Por Sara Mendiola*
Este es el cuarto reportaje de una serie sobre la investigación y la persecución de los casos de violencia contra los periodistas en América Latina.**
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada cuando salía de su casa en la ciudad de Chihuahua, en el norte de México.
Breach era reportera del Diario Norte de Ciudad Juárez y corresponsal del periódico La Jornada de la Ciudad de México. En los meses previos a su asesinato, había publicado varios reportajes sobre vínculos entre autoridades locales y grupos del narcotráfico y era de las pocas periodistas que documentaban el desplazamiento de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara por la penetración de grupos criminales.
Su cuerpo recibió ocho disparos de una pistola calibre 38. Los antecedentes de su trabajo, particularmente sus revelaciones sobre grupos criminales que operan en el estado de Chihuahua, indicaban que su labor periodística debía ser al menos una hipótesis en el móvil del crimen. Las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Chihuahua así lo apuntaban, pues las primeras declaraciones de autoridades locales apuntaron a que se trataba de un crimen de “narcopolítica”.
Pero meses después, la Fiscalía local cambió de tono y descartó la participación de actores políticos o funcionarios y la apuntó solamente a un grupo criminal, de acuerdo con los expedientes de caso obtenidos por Propuesta Cívica, una organización dedicada a la defensa legal de periodistas, como parte de su asesoría legal a la familia de la periodista.
Los investigadores locales cayeron en una contradicción sobre sus versiones, pero cualquiera de las dos versiones apuntaba al trabajo periodístico. Aun así, la institución especializada que el Estado mexicano creó para perseguir ataques contra periodistas no consideró necesario atraer el caso a la Federación.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) fue creada en 2010 como respuesta al aumento de ataques, particularmente asesinatos, contra periodistas.
Un mural en Culiacán, México, recuerda el asesinato del periodista Javier Valdez, cofundador del semanario local RioDoce. (Foto: Cortesía del periódico Noroeste)
Al radicar en la entonces Procuraduría General de la República, el objetivo era blindar las investigaciones de crímenes contra periodistas de las autoridades locales que en muchas ocasiones son cómplices.
La Feadle había sido creada precisamente para evitar que fiscalías estatales cayeran en contradicciones como las que la Fiscalía de Chihuahua exhibió en el caso de Miroslava Breach. También para evitar la opacidad que siguió, pues en los 10 meses posteriores al crimen, la Fiscalía local negó el acceso a la investigación a la familia de la periodista, argumentando que no eran víctimas indirectas del crimen.
Pero las continuas peticiones a la Feadle para que atrajera el caso y tomara control de la investigación fueron ignoradas pese al contexto del crimen.
La tumba de la periodista Miroslava Breach en la ciudad de Chihuahua constantemente tiene flores y una pancarta en contra de la impunidad en los crímenes hacia periodistas. (Foto: Cortesía Red de Periodistas de Juárez)
La familia de Breach Velducea tuvo que acudir a un juez federal para que éste ordenara a la Fiscalía local reconocer a los familiares como víctimas indirectas, pues esto permitiría el acceso a la investigación y a participar en el proceso. Aun así, la Fiscalía de Chihuahua se negó a cumplir la orden judicial. Tuvo que pasar un año del homicidio para que la Feadle decidiera atraer todo el caso.
Una vez, la investigación en manos de la Federación, se logró la primera sentencia contra uno de los responsables materiales, y la hipótesis del móvil del crimen se confirmó, Breach había sido asesinada por sus investigaciones. Esto fue evidenciado en el juicio contra Juan Carlos Moreno Ochoa, el primer detenido por el crimen.
Moreno fue detenido en diciembre de 2017, nueves meses después del asesinato, y señalado como autor intelectual del crimen. Su juicio inició en marzo de 2018, y ahí diversos testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del Gobierno local en el crimen.
Además, el Juez Federal Néstor Pedraza Sotelo asentó en su sentencia condenatoria que en el juicio se comprobó que Breach fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas.
