Ante la impunidad que impera alrededor de las denuncias de espionaje con el spyware Pegasus a periodistas y activistas en México, organizaciones no gubernamentales piden la intervención de mecanismos internacionales para obligar a las autoridades militares y civiles mexicanas a rendir cuentas sobre dichos casos.
Representantes de las ONGs Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC dijeron que a casi seis años de las primeras denuncias de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos en México, las investigaciones judiciales abiertas no se han dirigido a identificar a los autores intelectuales ni a investigar la responsabilidad de funcionarios públicos en esa vigilancia ilegal.
Por el contrario, las autoridades civiles y militares señaladas se han dedicado a dar evasivas y negar las evidencias de su participación en espionaje con Pegasus que organizaciones y medios de comunicación han logrado recabar.
“Ejército Espía” es una investigación de las organizaciones R3D, Artículo 19 y SocialTic en alianza con los medios periodísticos Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. (Foto: Captura de pantalla de ejercitoespia.r3d.mx)
“Ante el agotamiento de las propias instituciones del Estado que no están actuando con la debida diligencia es que razonablemente pedimos la intervención de mecanismos internacionales de investigación”, dijo Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, en una conferencia de prensa en Ciudad de México el 7 de marzo. “No lo estamos pidiendo en el vacío, no es una moda. Es algo que deriva de la impunidad sistemática y sistémica que padece este país”.
Las organizaciones no descartan llevar los casos de espionaje a periodistas y activistas ante autoridades en Estados Unidos, como lo hicieron empleados del medio digital salvadoreño El Faro, quienes iniciaron una demanda ante una corte estadounidense contra el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, tras haber sido espiados con el programa informático.
“Todas las avenidas internacionales están abiertas, desde los órganos internacionales de protección como estas demandas civiles en los Estados Unidos en contra de NSO Group”, dijo Luis Fernando García, director de R3D. “Creo que está más que demostrado que el Estado mexicano no es capaz de investigar y sancionar estas conductas, como el caso de [espionaje a periodistas en] 2017 demuestra: más de seis años y no hay avances significativos en la investigación respecto de la responsabilidad de funcionarios públicos”.
Las organizaciones se reunieron para develar avances de “Ejército Espía”, una investigación de R3D, Artículo 19, SocialTic y de los medios periodísticos Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicada en octubre de 2022, que muestra evidencia del espionaje con Pegasus al periodista Ricardo Raphael, a un periodista de Animal Político que permanece en el anonimato y al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos por parte del Ejército mexicano.
Entre los nuevos hallazgos de la investigación está que el espionaje a los periodistas y al activista se llevó a cabo desde una supuesta estructura secreta dentro del Ejército Mexicano: el Centro Militar de Inteligencia (CMI). También se reveló que las actividades de vigilancia se dieron con el conocimiento y aval del Secretario de la Defensa de la actual administración, Luis Crescencio Sandoval.
Lo anterior se encontró gracias a documentos oficiales que forman parte de la mega filtración del grupo de hackers Guacamaya, que se dio a conocer en septiembre de 2022, y a un trabajo de análisis forense por parte de las organizaciones autoras de “Ejército Espía” en alianza con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
En los últimos seis años, se han documentado al menos 16 casos de espionaje a periodistas a través de Pegasus, y al menos 11 casos de vigilancia a defensores de derechos humanos, dijo García. Solo una persona ha sido procesada por los casos denunciados en 2017. Se trata de un empleado de nivel bajo de una de las empresas intermediarias vinculadas a Pegasus, quien está en espera de juicio.
Pese a que la evidencia que mantiene a dicha persona vinculada a proceso judicial muestra que este participó en el espionaje a solicitud y para beneficio de altos funcionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la Fiscalía no ha investigado a ningún alto mando de las agencias involucradas.
“La [actual] Fiscalía General de la República lleva más tiempo con esa carpeta abierta que el Gobierno pasado sin que haya habido resultados en la misma”, dijo García. “Por eso desde que presentamos la denuncia en octubre de 2022 sobre los casos de Raymundo [Ramos], Ricardo Raphael y un periodista del del medio Animal Político, advertíamos sobre nuestro escepticismo de que la investigación avanzara. Desafortunadamente a más de cinco meses de presentada esa denuncia, la historia se repite. No solo la historia del espionaje, sino la historia de la impunidad”.
El director de R3D dijo que la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) información sobre sus supuestos contratos con Comercializadora Antsua, la empresa en México autorizada por NSO Group, para vender Pegasus. La dependencia militar ha respondido con evasivas o negado la existencia de esos contratos, pese a que documentos revelados en “Ejército Espía” prueban que dichos contratos sí existieron.
Luis Fernando García, de R3D (izq.); Raymundo Ramos (centro) y Leopoldo Maldonado, de Artículo 19 (der.) presentaron los nuevos hallazgos de "Ejército Espía" en Ciudad de México. (Foto: Captura de pantalla de YouTube)
Además de obstaculizar la investigación sobre los casos de espionaje, la Sedena también ha impedido el acceso a la información en este caso de interés público bajo la excusa de la seguridad nacional.
