Por Zamir Fajardo* y Silvia Higuera
Con la participación de al menos 300 personas se realizó el webinar “Desafíos legales para la protección de la libertad de expresión en tiempos de COVID-19” organizado por el Centro Knight, la Unesco y la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas entidades organizan el curso en línea Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas que este año realiza su sexta edición a nivel de Iberoamérica. En la actualidad, casi 2.400 operadores de justicia de la región se capacitan con esta iniciativa.
En el webinar se dieron cita Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH; Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Joan Barata, experto español del Center for Internet and Society y Ciber Policy Center de la Universidad de Stanford; y Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco. La moderación estuvo a cargo de Yuria Saavedra, abogada mexicana especialista en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Penal Internacional. Ella hace parte del equipo de monitores del curso en línea mencionado anteriormente.
Durante dos horas, el pasado 22 de mayo, los expertos abordaron temas que iban desde el peligro que representa la información falsa en la pandemia, la relevancia del periodismo al cubrirla hasta la privacidad de datos y la garantía de acceso a internet.
Cortesía Unesco.
En la presentación inicial Canela alertó sobre la existencia de lo que llamó “una tormenta perfecta” para la libertad de expresión a causa del impacto del COVID-19. En ocho puntos, el experto de la Unesco explicó esta tormenta perfecta que incluye entre otros elementos el aumento de la información falsa – a la que llama desinfodemia – que solamente puede ser enfrentada con “una prensa libre, independiente y plural”.
Mencionó también el aumento de la violencia contra periodistas, el despido y la afectación a la salud mental de los reporteros. Canela destacó el cierre de medios y su afectación económica que facilita la captación de estos por parte de poderes, incluido el mismo Estado.
El acceso a la información pública también se ha visto afectado por medio de diferentes decretos de emergencia aprobados en la región. “Tenemos restricciones de acceso a la información pública y nada de eso se justifica, al contrario eso es malo para el propio enfrentamiento de la pandemia”, afirmó el experto.
En ese sentido, destacó el rol de los operadores de justicia. “Lo que estamos pasando con el COVID es algo novedoso en el sentido de las dimensiones de la pandemia, pero los elementos son elementos fundamentales de la discusión clásica de los riesgos que tenemos para la protección y promoción de la libertad de expresión y del acceso a la información pública y la seguridad de las y los periodistas”, aseguró.
Durante su presentación, además de resaltar los obstáculos para la libertad de expresión, Lanza destacó la labor de organismos internacionales que han estado recordando a los Estados el deber de garantizar los derechos humanos.
Según el Relator, estas entidades han emitido “algunas normas de soft law para dar una primera respuesta jurídica a esta situación”. Dijo también que monitorean diariamente lo que sucede para intentar dar respuestas concretas “sobre la violación a estos derechos en el marco de la pandemia, porque obviamente la región no es uniforme y hay distintos grados de problemáticas”.
Lanza destacó el rol de la prensa que ha sido “aún más importante del que juega tradicionalmente en una democracia en una situación de normalidad”. Según dijo, los derechos relacionados con el sistema de información no deberían ser objetivo de suspensión en general, y “cualquier restricción que se realice debe ser ulterior, no una restricción de censura previa, y debe ser necesaria y proporcional”. Esto último debido a los decretos que se han emitido en la región donde se penaliza la información sobre COVID-19 con el supuesto objetivo de atacar la información falsa y desinformación.
Otros temas que reconoció el Relator Especial como relevantes para el análisis de esta temática son el rol fundamental del acceso universal al internet, el derecho de acceso a la información pública y la necesidad de preservar la privacidad y la protección de datos en el manejo de la pandemia.
Lanza finalizó ofreciendo recomendaciones a los Estados como no restringir el trabajo de la prensa, no bloquear medios, pero especialmente tener cuidado con sus declaraciones.
“Hemos observado una tendencia muy preocupante de algunas autoridades públicas, incluso presidentes, de pronunciamientos estigmatizantes, que llaman a no creer en la prensa e incluso en los pronunciamientos científicos”, dijo Lanza. “Ahí también hacemos una recomendación a los Estados y a los funcionarios públicos a observar un especial deber de cuidado en los pronunciamientos y declaraciones respecto a la evolución de la pandemia y al rol que juegan la prensa, los periodistas y expertos que están trabajando en estos temas”.
Para el juez Pérez Manrique la libertad de expresión no debería ser objeto de limitaciones especialmente en casos como el de pandemia. Para el juez, entre más información tenga la población, habrá más posibilidades de solución y por eso llamó a “mantener la comunicación abierta”.
Recordó que el pasado abril, la Corte IDH dictó una declaración sobre la relación entre COVID y derechos humanos, en la que establece que el nuevo escenario que se presenta frente a una pandemia debe ser enfrentado en el marco del estado de derecho y de respeto a los derechos humanos.
