Ante el peligro inminente de ser cerrada por el Gobierno ecuatoriano, una de las pocas voces que monitorea la libertad de expresión y la situación del periodismo en ese país hace esfuerzos por seguir trabajando.
El 8 de septiembre, el gobierno de Ecuador le notificó a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, que había iniciado el proceso de disolución de dicha organización.
Para la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Fundamedios no ha cumplido con el Estatuto vigente que le prohíbe, al ser una organización social, el ejercicio de actividades políticas. La Secom señaló contenidos y enlaces publicados en las cuentas y en los informes oficiales de la organización.
En la notificación enviada a Fundamedios, la Secom también incluyó capturas de pantalla de mensajes publicados por Fundamedios en su cuenta de Twitter en los que hacían referencia a los blogs de los periodistas políticos José Hernández (sentidocomunecuador.com) y Roberto Aguilar (estadodepropaganda.com). Ambos periodistas son críticos del Gobierno.
“Parece ser que para la Secom hacer periodismo político es igual que hacer política partidista”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, al diario El Comercio. Agregó que la acusación es “absurda”.
Durante una rueda de prensa el 9 de septiembre, Ricaurte rechazó nuevamente las acusaciones de que la organización participe en política partidista.
La Secom le dio a Fundamedios 10 días para que “ejerza su derecho a la legítima defensa” y presente las pruebas correspondientes.
El abogado de Fundamedios dijo que la organización utilizará todos los recursos legales posibles para demostrar la organización no cometió el acto del que se le acusa, y que si es necesario, utilizará recursos fuera del país, informó la revista Plan V. Sin embargo, el abogado aseguró que el Gobierno tiene decidido el caso.
Carlos Ponce, director del programa para América Latina y el Caribe de Freedom House, calificó cargos como “motivados políticamente y ejemplos evidentes de la falta de respeto a la libertad de expresión del Gobierno”.
Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, también calificó al procedimiento como uno “motivado políticamente” y exhortó a las autoridades a retirar de inmediato este proceso.
El periodista ecuatoriano Martín Pallares, uno de los comunicadores sobre los que Fundamedios ha hablado en muestra de apoyo, dijo al Centro Knight para el Periodismo en las Américas que las acciones hacen parte de la labor del gobierno para poder controlar la comunicación.
“Me parece que Fundamedios se había convertido en una tribuna de denuncia de las agresiones de la prensa, en un centro de protección de periodistas y en un organismo que se relacionaba con organizaciones del exterior, lo que perjudicaba la imagen que el gobierno quiere proyectar a nivel internacional. Borrar del mapa a Fundamedios es entonces una pieza importante para acallar aún más a la prensa y a los periodistas independientes”, agregó.
Esta no es la primera señal de problemas para Fundamedios; la organización ha dedicado incluso una parte de su sitio web para detallar las acciones del gobierno en contra de su trabajo.
El 16 de enero de 2014, la Secom le notificó a Fundamedios que esta organización había sido transferida bajo su contro. Al día siguiente, la agencia gubernamental le solicitó toda la información financiera, según Fundamedios.
Más recientemente, el 24 de junio, la Secom envió un oficio a Fundamedios en la que dijo que la organización se había movido hacia cuestiones políticas y que se había desviado de sus objetivos declarados. La notificación mencionaba una posible disolución.
En respuesta, Ricaurte dijo que la organización no es partidista, pero que realiza un trabajo que “tiene un interés público evidente”.
“Vamos a seguir emitiendo alertas le guste o no les guste a la Secom, así nos cierren. Seguiremos trabajando desde nuestras casas. Si vienen con la Policía a cerrar nuestras oficinas estaremos aquí, aquí nos van a encontrar”, dijo Ricaurte en su momento.
La misión de Fundamedios, que inició en 2006 por un grupo de periodistas, economistas, antropólogos, arquitectos, entre otros, es “promover y proteger los derechos y libertades de expresión, prensa, acceso a la información y asociación. Así como el periodismo independiente y de calidad”.
La organización dijo que empezó con una de sus “tareas fundamentales” de monitorear la libertad de expresión en Ecuador después de que el gobierno comenzara con un discurso hostil hacia el trabajo de los medios de comunicación en 2007.
Ha publicado informes especiales sobre la situación de la libertad de expresión y los medios de comunicación en el país, y sus miembros han hablado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los ataques a los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Fundamedios también publica alertas diarias con respecto a esos ataques y otros desafíos que enfrentan los periodistas cuando tratan de realizar su trabajo.
A Fundamedios se han sumado en los últimos años otros defensores de la prensa mediante la difusión de la situación actual de la libertad de expresión en Ecuador.
En el país, se han producido 1.305 agresiones contra la libertad de expresión desde 2008 y 126 sanciones contra medios y periodistas bajo la polémica Ley Orgánica de Comunicación (LOC), según Fundamedios.
La LOC creó la Superintendencia de la Información y Comunicación, conocida como Supercom, que regula los medios de comunicación. En los últimos dos años, la Supercom examinó más de 500 casos en contra de los medios de comunicación, castigó 313 empresas e impuso multas de alrededor de US $274.000. En algunos de estos casos, la Secom le proporcionó a los medios de comunicación los texto exactos y los diseños que debían ser publicado en respuesta a las quejas presentadas.
Para conocer más sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Ecuador, haga clic aquí.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
