En una decisión que defensores de libertad de prensa y de expresión no han dudado en calificar como violatoria de este derecho, la Fiscalía General de Colombia anunció que tiene una investigación abierta en contra de la periodista Diana Díaz Soto y que el próximo 18 de noviembre le imputaría los cargos por el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva”. En el marco de esta investigación la Fiscalía también le pidió a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) información sobre sus fuentes.
La Fiscalía publicó un comunicado el 19 de octubre en el que informa que existe una denuncia en contra de Díaz hecha por el entonces director del sistema de medios públicos de Colombia (RCTV), Juan Pablo Bieri. Bieri presentó la denuncia luego de que se grabara una reunión durante la cual se escucha a Bieri buscar formas de censurar al también periodista Santiago Rivas en 2019.
La disputa con Rivas se dio luego de que el periodista apareció en otro medio haciendo críticas al proyecto de ley del gobierno para regular comunicaciones y que finalmente fue aprobado en junio de 2019. Rivas era en ese momento el presentador de ‘Los Puros Criollos’, uno de los programas más exitosos del canal Señal Colombia, un medio público que hace parte de RCTV.
Para Bieri, de acuerdo con el audio, la crítica de Rivas constituía morder “la mano de quien le da de comer”, es decir, el gobierno.
#ComunicadoFLIP | Dirigimos esta carta a la @FiscaliaCol para manifestar nuestra preocupación por las intimidaciones en la investigación en contra de Diana Díaz, quien denunció las irregularidades y la censura de @jpbieri cuando era gerente de @RTVCco.https://t.co/ACqebtUToC pic.twitter.com/Xc6SusuY3f
— FLIP (@FLIP_org) October 19, 2020
Díaz, quien para ese momento era la directora de Señal Colombia, es señalada de haber buscado a la FLIP para publicar el audio de esa reunión. La grabación del audio fue publicada por La Liga Contra el Silencio con apoyo de la FLIP y La Pulla.
Luego de que se publicó el audio, Bieri renunció a la dirección de RCTV. Sin embargo, en la actualidad es asesor del presidente Iván Duque, según la video columna La Mesa de Centro.
También el lunes 19 de octubre la FLIP informó que la Fiscalía había ordenado una inspección a sus instalaciones y le pedía acceso a sus registros de ingreso así como a sus cámaras de seguridad “con el fin de establecer el ingreso de Diana Marcela Díaz Soto”.
“No existe en la historia de la FLIP un precedente donde de manera tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores”, escribió la FLIP en su cuenta de Twitter y en una carta abierta a la Fiscalía firmada por el director ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock.
En su comunicado, la Fiscalía señaló que no realizaría la inspección a las oficinas de la FLIP porque la organización le informó que no tenían los registros.
Esta afirmación fue desmentida por la FLIP que asegura que la organización se negó a permitir dicha inspección. Agregó que la Fiscalía nunca les informó que había desistido oficialmente de la inspección.
En su comunicado, la Fiscalía pidió “prudencia a todas las organizaciones que vigilan la libertad de prensa para que no se permitan malas interpretaciones con las investigaciones que cursan en la entidad, pues los principios de imparcialidad y objetividad rigen los procesos penales”.
Para la FLIP, “esto puede interpretarse como un reproche a las discusiones que se han dado alrededor de este caso y podría generar más censura en periodistas y defensores”, según su cuenta de Twitter.
Las críticas en contra del Fiscal General, Francisco Barbosa, también se centran en su presunta cercanía con el presidente Duque, y lo acusan de adelantar investigaciones que benefician a personas cercanas al gobierno.
La decisión de la Fiscalía ha sido criticada por varias personas y organizaciones. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch, escribió en su cuenta de Twitter: “Fiscal Barbosa: Esta imputación es un grave error y contraría estándares internacionales sobre protección de denunciantes (“whistleblowers”)”.
Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, hizo un hilo en su cuenta de Twitter sobre la situación en la que entre otros temas señala que la grabación está amparada por el derecho a la libertad de expresión porque está registrando “arbitrariedades”.
“Sin embargo, @FiscaliaCol en su actuación, no ha tenido en cuenta los estándares de derechos humanos y ha tomado decisiones que no solamente afectan los derechos de la funcionaria sino principios esenciales de un sistema democrático. Una de esas decisiones es escandalosa”, escribió.
Precisamente sobre la decisión de pedir datos a la FLIP, Botero escribió: “Las personas acuden a las organizaciones de derechos humanos cuando sienten que están en riesgo, que necesitan protección o apoyo, y muchas veces consideran que la amenaza proviene de agentes del Estado. Esta reserva es tan importante como la reserva de la fuente de periodistas”.
En el editorial del 19 de octubre titulado “Un vergonzoso acto de intimidación” el diario El Espectador criticó el actuar de la Fiscalía tanto por su caso en contra de Díaz como por la posibilidad de hacer una inspección en la FLIP. “¿De cuándo acá los entes judiciales tendrían la libertad de revisar quiénes visitan organizaciones protectoras de los derechos humanos? ¿También ocurre con los periodistas? ¿Qué pasa con el derecho a la utilización de fuentes anónimas? ¿Acaso no se da cuenta la Fiscalía del mensaje perverso que envía?”.
“Lo que pretendía hacer la Fiscalía es un acto de intimidación. Peor aún, todo el proceso contra Díaz Toro [sic] tiene raíces cuestionables. Incluso si dio a conocer un asunto bajo reserva, algo que varios juristas cuestionan, lo que hizo fue evidenciar las malas prácticas de un funcionario público que quería imponer la censura en RTVC. Los colombianos tenían derecho a saber que estaban siendo engañados por Bieri, que la libertad del sistema de medios públicos estaba en riesgo. ¿Eso es lo que persigue la Fiscalía? ¿Juzgar a una persona que —si es que fue ella quien filtró la información— lo que hizo fue fortalecer la democracia?”, señala el editorial. “Insistimos: todo lo relacionado con este caso va de vergüenza en vergüenza, tanto para el Gobierno de Iván Duque como para la Fiscalía de su escogido, Francisco Barbosa”.
