La Fiscalía General de Colombia ordenó la detención de un exsicario al vincularlo con el asesinato del periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ocurrido en 1986.
![Un busto del periodista Guillermo Cano Isaza ubicada en el parque Bolívar en Medellín, Colombia. La escultura es un trabajo de Rodrigo Arenas Betancur. (I, SajoR [CC BY-SA 2.5]).](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Busto_de_Guillermo_Cano_Isaza.JPG)
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, exjefe de sicarios del Cartel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, está vinculado a la investigación como presunto coautor del delito de homicidio agravado, informó la Fiscalía.
Según un comunicado de la Fiscalía, tras la aparición de nuevos testimonios de otros exintegrantes del cartel así como de evidencia recopilada, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento en contra Velásquez Vásquez. En su comunicado, la entidad explicó que el caso en contra de alias ‘Popeye’ está bajo el antiguo sistema penal colombiano. Esto le permite imponer la medida de aseguramiento.
Alias ‘Popeye’ habría participado en una reunión “en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.
Según El Espectador, en una declaración del 28 de noviembre de 2018, Velásquez Vásquez, contradiciendo declaraciones previas - según el diario - negó haber tenido conocimiento del atentado en contra de Cano Isaza y dijo ser inocente.
El exjefe de sicarios del Cartel de Medellín pagó un poco más de 23 años de prisión luego de entregarse a las autoridades en 1991 y confesar haber cometido 300 asesinatos y participar en al menos otros 3.000, informó El Tiempo. Según dijo, coordinó 200 atentados con carros bombas y participó en los magnicidios de Luis Carlos Galán (excandidato presidencial) y Carlos Mauro Hoyos (exprocurador General), agregó el diario.
Sin embargo, tras nueve meses en libertad, Velásquez fue recapturado y cumple una sentencia por el delito de extorsión en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, agregó. La reciente decisión de la Fiscalía fue informada al Instituto Penitenciaro y Carcelario (Inpec) para que “se haga efectiva” una vez alias ‘Popeye’ cumpla con su actual tiempo de reclusión, informó la Fiscalía.
Según la Fiscalía General, la otra persona vinculada con el crimen es Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias ‘Maxwell’, quien, según la entidad, “supuestamente, hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador”. La información recopilada por Gutiérrez se habría entregado al grupo de sicarios que mató al periodista, agregó.
Aunque la fiscal del caso dictó una medida no privativa de la libertad en su contra, Gutiérrez Arrubla deberá presentarse periódicamente ante una autoridad competente, no salir del país, no tener contacto con las víctimas y pagar una caución equivalente a aproximadamente US $2.500, entre otras obligaciones.
“Llevamos 32 años, desde 1986, esperando justicia y conocer lo sucedido. Ojalá esta decisión sirva para llegar al fondo de todo”, escribieron en un comunicado la esposa e hijos de Cano, según la revista Semana. “Así mismo queremos hacerle un llamado de atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] para que siga el ejemplo de la Fiscalía y nos ayude a establecer la verdad sobre las circunstancias, autores y contextos de la muerte de Guillermo Cano Isaza. La respuesta que hasta ahora hemos tenido de esta importante instancia internacional ha sido evasiva. La verdad en este caso y en el de muchos otros periodistas y colombianos inocentes, la necesita el país!”.
Aunque reconoce “la importancia de la decisión adoptada”, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) la considera “tardía y no conlleva a concluir que el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos”.
“Resulta desconcertante que la decisión adoptada tiene sustento en pruebas que, en su mayoría, fueron recaudadas durante los años 1993 y 1994. Esto muestra que la Fiscalía fue negligente en evacuar hipótesis de investigación presentes en el expediente hace más de dos décadas. Esto refuerza la necesidad de una observancia internacional, especialmente de la CIDH, sobre la responsabilidad del Estado en este caso”, agregó la FLIP.
La FLIP también solicitó a la fiscalía que continúe con su investigación para determinar si miembros del Estados estuvieron involucrados en el crimen tanto en la obstrucción de la investigación como en el juzgamiento.
Cano Isaza fue el director del diario El Espectador desde que tenía 27 años hasta el día de su asesinato el 17 de diciembre de 1986, a la edad de 61. Sicarios enviados por el narcotraficante Pablo Escobar le dispararon en varias oportunidades a la salida del diario, según ese diario.
El director se caracterizó por sus constantes denuncias de la mafia del narcotráfico en su columna “Libreta de Apuntes”. El día anterior a su muerte, en una entrevista, Cano Isaza aseguró él sabía que le podía pasar algo, contó Ana María Busquets, viuda de Cano, para un especial de la Unesco.
Tras el asesinato de Cano, El Espectador siguió siendo víctima de la mafia. En la madrugada del 2 de septiembre de 1989 un carro bomba explotó cerca de sus instalaciones en un hecho que dejó 73 personas heridas. Asimismo, algunos corresponsales en regiones fueron asesinados, según Busquets, e incluso la sede en Medellín fue cerrada ese mismo año cuando mataron a los gerentes de administración y de circulación en esa ciudad, agregó el diario.
En 2010, la Fiscalía de Colombia lo declaró como un crimen de lesa humanidad. Esto permite que el crimen no prescriba, es decir, que se agote el tiempo de las autoridades para investigarlo. Sin embargo, esto no ha significado necesariamente su avance. De hecho, la FLIP señaló que la reciente decisión de la Fiscalía es la primera “relevante” desde el 16 de enero de 2008 cuando se reanudó la investigación del crimen.
Hasta el momento solo existen dos condenas por este homicidio, según la FLIP. Una en contra de Castor Emilio Montoya por haber sido el intermediario para contratar a los sicarios que cometieron el asesinato, pero quien nunca fue capturado, agregó la FLIP. Luis Carlos Molina Yepes fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión, aunque rebajaron su condena a 6 años. Desde la cuenta de Molina, llamado el banquero del Cartel de Medellín, fue girado el cheque para pagar a los sicarios, informó la FLIP.
El crimen de Cano Isaza ha marcado la historia del periodismo en Colombia y fue señalado por la Unesco como “representativo en tanto que señala la impunidad de los crímenes hacia los periodistas”. El Premio Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco lleva su nombre.