Tuvieron que pasar dos años para la siguiente detención. El 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía Especial logró el arresto de Hugo Amed Schultz, por su probable participación como auxiliador en el homicidio. Schultz fue alcalde de Chinipas, municipio de la Sierra Tarahumara, donde Breach había investigado la presencia de cárteles del narcotráfico.
El 15 de junio de 2021, el exalcalde aceptó los hechos de la acusación y su responsabilidad penal y fue condenado a ocho años de prisión.
La historia
México fue uno de los primeros países en haber creado una fiscalía especial para investigar crímenes contra periodistas. La primera versión de la Feadle, fue la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en febrero de 2006.
Uno de los problemas iniciales que tuvo esta nueva Fiscalía fue que el acuerdo que la creó no establecía una definición de periodista ni una metodología para determinar qué se consideraba como “ejercicio profesional” para establecerlo como móvil de un ataque. Esto permitió a la Fiscalía establecer una definición estrecha y declararse incompetente para investigar la mayoría de los crímenes antes de establecer si realmente había conexión con el trabajo periodístico.
Otro problema fue que la FEADP estaba limitada a delitos federales y a delitos cuya pena fuera prisión, por lo que dejaba fuera de su competencia las amenazas o agresiones.
La FEADP duró apenas cuatro años y para 2010 era evidente que no había funcionado. En los cuatro años antes de la creación de esta Fiscalía, 10 periodistas fueron asesinados. En los cuatro años siguientes, fueron 32.
Para 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, hablaba sobre los nulos resultados de la Fiscalía.
“Dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas, toda vez que, de acuerdo a la información suministrada al momento de la visita, desde su creación en 2006 no había logrado la sanción penal de un solo responsable, y sólo había consignado cuatro casos”, dice el Informe en su punto 199.
En ese Informe la Relatoría reconocía ya la transformación de la FEADP en la Feadle, que fue creada en agosto de 2010.
Sin embargo, la nueva Fiscalía mantuvo las ambigüedades respecto a la definición de “periodista” o “actividad periodística” para justificar su intervención. Esto provocó un aumento en las declaratorias de incompetencia, el recurso de la Fiscalía para no intervenir en un caso. Y aunque la ley da a las víctimas o sus familiares el recurso de combatir la declaración de incompetencia ante un juzgado, la resolución de un juez puede tardar de seis meses a un año, lo que afecta las investigaciones, especialmente la recolección de evidencias.
Casos de éxito y fracaso
El caso de Miroslava Breach ha sido considerado como un logro de la Feadle, junto con las detenciones y sentencias obtenidas por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa el 15 de mayo de 2017, menos de dos meses después del asesinato de Breach.
Pero ambos casos son excepcionales por la forma en que la Feadle atrajo la investigación después de presiones de grupos de periodistas, organizaciones civiles y organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión.
El caso de Javier Valdez fue inusitado pues el mismo día de su asesinato, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Feadle atraería el caso. Peña Nieto reaccionó así a la condena por el crimen contra uno de los periodistas mexicanos más galardonados en el extranjero, reconocido por sus coberturas del crimen organizado.
El caso de Javier Valdez fue el único que ameritó tal intervención del presidente mexicano. Peña Nieto no lo hizo con los 31 homicidios de periodistas ocurridos antes del 15 de mayo de 2017 ni con los 15 que siguieron hasta el 30 de noviembre de 2018 que dejó el gobierno.
Un memorial en Culiacán, México, lamenta la muerte del periodista Javier Valdez después de su asesinato en mayo de 2017. (Foto: Cortesía del periódico Noroeste)
Aun con la extraordinaria intervención del presidente, la investigación del caso de Valdez tardó en dar resultados. Dos años después del crimen, los Relatores para Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH cuestionaban la lentitud de las investigaciones.
Son varios los casos que muestran la forma en que la Feadle ignora los ataques a periodistas, incluyendo los homicidios. Un par de muestras es el asesinato de Armando Saldaña Morales y el intento de asesinato del que fue víctima Indalecio Benítez Mondragón.
