Acompañada de sus hijos, amigos y simpatizantes, Verónica Saráuz, esposa del periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, certificó ante la Unidad Judicial Civil de Quito el pago de US $ 47.306 por concepto de indemnización a favor de Rafael Correa.
El juicio que dio lugar al pago de reparación a Correa comenzó en 2011 cuando el presidente abrió un juicio contra Villavicencio, el exasambleista Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa, por injuria judicial. Los tres acusados denunciaron en ese entonces a Correa de haber cometido delitos de lesa humanidad, por supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, publicó Fundamedios.
Tanto Villavicencio, como Jiménez y Figueroa recibieron además una sentencia de 18 meses de prisión. Pero en agosto de 2014, un tribunal bajó la condena impuesta a 12 meses. Figueroa cumplió con su sentencia, pero Villavicencio y Jiménez se refugiaron en la Amazonia hasta que prescribió el tiempo de prisión, en marzo de 2015, informó El Comercio.
En consecuencia, el 17 de mayo de 2015, el juez Edwin Ceballos ratificó el pago de US $141.000 a Correa, repartida entre los tres acusados, publicó El Comercio.
Para que no sean embargados sus bienes, la familia de Villavicencio logró juntar el dinero a través de una campaña “Un dólar para Correa”, con la que lograron recaudar parte del dinero, completándolo con préstamos de amigos y familiares, según dijo Saráuz a ese medio.
Luego de efectuarse el pago de la indemnización el pasado jueves 26 de enero, el abogado del periodista, Julio César Sarango pidió a la justicia retiren las medidas cautelares en contra de su defendido, informó Notimundo.
Villavicencio se encuentra en la clandestinidad desde el 21 de diciembre, dijo Saráuz, desde que la sala del Tribunal Contencioso Tributario revocó el Hábeas Corpus que le fue concedido a fines de noviembre de 2016, por otro juicio informó El Universo.
La esposa del periodista también dijo al sitio Ecuador Transparente que vienen recibiendo una serie de amenazas contra su familia, por lo que hizo responsable a Correa de cualquier cosa que les pudiera suceder a ellos o a su esposo.
El 5 de enero de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno ecuatoriano le informe sobre el caso de Villavicencio, Jiménez y Figueroa, y las medidas cautelares que solicitó para ellos en marzo de 2014, las mismas que ratificó en agosto de 2016. El organismo le dio 20 días el gobierno ecuatoriano para que se pronuncie al respecto, informó El Comercio.
En su informe, la CIDH dijo que “la imposición de la condena penal privativa de la libertad en el presente asunto genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión”, publicó El Comercio.
Al respecto, El Telégrafo publicó que el gobierno de Correa lamentó y rechazó la postura de la CIDH, aduciendo que dicha instancia no tiene las competencias para dictar las medidas cautelares solicitadas por Villavicencio.
El periodista, y exsindicalista, junto a Jiménez enfrentan, además, un juicio desde 2013, por supuestamente haber hackeado los correos electrónicos de funcionarios públicos y divulgado información confidencial del gobierno sobre el litigio entre el Estado y la empresa petrolera transnacional Chevron.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
