Las jornadas se realizaron a principios del mes de abril y contaron con la ponencia de Daniel Ospina, investigador de transparencia de la organización Dejusticia. (Captura de pantalla)
El acceso a la información pública es un derecho que no siempre es respetado por quienes están en posiciones de poder. Tiempos de respuesta prolongados y desconocimiento sobre los recursos legales para acceder a datos públicos son comunes en Latinoamérica, sobre todo en las regiones o zonas alejadas de las grandes ciudades.
Es por esto que el equipo de Contratopedia Caribe en Colombia decidió realizar una serie de capacitaciones virtuales y gratuitas, dirigidas a estudiantes de periodismo de Cartagena y Barranquilla, para dar a conocer herramientas de la Constitución de Colombia y la Ley de Acceso a la Información. El evento se denominó “Tu derecho a saber: jornadas de periodismo e información pública”.
“Los estudiantes son los futuros periodistas y queríamos hacerles énfasis desde el aula cuán importante es el acceso a la información pública (sobre todo en momentos tan retadores como la pandemia). La idea es dejarles esa semilla sembrada para tratar de promover entre ellos el uso al acceso a la información pública y el ejercicio desde los mecanismos constitucionales”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Tatiana Velásquez, cofundadora y reportera de La Contratopedia Caribe.
La Contratopedia Caribe surgió, hace apenas tres años, como una plataforma digital especializada en seguirle el rastro a la contratación pública en el Caribe colombiano (que incluye centros urbanos y zonas de atractivo turístico como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha, entre otros) para que los ciudadanos sepan cómo sus gobernantes ejecutan sus impuestos.
“Contratopedia fue confundado por dos periodistas: Antonio Canchila y yo. Luego se unió María Alejandra Romero. Estamos en un proceso de desarrollo institucional que empezamos en agosto de 2021 con un apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) para tratar de fortalecer el área empresarial de la iniciativa. También hemos recibido apoyo de la Fundación Gabo. Actualmente tenemos un segundo apoyo del ICFJ para realizar estas jornadas”, explicó Velásquez.
Colombia cuenta con una ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional desde 2014. En ella se reflejan las normativas para la protección de este derecho fundamental y se establecen las obligaciones en materia de publicación de datos y respuesta a solicitudes de información.
Sin embargo, a pesar de que se han cumplido ocho años de la promulgación de esta ley, Colombia ha sufrido graves retrocesos en materia de transparencia debido a decisiones tomadas por el Gobierno nacional y funcionarios públicos que han obstaculizado el acceso a la información, según indican organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia ha denunciado que “la ‘cultura del secreto’, preponderante en las entidades estatales colombianas, encontró terreno fértil en el mundo hiperdigitalizado”. Esto debido a que en 2020, por la pandemia por el COVID-19 y la transición al trabajo remoto, el Gobierno colombiano duplicó los plazos de respuestas para que los funcionarios públicos entreguen información. Se pasó de 10 días hábiles a 20.
“Hoy en día las circunstancias que justificaron esta medida han desaparecido, sin embargo el Gobierno ha luchado por mantener su decreto y no ha tenido la iniciativa de restablecer la garantía de este derecho a plazos razonables. Se presentó una propuesta que revierte esta ampliación, el Proyecto de Ley 448 de 2020. Sin embargo, el Senado todavía no ha citado al último debate, y algunos congresistas advierten falta de voluntad para hacerlo”, publicó la FLIP en su página web.
Además de los atrasos, la FLIP también ha denunciado que las entidades usualmente responden a las peticiones diciendo que los documentos están sometidos a ‘reserva’ o que no están autorizadas para la entrega de la información. De esta manera, se obstaculiza la labor periodística.
El equipo de Contratopedia asegura que estos impedimentos son ciertos y, en la mayoría de ocasiones, no se respetan los tiempos estipulados para la entrega de datos. “A nosotros nos ha pasado. Pedimos unos datos de unos contratos de funcionarios en Cartagena y nos respondieron 10 meses después. También cuando pedimos unos contratos sobre el COVID-19 se demoraron 4 meses, y así hay muchos ejemplos de exceso de tiempo”, dijo Velásquez. “Por eso decidimos hacer capacitaciones sobre este tema porque nos dimos cuenta que en Colombia hay grandes vulnerabilidades al derecho al acceso a la información pública”, enfatizó la periodista.
Ketty Roqueme, estudiante de periodismo de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, se enteró de las jornadas ‘Tu derecho a saber’ de Contratopedia por redes sociales y no dudó en inscribirse.
“Creo que este espacio de Contratopedia ha sido súper valioso. Nos han resaltado cómo la ley de transparencia y acceso a la información es un gran aliado periodístico. La mayoría de los asistentes eran estudiantes que están empezando su formación y nunca está de más tocar estos temas”, dijo Roqueme a LJR.
Las jornadas se realizaron a principios del mes de abril y contaron con la ponencia de Daniel Ospina, investigador de tecnología y transparencia de la organización Dejusticia; Johamna Lalinde, docente e investigadora del programa de Comunicación Social de la Universidad del Norte; Jineth Prieto, periodista de investigación de La Silla Vacía y Daniel Morelo, ingeniero informático y diseñador digital.
“Los ponentes nos resaltaron, una y otra vez, la importancia de presentar a la audiencia una nota transparente y eso me ha quedado resonando luego de las charlas. Me gustó que no solo se quedara allí sino que también nos explicaran como hacer seguimiento a las peticiones de información y nos explicaran cómo conseguir datos en la web y darle un enfoque diferente a través del cruce de variables”, comentó Roqueme.
Como parte de las jornadas, Contratopedia diseñó también unos kits de herramientas digital sobre acceso a la información pública, visualización de datos y herramientas básicas para ejercer tu derecho a saber en Colombia que pueden ser consultados gratuitamente.
El equipo de Contratopedia asegura que la ley de acceso a la información es subutilizada en el contexto periodístico de la región caribe. Por ello intentan que, desde muy jóvenes, los periodistas incluyan mecanismos constitucionales de petición en el trabajo diario.
“Es importante tener esta ruta de acceso a la información pública no solo porque como periodistas debemos tener pluralidad de fuentes, sino porque estamos en la obligación de poder brindarle a la audiencia un contenido veraz, un contenido basado en hechos reales y datos duros”, concluyó la estudiante.
