*Por Gretel Kahn. Publicado originalmente en el sitio web de Reuters Institute.
Veintisiete años después de su lanzamiento, el periódico guatemalteco elPeriódico publicó su última edición el 15 de mayo. Su última portada mostraba a una persona entrando en un gran laberinto oscuro con las palabras #DecimosNOalPoder.
Unos días antes, el periódico explicó que se había desgastado por las presiones del Gobierno. Su fundador, José Rúben Zamora, ha estado en la cárcel desde julio de 2022, acusado de presunto blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Nueve de los periodistas del periódico están siendo investigados y cuatro de sus abogados han sido detenidos, con dos aún en la cárcel.
Última portada del diario elPeriódico.
En su última columna desde prisión, Zamora escribe que seguirá defendiendo la libertad de prensa en el país. “No obstante la fatiga, las severas condiciones adversas, la humillación y el escarnio, no cesaré en mi lucha por la libertad y la democracia en Guatemala. Sin libertad de prensa no hay democracia”, escribe.
Desde que Alejandro Giammattei accedió a la presidencia en 2020, Guatemala ha experimentado un paulatino deterioro de la libertad de prensa. Antes de su elección, el país ocupaba el puesto 116 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de RSF. Tres años después, Guatemala ha caído al puesto 127.
Desde su llegada al poder, Giammattei ha mostrado una actitud hostil hacia los medios. Según la Asociación de Periodistas de Guatemala, entre 2020 y 2022 se han registrado en el país más de 380 agresiones contra periodistas y su trabajo.
Los periodistas del país también se han visto ahogados en demandas que van desde casos de difamación hasta acusaciones de violencia psicológica contra las mujeres. Con la libertad de prensa en Guatemala cayendo en picado y tras el cierre de elPeriódico, hablé con cuatro periodistas guatemaltecos que siguen defendiendo el periodismo en el país.
El cierre de elPeriódico fue la crónica de una muerte anunciada. Desde la detención de Zamora, el periódico luchaba contra las presiones crecientes del Gobierno, lo que los obligó a interrumpir su edición impresa en noviembre de 2022. En un comunicado explicando la decisión, el consejo editorial dijo que se debía a la “represión, intimidación, expansión del boicot comercial, allanamientos ilegales, detenciones y miembros del equipo en prisión preventiva o que se han visto obligados a salir del país en las últimas semanas debido al contexto actual de nuestro país”.
Los últimos meses estuvieron marcados por la dificultad, pero también por la esperanza, dijo un periodista que trabajó en el diario y que prefiere permanecer en el anonimato por ser uno de los periodistas investigados por el gobierno. “Fueron meses muy complicados, pero a pesar de todo eso seguimos”, dijo.
“Ahora se siente como un vacío”, dijo el periodista. “Se está perdiendo un medio que era muy importante en Guatemala, que fue pionero en el periodismo de investigación. Cuando nadie hacía periodismo investigativo, elPeriódico lo hizo y eso dio la apertura para que otros medios siguieran esa línea”.
Las organizaciones de prensa independientes que quedan están ahora preocupadas por el precedente que sienta el juicio contra Zamora y lamentan la pérdida de uno de los faros de la prensa independiente de Guatemala.
Nelton Rivera es el fundador de Prensa Comunitaria Km 169, una agencia de noticias de Guatemala con un enfoque comunitario y multidisciplinar financiada por fundaciones filantrópicas e internacionales. La redacción está formada por más de 20 personas, además de 40 corresponsales en todo el país, la mayoría de ellos procedentes de pueblos originarios.
Rivera afirma que la detención de Zamora y el cierre de elPeriódico representan una regresión al autoritarismo en el país. “Es la utilización del aparato de justicia para crear casos exprés, para castigar, para encarcelar, para perseguir penalmente y es un castigo ejemplar”, afirma. “Lo que están tratando de mostrarnos al resto de la prensa independiente es que no alinearse con el régimen autoritario es que nos va a tocar pasar por lo mismo que le está tocando pasar al elPeriódico”.
Alejandra Gutiérrez Valdizán es directora del medio de investigación Agencia Ocote, una redacción de una docena de periodistas financiados por ONG y fundaciones. Ella describe el actual periodo de la política guatemalteca como parte de una “ola autoritaria” en la región. “La sensación al hablar con colegas y directores de otros medios es de desamparo, de derrota, de mucha frustración”, afirma. “También una sensación de mucho miedo, de mucha inestabilidad, porque simbólicamente elPeriódico representaba mucho”.
