Actualización (26 de nov.): El juez Édgar Flores de la Corte Nacional de Justicia aceptó el 21 de noviembre el recurso de Hábeas Corpus presentado por los abogados del periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, dejando sin efecto la orden de captura emitida en su contra el 14 de noviembre por el juez Jorge Blum.
Tras esta medida, tanto Villavicencio como el exasambleísta Cléver Jiménez no podrán ser detenidos mientras dure el juicio que enfrentan por supuestamente haber hackeado correos electrónicos de funcionarios públicos y divulgado información confidencial del gobierno.
Sin embargo, ambos no podrán abandonar el país en tanto dure el proceso judicial en su contra, y deberán presentarse regularmente ante el juez.
Original (17 de nov.): El periodista y político Fernando Villavicencio, acusado del delito de divulgación de información protegida del Estado, es buscado por las autoridades tras revocársele el 14 de noviembre la apelación de prisión preventiva, informó Fundamedios.
La orden de localización y captura emitida por el juez de la Corte Nacional de Justicia Jorge Blum revocó la apelación que le había concedió la semana pasada el juez Richard Villagómez a Villavicencio.
Tanto Villavicencio como el exasambleísta Cléver Jiménez, de quien el periodista fue asesor en el pasado, vienen siendo procesados desde 2013. Pero es desde el 27 de octubre de 2016, fecha en Blum emitió la orden de prisión preventiva, que dicho magistrado reactivó el proceso, informó Fundamedios.
Este proceso estaría relacionado con el reportaje que Villavicencio publicó en octubre de 2013 en el sitio noticioso ecuatoriano Plan V. En este habría criticado el conflicto jurídico entre el gobierno y la empresa estadounidense Chevron, señaló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Según la Fiscalía, Jiménez y Villavicencio habrían supuestamente interceptado ilegalmente informaciones que intercambiaron vía correo electrónico el Secretario Jurídico de la Presidencia y el Procurador General, y difundido dicha información, según Fundamedios.
De acuerdo con Plan V, la Fiscalía General determinó que la información en cuestión contenía “la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano sobre el proceso que seguía contra Chevron”.
No obstante, Ramiro Román, uno de los abogados de Villavicencio, dijo que no existen pruebas de que se haya obtenido copia de los correos, por lo que calificó de “barbaridad jurídica” la decisión de enjuiciamiento del juez Blum contra su defendido, publicó Plan V.
Además, Focus Ecuador, medio del que Villavicencio es director, informó que en 2013, en el feriado navideño del 26 de diciembre, la casa del periodista fue allanada por la policía sin una orden judicial válida.
Según el mencionado medio, los equipos y aparatos electrónicos confiscados por las autoridades contenían información sobre supuestas irregularidades en contratación pública que Villavicencio había recabado para futuras publicaciones.
“Si envían a Fernando Villavicencio a la cárcel, estaría preso sin juicio en virtud de acusaciones que violan los estándares internacionales en material de libertad de expresión”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ.
A su turno, Verónica Sarauz, esposa del periodista, dijo al CPJ: “Hay deseos de acallar a Fernando como parte de una estrategia gubernamental para evitar que aparezcan nuevas denuncias de corrupción, además de impedir que Fernando participe en las próximas elecciones como asambleísta”.
El 11 de junio, el presidente ecuatoriano Rafael Correa exigió a la Fiscalía General a darle celeridad a las investigaciones contra Jiménez y Villavicencio por supuesto hackeo y espionaje de correos electrónicos de funcionarios del gobierno, informó el diario estatal ecuatoriano El Telégrafo.
Según el CPJ, la publicación de comunicación privada es considera un delito por el nuevo código penal ecuatoriano, vigente desde 2014.
El enjuiciamiento de periodistas por publicar información confidencial viola estándares internacionales en términos de libertad de expresión, señaló el CPJ, según una declaración emitida por la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas en 2010.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