En noviembre de 2013, Indalecio Benítez fundó la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en el municipio de Luvianos, estado de México. Esta es la llamada zona de “Tierra Caliente”, cerca de los límites del estado de Guerrero, una región con fuerte presencia de cárteles del narcotráfico, que controlan desde la siembra de amapola hasta la extorsión de negocios. Menos de un año después de fundar la estación de radio, el 1 de agosto de 2014, Benítez y su familia fueron agredidos al llegar a su casa por varios hombres armados, que dispararon contra el automóvil en que viajaban. Uno de los hijos de Benítez, de 12 años de edad, murió por los disparos.
Benítez presentó una denuncia ante la Feadle, que inició la investigación, pero más de dos años después, la Fiscalía determinó que no existía indicio que permitiera vincular la tentativa de homicidio del que fue víctima con su actividad periodística, por lo que declinó tomar el caso y lo envió a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Una evaluación de Propuesta Cívica encontró que las acciones de la Feadle no tuvieron como finalidad la identificación de los responsables, ni establecer el vínculo con su actividad periodística. Por lo anterior, en 2017 Benítez y Propuesta Cívica presentaron un amparo para que se restableciera la competencia de la Feadle. Un juez federal consideró que la Fiscalía Especial no realizó las acciones necesarias para establecer el vínculo del crimen con el trabajo periodístico de Benítez y le ordenó retomar el caso, que nunca se resolvió.
Hay otros casos en donde la Feadle ni siquiera interviene.
Dos años después, en la misma zona de Tierra Caliente, cerca de donde fue atacada la familia de Benítez, otro reportero fue asesinado. Nevith Cortés Jaramillo trabajaba en un portal de noticias que publicaba denuncias ciudadanas. El 24 de agosto de 2019 fue asesinado a puñaladas y el crimen aún está impune.
En la zona de Tierra Blanca, en los límites de Veracruz y Oaxaca, Armando Saldaña Morales trabajaba en radio y periódicos. Era locutor de las estaciones KeBuena y Radio Max y colaborador de diarios como El Mundo de Córdoba y la Crónica de Tierra Blanca.
El 2 de mayo de 2015 fue secuestrado cuando salía de su oficina en el municipio de Acatlán, en el estado de Oaxaca. Dos días después su cuerpo fue encontrado con cuatro disparos de arma de fuego y signos de tortura.
Entre los temas que Saldaña investigaba al momento de su muerte era el de la ordeña ilegal de ductos de combustible de la empresa Petróleos Mexicanos, una actividad controlada por el crimen organizado.
La investigación original fue asumida por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca por el delito de homicidio. Propuesta Cívica solicitó a la Feadle que ejerciera su facultad de atracción por el probable vínculo del homicidio con su labor periodística, pero el 10 de septiembre de 2015, sin haber analizado el caso ni hecho investigaciones sobre el trabajo de Saldaña, el entonces Fiscal Especial Ricardo Nájera Herrera, declaró que no atraería la investigación, de acuerdo con el seguimiento del caso que hizo Propuesta Cívica. A la fecha el caso sigue impune, los presuntos responsables continúan en libertad.
Facultad de atracción
La principal arma de la Feadle para investigar crímenes contra periodistas que entran en la esfera de autoridades estatales es la llamada “facultad de atracción”. La Constitución mexicana señala que autoridades federales pueden conocer delitos del ámbito local cuando estos tengan conexión con delitos federales o se trate “de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información”.
El Código Nacional de Procedimientos Penales presenta una serie de escenarios que ameritan la facultad de atracción por parte de la Fiscalía Federal, pero aun así la presenta como optativa y en caso de negarse, la única opción de la víctima es recurrir a un juez federal, lo que significa un proceso largo y complejo.
Una de las razones por las que se dio a la Feadle la facultad de atracción era la posible participación de funcionarios públicos estatales o municipales en el ataque contra un periodista. Quitar la investigación del ámbito estatal reducía el riesgo de impunidad. Pero si esta arma no se utiliza, las autoridades locales son las que están a cargo de las investigaciones y en la mayoría de los casos hay funcionarios involucrados.