“El tema del coronavirus es esencialmente una cuestión de derechos humanos y que el estado de derecho y los derechos humanos son fundamentales”, dijo el juez quien aprovechó para recordar el rol esencial que los jueces cumplen en estas circunstancias, señalando que no es casual que en muchos países el estado de emergencia intente restringir las actividades del poder judicial.
El juez enfatizó en la tarea de jueces de garantizar que no sea admisible “ninguna restricción a la libertad de expresión” si no se ajusta al triple test de legalidad el cual debe ser aplicado por todos los jueces cuando los Estados pretenden aplicar limitaciones a la libertad de expresión.
“El mensaje que quiero dar es que ni el estado de derecho ni los derechos humanos se suspenden ni pasan a un estado de latencia. Los derechos humanos, las garantías y el estado de derecho son esenciales a la vida de las personas”, dijo el juez Pérez Manrique. “Por lo tanto, el manejo del estado de derecho es aquel ámbito en el cual lo que estamos escuchando hoy que está sucediendo – como restricciones injustificadas al acceso a la información pública e información que resulta recortada de alguna manera, dificultad de acceso para conocer algo elemental que es el fundamento de las decisiones que se toman – son restricciones de derechos y tienen que estar fundadas adecuadamente para efecto de poder ser impugnadas”.
Barata señaló cómo los estados de excepción están permitidos por tratados internacionales y constitucionales nacionales, pero que en todo caso estos deben ser declarados por los Estados usando la reglamentación existente y no por la vía de facto. Esto incluye por ejemplo, algunas restricciones a la libertad de expresión – como limitar las aglomeraciones – desde que sean para conservar en este caso la salud pública. En ese sentido, destacó el rol de los jueces al momento de revisar estas restricciones.
Destacó algunos de los retos más importantes al enfrentar la pandemia como el acceso a la información pública que no termina en el derecho de los ciudadanos a preguntar. Para Barata es particularmente importante que los Estados tengan políticas activas de transparencia asequibles a la ciudadanía donde se explique de manera concreta las medidas que se adopten y de explicación de cuál es la situación, cuáles son los riesgos, cuál es el estado del sistema de salud, qué medidas se pueden tomar y cuáles, no, entre otras.
Otros temas abordados por Barata fueron el acceso a internet, que no debe ser restringido con el argumento de evitar el pánico; la intimación a periodistas y ataques por parte de políticos; la protección de las condiciones de trabajo de los periodistas quienes se encuentran en primera línea; y la información falsa.
Asimismo consideró que la pandemia está haciendo evidentes los problemas que ya existían en el sistema y en el sistema de protección de libertades como lo son la falta de diversidad de medios, exceso de concentración y falta de independencia de estos. “Esos vicios que ya existían hasta la fecha se convierten en especialmente problemáticos en el contexto de la crisis, por no hablar del papel de los medios de servicio público. Evidentemente si se encuentran en una situación de crisis o no son capaces de prestar el servicio correctamente fuera de la crisis, ese problema se hará más evidente ahora”, dijo el experto.
Tras las presentaciones individuales, hubo espacio para la discusión grupal a partir de preguntas de los participantes que fueron agrupadas por un equipo de expertos.
Dentro de lo planteado se discutió sobre el rol de periodismo en la sociedad en medio de tanta información falsa, el rol del periodismo científico, qué hacer cuando los Estados ocultan información, hasta qué punto se debe informar sobre la pandemia sin llegar a generar pánico así como el manejo de datos personales por ejemplo de personas infectadas con COVID-19.
Canela cerró el evento destacando el rol de los operadores de justicia en este momento de “incertidumbre”.
“En estos procesos de enorme incertidumbre es cuando necesitamos aún más que los derechos estén protegidos, es cuando necesitamos más transparencia, más rendición de cuentas. Y para todo eso, las temáticas que estuvimos debatiendo acá hoy – una prensa libre y plural, la privacidad, el acceso a la información pública, el funcionamiento de la internet de manera adecuada – son todas cuestiones fundamentales en las cuales ustedes operadores judiciales (…) tienen un rol fundamental en sus países en el contexto interamericano”, dijo Canela. “Nosotros, todas las organizaciones que están organizando este y otros eventos (…) es fundamental poder estar acá y poder apoyarles en la labor de ustedes porque al final del día son ustedes los que hacen, en cada uno de sus países, la protección de los derechos de todos y todas”.
Además de las entidades organizadoras, el webinar contó con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Open Society Foundations.
El evento se realizó como parte del curso Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas que este año realiza su sexta edición a nivel de Iberoamérica. En la actualidad casi 2.400 operadores de justicia de la región se capacitan con esta iniciativa de la Unesco, la Relatoría Especial de la CIDH y que cuenta con el apoyo del Centro Knight.
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*Zamir Andrés Fajardo es un abogado mexicano de origen colombiano con maestrías en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente es el Tercer Visitador General en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También hace parte del equipo de monitores en el curso “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”.
