Desde que el diario panameño La Prensa fue fundado en agosto de 1980, ha cubierto dictaduras, invasiones militares, recesiones económicas, crisis políticas y sociales de la historia de Panamá. Actualmente cubre los embates de la pandemia del nuevo coronavirus al tiempo que lucha en los tribunales con demandas por difamación por parte de expresidentes y políticos.
Presidente del directorio de La Prensa de Panamá, Diego Quijano, en la conferencia de prensa que ofreció el 5 de julio de 2020. (Foto: Difusión).
En un artículo editorial por sus 40 años, Diego Quijano, presidente de la Corporación La Prensa S.A. (Corprensa), señaló que las amenazas continúan. “No con las armas y varillas de los 80, sino con un guante judicial, a través de una batería de demandas millonarias por parte de expresidentes, exfuncionarios y figuras públicas”, escribió Quijano.
El mes de julio empezó para Corprensa con el congelamiento de sus cuentas. La jueza Lina Castro de León del Juzgado Decimoquinto del Circuito del Ramo Civil admitió el pedido de los abogados del expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), de congelar o secuestrar las cuentas bancarias y activos de Corprensa por un monto de US $1 millón 131 mil. Corprensa recibió un aviso el 4 de julio de que no podía hacer uso de sus cuentas bancarias.
Durante la conferencia de prensa que dio Corprensa el 5 de julio, Quijano dijo que la empresa enfrenta actualmente 12 demandas civiles y 22 demandas penales por parte de políticos y exfuncionarios, entre ellos, otro expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Estas multas e indemnizaciones alcanzarían un monto de US $84 millones, sostuvo el empresario durante la conferencia.
En una entrevista con LatAm Journalism Review sobre la demanda de Pérez Balladares, Quijano dijo que “la legislación panameña desafortunadamente no distingue entre reclamos por difamación y una deuda comercial o financiera, y permite este tipo de secuestros preventivos como una manera de asegurar al reclamante que tendrá todo o parte de su reclamo resguardado”.
Esta decisión judicial de secuestro fue una medida preventiva que dio inicio al juicio con base en una demanda civil por daños y perjuicios que el expresidente Pérez Balladares presentó contra la corporación periodística hace 8 años, en 2012, según publicó IDL-Reporteros. El expresidente pide en su demanda una reparación de US $5,5 millones por daño moral.
Pérez Balladares denunció a La Prensa luego de una serie de reportajes publicados entre 2009 y 2011 que revelarían presuntos vínculos del entorno cercano y familiares del expresidente con una empresa de salas de juego y de azar, cuyas concesiones para operar les fueron dadas durante su gobierno. Medios como La Estrella de Panamá y Panamá América también publicaron noticias al respecto, pero no fueron demandados por el expresidente.
Pérez Balladares dijo vía Twitter que “la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística” del diario, “y mucho menos a la libertad de prensa del país”. El expresidente también señaló que con esto solo está ejerciendo sus derechos constitucionales para defender sus derechos, los cuales considera que fueron violados por La Prensa.
Sin embargo, en su pedido de secuestro de bienes de Corprensa ante el juzgado, el expresidente habría solicitado se secuestren todos los equipos de producción y papel de prensa de La Prensa y Mi Diario, los periódicos de la corporación, publicó La Prensa. Pero la jueza a cargo decidió el secuestro de las cuentas bancarias y activos de la empresa, señaló el diario.
Especial de 40 aniversario de La Prensa de Panamá. (Captura de pantalla).
Corprensa ha presentado un recurso de reconsideración del “desproporcionado” secuestro ante el juzgado, según Quijano, pero aún no tienen respuesta. La corporación también presentó una fianza al juzgado por la misma cantidad del dinero secuestrado, la cual fue rechazada.
A finales de julio, la jueza que lleva el caso, levantó parcialmente el congelamiento, por tener las cuentas más dinero del que pedía la orden de secuestro original, publicó La Prensa. “Es positivo del lado práctico, porque pudimos hacer uso de más de US$ 300 mil que estuvieron congelados por casi un mes”, dijo Quijano a LJR.
No obstante, el secuestro “coloca presiones económicas en La Prensa, además de las ya existentes por la crisis producto de COVID-19, y de la crisis global de los medios de comunicación”, dijo Rita Vásquez, directora del diario La Prensa, a LJR.
Denuncias de este tipo, sostuvo Vásquez, dejan en estado de vulnerabilidad las operaciones de un medio de comunicación y afectan la libertad de expresión en Panamá y también el derecho a la información de los panameños. “La Prensa se enfrenta a figuras fuertemente cuestionadas, cuyo único interés es lograr que este periódico calle, y calle para siempre”.
Los directivos han logrado solventar de manera temporal los pagos de la corporación para que los periódicos continúen funcionando, dijo Vásquez, pero esto será insostenible en el tiempo si las cuentas permanecen congeladas por años mientras dure este proceso.
“Consideramos que el juzgado no está ponderando los efectos que esto tiene y, sobre todo, el precedente que establece para la democracia panameña”, expresó Quijano.
“Nos mantenemos en un estado de alarma porque cualquiera de las 34 demandas que enfrentamos pudiera utilizarse para pedir un secuestro”, dijo Quijano. “El sistema judicial y el código civil no nos protegen y cualquiera que quiera hacernos daño y pretenda silenciarnos tiene armas para hacerlo, armas que son legales aunque sean contrarias al derecho y motiven la autocensura”, concluyó.
