista de La Lupa, Rosa María Blandón.

Rechazo internacional y llamado a proteger a la prensa

La situación no ha pasado desapercibida y ha sido señalada por periodistas y por organizaciones de libertad de prensa como una nueva estrategia del gobierno de Ortega para censurar, amedrentar y perseguir a periodistas considerados críticos de su administración, así como a opositores políticos.

“Desde nuestra perspectiva es parte de la profundización del autoritarismo construido desde el gobierno actual el cual quiere perpetuar su proyecto político en el poder mediante la criminalización, persecución y silenciamiento de la disidencia, y en particular, de la prensa en Nicaragua”, dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, a LatAm Journalism Review (LJR).

“La comunidad internacional debe mantener la mirada sobre la situación de Nicaragua, no normalizar lo que está sucediendo y seguir denunciando el estado de cosas antidemocráticas que están imponiéndose”, agregó Maldonado.

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escribió en su cuenta de Twitter: “Es aterrador advertir que no hay un solo poder del Estado que esté por fuera del sofisticado dispositivo de censura que se ha activado en [Nicaragua]. Las citaciones ‘express’ a periodistas por parte de la Fiscalía son el más reciente método para intimidar y asfixiar el debate público”.

“Es un año crucial para Nicaragua, en el que la pluralidad de ideas está llamada a brillar, en el que hace mucho daño forzar a que la ciudadanía vea su entorno de un solo color y en la tonalidad oficial”, continuó Vaca. “En ese panorama restrictivo, hay que proteger a la prensa independiente”.

En un comunicado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló que “las autoridades nicaragüenses deben abstenerse de comenzar una investigación penal por la labor de la periodista María Lilly Delgado y de cualquier otro comunicador social”.

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