El gobierno del presidente Rafael Correa actualmente cuenta con 21 medios de diferentes formatos dirigidos a distintas audiencias, entre ellos 14 medios incautados, 3 medios públicos y 4 estatales, según el reciente informe “¿Cómo se filtran las noticias que recibimos?” de la ONG Fundamedios.
El informe analiza la relación del gobierno ecuatoriano con los medios de comunicación de su país, los efectos de la concentración de medios por parte de un Estado de tendencia de izquierda y la distribución desbalanceada de la publicidad oficial.
El mencionado informe, que consta de tres entregas, analiza la situación actual de Ecuador usando como punto de partida el libro “Los guardianes de la libertad” de Edward Herman y Noam Chomsky, el cual propone la existencia de cinco filtros de la comunicación, entre ellos la concentración de la propiedad de los medios en manos de poca gente o corporaciones, y la dependencia de los medios en la publicidad como su principal fuente de financiamiento.
De acuerdo a este análisis, estos filtros le permiten al Estado crear un status quo informativo, lo que Chomsky denominaría como la “manufacturación del consenso”.
Fundamedios sostiene que entre enero y septiembre de este año, el gobierno de Rafael Correa ha acumulado 9,613 minutos en señal abierta, que sumado a los spots publicitarios de otros organismos del estado, hacen un total de 21,162 minutos al aire.
A pesar de haber creado una ley antimonopolios para evitar toda “concentración de capitales e intereses en pocas manos privadas”, que según la asamblea oficialista evitaría “la desigualdad y el abuso de poder de mercado”, según reza el informe, la ley no contempla la posible concentración de medios estratégicos por parte del Estado ni tampoco prevé que el gobierno sea manejado como una corporación interesada en el lucro, promocionando su imagen como una “marca”. En el caso ecuatoriano, el "Estado destina ingentes cantidades de dinero en su auto-publicidad”, sostiene Fundamedios.
El reporte también habló de la elaboración de la controversial Ley de Comunicación del país, sobre la cual aseguró que hizo falta más investigación académica y de contexto antes de su aprobación. Las opiniones vertidas en la discusión fueron “antojadizas”, aseguró el informe.
El informe también criticó la manera en la que el gobierno actualmente otorga publicidad oficial. Una de las conclusiones del informe es que “el desmedido gasto que el Estado destina en publicidad, no solo influye en las publicaciones de los medios y asfixia a la crítica, sino que además genera una circulación de riqueza concentrada en pequeños grupos afines, u hospitalarios con el poder”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