Periodistas guatemaltecos durante protesta en noviembre de 2021 en Ciudad de Guatemala. (Foto: Cortesía)
Francisco Rodríguez es editor del sitio de noticias Plaza Pública, una redacción que cuenta también con una docena de periodistas financiados en su mayoría por la Universidad Rafael Landívar. Dice que el caso contra Zamora va más allá del propio Zamora e incluso de elPeriódico. “Durante las audiencias y durante el juicio, han dejado entrever que tienen en la mira a más periodistas y a más medios”, dice Rodríguez. “Ellos insisten en la narrativa que no es el control de la libertad de expresión, pero sí lo es. Ellos saben cuál es el mensaje que están enviando, saben cuáles son las repercusiones”.
El caso contra Zamora no es el primer caso de un periodista detenido en el país durante el gobierno de Giammattei.
En septiembre de 2020, la policía guatemalteca detuvo a la periodista Anastasia Mejía por cargos penales, entre ellos sedición e incendio provocado, relacionados con su cobertura de una manifestación contra el alcalde de Joyabaj, ciudad de Guatemala de unos 80.000 habitantes. Permaneció en prisión preventiva durante cinco semanas antes de ser puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Los cargos penales fueron retirados un año después de la detención.
El periodista Robinson Ortega fue detenido en junio de 2022 mientras cubría una manifestación contra el Ayuntamiento de Siquinalá. Según un reportaje local, Ortega fue llevado ante el tribunal tras documentar un abuso de autoridad por parte de agentes contra un grupo de mujeres. Pocos días después se le retiraron los cargos.
De nuevo en 2022, el periodista Carlos Choc se enfrentó a cargos penales basados en una denuncia de 13 agentes de policía que acusaban al periodista de “instigación a delinquir" después de que informara sobre una manifestación contra las actividades mineras en octubre de 2021. Un año después, fue exonerado de todos los cargos. En 2022, cargos penales relacionados con corrupción contra el periodista Juan Luis Font obligaron al periodista a abandonar el país en el exilio.
“Lo que están haciendo con la ley es instrumentalizarla para validar la decisión que ya tomaron”, dice Rodríguez. El uso de la ley como arma contra el periodismo es un fenómeno que se ha hecho más común y complejo: ya no sólo se detiene a los periodistas por demandas de difamación, sino que se utiliza toda la gama de la ley para silenciarlos.
En Guatemala, por ejemplo, se han interpuesto querellas contra periodistas acusados de cometer violencia psicológica contra las mujeres en virtud de la Ley contra el Femicidio. “Lo que estamos viendo es la representación máxima de un Estado cooptado y un aparato de justicia cooptado castigando al periodismo guatemalteco, especialmente al periodismo independiente”, afirma Rivera.
Según Gutiérrez Valdizán, el entorno actual para los periodistas es “un retroceso brutal”. Los funcionarios del gobierno se niegan a conceder entrevistas o no permiten que los periodistas hagan preguntas en las ruedas de prensa. “Tampoco se había vivido este retroceso, este aplastamiento, esta imposición del miedo”, afirma. “Se observan estrategias directas para el descrédito y para la criminalización”.
Esta criminalización ha hecho que las fuentes teman hablar con los medios. Desde el inicio de la gestión de Giammattei, en 2020, más de 30 personas de la judicatura, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos han abandonado el país por una supuesta persecución en su contra.
Los periodistas de Prensa Comunitaria han experimentado una serie de dificultades al informar sobre cuestiones indígenas y medioambientales. Desde que se creó el medio hace 12 años, Rivera afirma que ha visto cómo se insultaba a los periodistas en las redes sociales y se les criminalizaba por hacer su trabajo. También afirma que las empresas transnacionales sobre las que informan han conseguido cooptar a miembros locales del poder judicial.
Rivera afirma que establecieron una relación con la fiscalía cuando sus periodistas fueron llevados ante los tribunales. Pero la magnitud de los ataques que han sufrido en los últimos años no tiene precedentes y es preocupante. “Ahora sí es mucho más complejo porque nos enfrentamos a algo mucho más grande”, afirma.
Otra amenaza para el periodismo independiente en el país es su financiación. Una ley de 2021 que pretende regular las ONG en el país permite al gobierno cancelar el registro de cualquier organización no gubernamental que haya “violado el orden público”, y exige a las organizaciones que revelen toda financiación extranjera. Esta ley, que ha sido adoptada en diferentes formas por otros países autoritarios como Nicaragua, permite a los gobiernos controlar las finanzas de las organizaciones de noticias independientes apoyadas por benefactores extranjeros.
“Los medios no comerciales o independientes estamos bajo la ley de ONGs por ser asociación”, dice Gutiérrez Valdizán. “Entonces, tienes que entregar una cantidad de papelería que no te imaginas y tienes que tener una persona encargada de estar dando la información, quién te da dinero: los asuntos burocráticos administrativos se han triplicado”. Dice que, aunque intentan depender menos de fondos extranjeros, la situación económica del país les obliga a depender de fondos internacionales. “La ley de ONGs afecta en el sentido que te piden una cantidad ingente de documentación, de papelería y reportes, que provocan una enorme inversión de tiempo para el equipo administrativo”, afirma.