Cuando se le cuestionó sobre los hallazgos de “Ejército Espía” en octubre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espía a periodistas ni a activistas y pidió al Ejército transparentar el uso que han hecho del programa Pegasus. Sedena no solo bloqueó varias solicitudes de información al respecto al equipo de “Ejército Espía”, sino que negó la existencia de documentos que la vinculen con la empresa intermediaria de NSO Group.
Sin embargo, “Ejército Espía” encontró que Sedena informó a la Auditoría Superior de la Federación -el órgano fiscalizador del gobierno de México- que había celebrado contratos con Comercializadora Antsua en 2019 y que había pagado cerca de 140 millones de pesos (alrededor de 7.7 millones de dólares estadounidenses) por “licencias del servicio de monitoreo remoto”.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI) ordenó el 25 de enero de este año que Sedena buscara la información sobre los contratos con Comercializadora Antsua. Días después, la dependencia militar respondió que dicha información quedaba reservada por cinco años por estar relacionada con asuntos de “seguridad nacional”.
“Esperamos que el INAI determine que esa clasificación de reserva es ilegal, en tanto que se trata de información sobre acciones ilegales”, dijo García. “¿Cómo vas a reservar información sobre tus propios delitos? ¿Cómo va a ser superior el interés público de garantizarte impunidad frente al interés público de conocer los actos ilegales que está llevando a cabo el Ejército?”
El Ejército mexicano tuvo acceso a conversaciones privadas entre el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y al menos tres periodistas sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército ocurridas el 3 de julio de 2020.
Según se puede leer en documentos revelados en “Ejército Espía”, militares detallan a una autoridad superior las charlas que Ramos sostuvo con un periodista del periódico El Universal, con otro de la cadena Televisa y con uno más del diario El País entre julio y agosto de ese año. El documento indica que Ramos había compartido con los periodistas información y material audiovisual sobre la actuación del Ejército en las ejecuciones.
En entrevista con The New York Times, Ramos dijo que las comunicaciones interceptadas habían sido mensajes de texto y llamadas en plataformas encriptadas como Telegram. Según el equipo de “Ejército Espía”, la única forma en que el Ejército pudo haber interceptado esas conversaciones es mediante un spyware como Pegasus. Además, las charlas con periodistas sucedieron exactamente entre las fechas en que el análisis de Citizen Lab concluyó que el teléfono de Ramos estaba intervenido.
“Este espionaje no tiene límites. Este espionaje tiene recursos ilimitados para llevarse a cabo y lo más grave de esto es que no sabemos qué van a hacer con esa información ni a quién se la van a compartir”, dijo Ramos en la conferencia de prensa. “Lamento que cualquier periodista o familiares de víctimas se pongan en riesgo precisamente por un acto de espionaje”.
De acuerdo con las leyes mexicanas, el Ejército no está facultado para interceptar conversaciones privadas, indicó la investigación. Además, la Sedena está acostumbrada a no colaborar con las autoridades civiles de procuración de justicia, al ser una institución autónoma que no rinde cuentas, dijo Maldonado. Por ello los casos de espionaje a periodistas, activistas y opositores a manos del Ejército no avanzan en la justicia mexicana.
Uno de los periodistas mexicanos cuyo teléfono fue infectado por Pegasus fue Ricardo Raphael, columnista de The Washington Post y Milenio y presentador en ADN40. (Foto: Cortesía)
Ante ello, R3D, Artículo 19 y SocialTIC exigieron conjuntamente el cese inmediato del espionaje militar, que el Congreso mexicano haga valer la subordinación de las autoridades militares ante las autoridades civiles y el cese de la obstaculización de las investigaciones judiciales abiertas sobre espionaje, como las de Ramos, Raphael y el periodista de Animal Político.
“De lo que estamos seguros es que no son los únicos casos, que debe haber muchísimos casos más y que por eso es importantísimo que haya una apertura de los archivos de inteligencia militar y también de la civil, y no solo de este gobierno, también de los gobiernos anteriores”, dijo García. “Se requiere abrir esos archivos y poder darle verdad a todas las víctimas”.
Las organizaciones también exigieron a las autoridades las garantías de justicia, verdad y reparación del año a las víctimas de espionaje, así como la garantía de no repetición de estos casos. Asimismo, exigieron la regulación de la compra y venta de los programas tipo spyware.
“El espionaje en México no es una anécdota, no es algo normal y no es algo que podemos normalizar”, dijo Maldonado. “Esto es grave porque entraña por supuesto una violación al derecho a la privacidad, al derecho a la intimidad [...] pero también generan un efecto inhibitorio en la libertad de expresión”.
Foto del banner: Tomas Castelazo vía Wikimedia Commons, Nevarpp y Hailshadow vía Canva
