Un jurado popular condenó a un hombre a seis años de prisión por participar en el asesinato de un periodista brasileño en 1998. Poco después del juicio, la sentencia fue cuestionada por el Ministerio Público por considerarla muy baja.
El periodista Manoel Leal de Oliveira fue asesinado con seis tiros frente a su casa en Itabuna, en el interior del estado de Bahía, el 14 de enero de 1998, según informó la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués). Él era periodista y dueño del diario A Região, publicación que cubre la región sur del estado.
El pasado 22 de mayo, Marcone Rodrigues Sarmento fue condenado por un jurado popular en el Fórum Ruy Barbosa, en Salvador, quien lo encontró culpable de dirigir el auto utilizado en el crimen, reportó G1.
El homicidio fue perpetrado por el policía civil Monzar Castro Brasil, condenado en 2003 a 18 años de prisión, reportó Abraji. Otro sospechoso que fue juzgado por el crimen fue declarado inocente en la misma ocasión, por falta de pruebas.
El Fiscal Cássio Marcelo de Melo, a cargo del caso, dijo a G1 que el Ministerio Público (MP) ha apelado la decisión por considerar baja la pena de seis años dada a Sarmento. Fue condenado por homicidio simple, pero el MP quería que fuese considerado homicidio calificado.
Según el artículo 121 del Código Penal brasileño, se considera homicidio calificado cuando fue cometido “como consecuencia de un pago o promesa de recompensa, o por otro motivo vil”, “por traición, emboscada, o mediante el disimulo de otra figura que dificulte o vuelva imposible la defensa del defendido”, y “para asegurar la ejecución, ocultamiento, impunidad o favorecimiento de otro crimen”, entre otros agravantes. La pena es de 12 a 30 años de prisión.
“Ya existe una condena para Monzar por homicidio calificado. ¿Cómo Marcone es condenado por homicidio simple, si él participó en la emboscada junto a Monzar?”, cuestinó el Fiscal en una entrevista con G1.
De acuerdo con Bahia Notícias, la jueza que presidió la audiencia restó dos años de la condena de seis que Sarmento recibió del jurado, pues él ya había cumplido dos años de prisión, y por ello determinó que los cuatro años restantes sean cumplidos en un régimen abierto. Sin embargo, Sarmento había permanecido preso dos años debido a otro asesinato, informó el sitio. El cumplimiento de esa condena en un régimen abierto no sería en prisión, sino tendría otras restricciones de movilidad y lo obligaría a presentarse ante la corte periódicamente.
El recurso de apelación del MP debe ser juzgado en un año, informó G1, y Sarmento permanecerá en libertad hasta que todos los recursos del proceso sean agotados.
Marcel Leal, hijo de Manoel Leal de Oliveira que también es periodista, dijo al diario A Região que la sentencia de Sarmento es bien recibida, pero que “es un incentivo al asesinato de otros periodistas, que termina con una pena ridícula de apenas seis años en un régimen abierto. Es un mensaje de que en Brasil matar a un periodista no lleva al asesino ni siquiera a la cárcel”.
Esta fue la segunda vez que Sarmento ha sido juzgado por este crimen. En 2005 fue absuelto por un jurado popular, cuya absolución fue cuestionada por el MP y luego anulada por el Tribunal de Justicia de Bahía, publicó Abraji.
Cuando fue asesinado, Manoel Leal de Oliveira estaba investigando supuestos actos ilícitos del prefecto Fernando Gomes, quien en 2017 inició su quinto mandato en el gobierno de Itabuna, reportó Abraji. Las presuntas irregularidades involucrarían al jefe de la polícia Gilson Prata, de quien el policía Monzar Castro Brasil, condenado por el asesinato, era asesor directo, informó la organización.
En un reportaje publicado en diciembre de 1997, Oliveira sostuvo que el prefecto hacía pagos irregulares a Prata para “perseguir a los funcionarios de la gestión anterior, sus oponentes y a los policías que lo incomodaban”, según el diario A Região.
Al ser preguntado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el caso, Gilson Prata afirmó que las denuncias de Leal “no llegaron a prosperar” porque “los pagos habían sido autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía”, de acuerdo con una nota sin fecha publicada en el sitio de la SIP. Prata no comentó sobre la supuesta persecusión que había reportado el periodista.
Sarmento era asistente informal de la entonces secretaria del gobierno municipal, María Alice Araújo, según la acusación del MP. Aún cuando existen sospechas de que el prefecto habría ordenado el crimen, la denuncia nunca fue presentada por falta de pruebas, publicó Abraji.
Fernando Gomes se pronunció sobre tales sospechas en una carta a la SIP, de acuerdo con la nota publicada sin fecha en el sitio de la organización. Él dijo que “tan pronto supo del crimen, declaró públicamente su interés por el esclarecimiento” del hecho y que “nunca fue enemigo de Leal, solo fue una de la decena de víctimas del periodista”.
Maria Alice Araújo, por su parte, no respondió a la solicitud de la SIP para comentar sobre el caso, según la nota.