Según el Informe Estadístico de la Feadle 2010-2021, obtenido por LJR, de las 312 personas contra las que la Feadle ha fincado acción penal, dos terceras partes (204) son servidores públicos, y de estos la gran mayoría (190) son de gobiernos estatales o municipales, incluyendo un gobernador y ocho alcaldes. 141 de ellos son policías.
Periodistas protestan en la sede de la Fiscalía General del estado de Chihuahua demandando justicia por el asesinato de la reportera Miroslava Breach. (Foto: Cortesía Red de Periodistas de Juárez)
En los últimos años se ha dado una aparente paradoja con la Fiscalía: ha sufrido recortes de presupuesto, que en 2022 fue de poco más de 14 millones de pesos, unos US 700 mil dólares, pero al mismo tiempo ha dado los mayores resultados de su historia.
El 85% de las condenas las ha obtenido en los últimos cuatro años, pero este número puede ser engañoso porque en realidad en toda su historia de 2010 a 2021, la Feadle sólo ha conseguido 28 condenas. Seis de ellas han sido por homicidios, apenas una pequeña fracción del total de asesinatos de periodistas en México entre 2010 y 2021, que es de 96. Es decir, apenas uno de cada 16 homicidios de periodistas ha terminado con el o los autores sentenciados.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), ha registrado el asesinato de 11 periodistas entre enero y junio de 2022. Sin embargo, sólo uno de esos casos, el de Heber López, asesinado el 12 de febrero en Oaxaca, ha sido atraído por la Feadle. En el resto de los casos, la Fiscalía ni siquiera había iniciado investigaciones para determinar si los crímenes están relacionados con la labor periodística de las víctimas.
LJR envió peticiones de entrevista al Fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo para que comentara sobre la labor de la Feadle, pero no hubo respuesta.
La violencia contra la prensa ha aumentado a partir del año 2000. La mayoría de esos periodistas asesinados o agredidos por razón de su ejercicio profesional, presentan dos patrones que ejemplifican la situación del país, explica Víctor Martínez Villa, abogado que ha acompañado casos ante la Feadle como coordinador del área legal de Propuesta Cívica.
“El primero consiste en que al momento de los hechos los periodistas asesinados o agredidos, en su mayoría investigan temas relacionados con narcotráfico, política, corrupción, violencia e inseguridad. El segundo, que los homicidios y agresiones a periodistas se encuentran en severa impunidad”, dijo Martínez a LJR.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que existe una “impunidad generalizada” respecto a los casos de violencia contra los periodistas, aún respecto a los hechos más graves como asesinatos y desapariciones.
Pero los intentos por crear fiscalías que combatan la impunidad en estos crímenes no han rendido frutos. La primera prueba (la FEADP creada en 2006) duró apenas cuatro años. Su reemplazo, la Feadle, ha durado más de una década, pero con resultados medianos.
Las sentencias obtenidas en el último periodo 2018-2021, son principalmente por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, amenazas, tortura, contra la administración de justicia y lesiones, de acuerdo con el Informe de Feadle 2010-2021.
Pero la Fiscalía se escuda en la figura de “declaratoria de incompetencia” para evadir las investigaciones, al determinar que no tiene facultades para intervenir, de acuerdo con Martínez. En 2014 se dio un incremento acelerado de averiguaciones previas, que coinciden con el mayor número de incompetencias declaradas, según el Informe de la Feadle de 2018. Entre esos años, de las 803 averiguaciones previas que conocía en ese momento, se declaró incompetente en 442, más de la mitad.
La Feadle se creó a la par del Mecanismo de Protección de Periodistas, creado en 2012, dos años después de que se cambió el modelo de la Fiscalía. Pero el Mecanismo también ha presentado deficiencias.
“Aquí radica el problema de la impunidad. Si la Feadle y las fiscalías estatales funcionaran de manera adecuada, no habría necesidad de tener un Mecanismo de Protección”, dice Martínez Villa.
*Sara Mendiola es directora de Propuesta Cívica, una organización dedicada a la defensa legal de periodistas con sede en la Ciudad de México.
**Este es el decimocuarto informe de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review está financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO.
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