Nicaragua ha condenado a un director de periódico por cargos de blanqueo de dinero y ha empujado al exilio a periodistas y miembros de la sociedad civil, sin que prácticamente ningún medio independiente opere desde el interior del país. A muchos guatemaltecos les preocupa que su país siga el ejemplo de su vecino. “Nosotros lo que vemos en la actualidad es la réplica de Nicaragua, pero a un ritmo mucho más rápido”, afirma Rivera.
El cierre de elPeriódico se produce en el contexto de las elecciones del 25 de junio. Mientras el presidente Giammattei tiene prohibido presentarse a la reelección, los periodistas están preocupados por la integridad de las elecciones y por el futuro de la libertad de prensa en el país. La autoridad electoral de Guatemala ha prohibido a varios candidatos presentarse a las elecciones presidenciales de 2023 por “motivos dudosos”, según Human Rights Watch.
Las próximas elecciones todavía no han dado tregua a quienes siguen defendiendo la libertad de prensa en el país. Todos los periodistas con los que hablé ven la actual contienda electoral como una continuación del sistema actual. “Es la continuidad del mismo modelo”, dice Rivera de Prensa Comunitaria. “No vemos una candidatura que pueda representar una ruptura con esa alianza”.
La alianza a la que se refiere Rivera es lo que muchos en el país llaman el “Pacto de Corruptos”: un acuerdo entre empresarios, políticos y militares para detener o revertir las investigaciones en su contra.
Mis fuentes dicen que todos los candidatos que se presentan a la presidencia representan una continuación del sistema que ha vilipendiado a los medios de comunicación. Dos de las principales candidatas, Zury Ríos y Sandra Torres, son familiares de antiguos presidentes. Ríos es hija del exdictador Efraín Ríos Montt, durante cuyo mandato se vivió uno de los periodos más sangrientos de los 36 años de guerra civil guatemalteca. Torres, por su parte, fue primera dama de Guatemala.
Incluso un novato en política como Carlos Pineda acabaría sucumbiendo al sistema si gana la presidencia, ya que llegaría prácticamente sin un partido detrás, lo que seguramente crearía un bloqueo político. Sin embargo, su candidatura está en riesgo debido a una supuesta serie de irregularidades.
“Sigo viendo el futuro un poco sombrío para Guatemala”, dice el periodista de elPeriódico con el que hablé. “Incluso creo que la libertad de prensa en Guatemala podría empeorar dependiendo de quién gane estas elecciones”.
Sin embargo, aunque el futuro parece difícil, Rodríguez, de Plaza Pública, afirma que nunca había visto tanta solidaridad entre las organizaciones de medios de comunicación. “Hay un rastro de esperanza en la solidaridad”, afirma. “En otras palabras, también hemos entendido las lecciones de Nicaragua y El Salvador y estamos intentando construir alianzas y ayudarnos mutuamente”.
Uno de los frutos de esas alianzas se llama Guatemala Leaks, una plataforma independiente y segura para compartir confidencialmente información de interés público que fue creada por medios de comunicación guatemaltecos. Las investigaciones basadas en filtraciones son definidas por un consejo de redacción (uno por cada uno de los cinco medios) y se crea un equipo para preparar la historia, con un redactor y uno o dos reporteros. Otro es La Linterna, un proyecto colaborativo de fact-checking contra la desinformación en las próximas elecciones generales. En el proyecto participan cinco medios que, además de hacer fact-checking, verifican los discursos de los candidatos y detectan bulos. Tal vez lo más significativo es “No Nos Callarán”: una alianza de medios de comunicación guatemaltecos creada en protesta por la persecución judicial de los colegas de elPeriódico y para resistir la persecución general contra la prensa en el país.
“Tenemos esas alianzas entre medios que me parece bien importante”, dice Gutiérrez Valdizán. “[Pero] también yo creo que una clave es tener la alianza de la ciudadanía. Uno de los asuntos que a mí me parecen más tristes es que de pronto ya está pasando toda esta debacle y la ciudadanía no se entera demasiado porque pareciera que le es ajena”.
“Espero que en algún futuro, cuando quizás la situación en Guatemala mejore, exista un resurgir de elPeriódico. Es importante para la democracia que existan medios independientes, porque si no, estaríamos viviendo prácticamente en una tiranía”, me dijo el periodista que trabajó para elPeriódico.
A pesar de este panorama sombrío, ninguno de los periodistas con los que hablé piensa en dejar la profesión. “Hay una decisión de los periodistas de seguir haciendo el trabajo”, dice Rivera. “Conocen la realidad, conocen lo adverso del modelo del sistema y lo injusto que puede ser muchísimas veces. Pero hay una convicción de seguir haciendo el trabajo”.
