La noticia que Carlos Pastora, gerente general de Canal 10 de Nicaragua, buscó refugio en la embajada de Honduras en Managua, despertó los señalamientos de una posible persecución por parte del Gobierno de Daniel Ortega contra este canal.
“Hemos recibido al señor Carlos Pastora con una petición de protección por parte de nuestra misión diplomática en Nicaragua”, dijo la canciller hondureña María Dolores Agüero a los medios de Honduras el 23 de agosto, según EFE.
La decisión de Pastora se habría dado luego de que el martes 21 de agosto, cuando se disponía a viajar a Miami por negocios, agentes de inmigración le negaran la salida señalando que tenía una restricción migratoria, informó La Prensa.
Pastora, quien también tiene la nacionalidad hondureña, buscó ayuda de ese país al considerar que estaba en peligro, según lo dio a conocer este 23 de agosto. En una carta enviada por Pastora al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, pidió protección para él y su familia.
“Mis derechos humanos están siendo vulnerados por parte de un gobierno, y mi familia y yo tememos por nuestras vidas, denunciando que podríamos ser asesinados, y clamando a las autoridades de mi país, se nos brinde auxilio inmediatamente”, escribió Pastora en la carta que fue leída por presentadores de Canal 10.
Las afirmaciones de Pastora han revivido los señalamientos de una presunta persecución de parte de la administración de Ortega contra el Canal 10. Un reportaje de Confidencial asegura que Acción 10, el noticiero de este canal y el de mayor audiencia en el país, ha dado cobertura a las protestas que se realizan en contra del Gobierno desde abril, así como a la “brutal represión” de estas protestas de civiles.
Por esta cobertura, los periodistas de Canal 10 han sido acosados por presuntos grupos paramilitares, y su jefe de información también ha sufrido hostigamientos y amenazas, informó Confidencial.
La presunta persecución se habría incrementado luego de que el empresario mexicano Ángel González se negara a vender el canal al Gobierno, agregó Confidencial. González, quien ha creado su imperio mediático en la mayor parte de países centroamericanos, controla en Nicaragua junto a la familia presidencial – incluidos hijos y empresarios allegados a la administración de Ortega – el duopolio de canales.
Durante esta semana, Canal 10 ha enfrentado diferentes hechos que han hecho sospechar al medio y sus periodistas que hay una intención del Estado de querer influir en su trabajo.
El pasado lunes 20 de agosto, Óscar Ortiz, jefe de información del oficialista Canal 8, llegó a las instalaciones de Canal 10 asegurando que estaría a cargo del noticiero de Canal 10, informó La Prensa y denunció Canal 10. Aunque dijo que había sido enviado por Pastora, los trabajadores lo sacaron del lugar y aseguraron que no permitirían un cambio de línea editorial en su medio, la cual, según dijo el empleado de Canal 8 se enfocaría en temas sociales y dejaría por fuera los temas de política, según Confidencial.
En una reunión con los trabajadores, Pastora negó haber cambiado al actual jefe de información del noticiero, Mauricio Madrigal, según Confidencial. El mismo Madrigal también negó que se haya cambiado la línea editorial del medio.
Ante este hecho, un grupo de personas realizó un plantón a las afueras de Canal 10 en muestra de apoyo a este con el lema “la verdad no se vende”. Los periodistas por su parte han señalado que la mayoría de ellos “están dispuestos a renunciar” si la línea editorial del medio se cambia o si el Gobierno lo compra, según dijo Jairo Castillo, un periodista de Canal 10, en una nota de este canal. En la manifestación se vio a un hombre en una motocicleta tomando fotografías a las personas que se encontraban en el plantón.
El miércoles 22 de agosto, el Gobierno anunció que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) abrió “un proceso de inteligencia financiera” contra Pastora, quien además de ser el gerente de Canal 10 es socio de otras empresas incluida la que es dueña de Acción 10 y Radio Televisión Nicaragüense S.A, informó Confidencial.
“El proceso de análisis gira en torno a presuntas acciones de lavado de activos, el traslado transfronterizo de bienes obtenidos mediante recursos de origen ilícito”, según el comunicado de la UAF publicado por Confidencial.
En su carta al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Pastora señala que la administración de Ortega busca “apropiarse de Canal 10 para censurar voces independientes”.
“Quieren obligarme a que contrate a un periodista de Canal 8 para que venga a ver y regular las publicaciones del noticiero. Debido a esta situación que ha venido acompañada de amenazas directas vías teléfono, seguimiento e intimidación, mi familia y yo tomamos la decisión de salir del país y buscar seguridad retornando a Honduras. Acción que no se me permitió por parte del Gobierno [del] señor Ortega que ha emitido una restricción migratoria en contra de mi persona sin ningún fundamento”, escribió Pastora según leyeron los presentadores de Acción 10.
Agüero, la canciller hondureña dijo que esta es la primera vez que una persona ha pedido protección en la embajada de Honduras en Nicaragua, según EFE.
“Hemos estado en un proceso de recabar la información para poder tener elementos de juicio, examinar la delicada situación y poder determinar un curso de acción”, dijo ella, según la agencia de noticias.
También dijo que estarían realizando las “consultas pertinentes” con los Gobiernos de Honduras y Nicaragua.
Desde que comenzaron las protestas en contra de la administración de Ortega el pasado abril, los medios han sido víctimas de ataques, amenazas, robo de equipos e incluso señalamientos de vinculación al terrorismo.
El caso más grave ocurrió en Bluefields, al este de Nicaragua, cuando el periodista Ángel Gahona fue asesinado mientras cubría en vivo por Facebook una protesta el 21 de abril. El juicio que se realiza en la actualidad en contra de dos jóvenes señalados de cometer el crimen fue señalado por la viuda del periodista como una “burla” por considerar que no son los verdaderos responsables, reportó EFE y La Prensa.
Este 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que de acuerdo con su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) “continúan registrándose actos intimidatorios, hostigamientos y amenazas contra periodistas” en el país.
