Un juez militar recomendó que el soldado estadounidense Bradley Manning, acusado de filtrar documentos militares clasificados a WikiLeaks, enfrente una corte marcial, reportó la agencia española EFE.
Manning, de 24 años, enfrenta más de 20 cargos criminales, incluidos el de ayudar al enemigo y espionaje. Si bien en rigor podría ser condenado a muerte por estos delitos, los fiscales dicen que "sólo" pedirán cadena perpetua, reportó Público.es. Manning está acusado de descargar más de 700.000 documentos gubernamentales secretos que llevaron a las masivas revelaciones de WikiLeaks, tales como aquellas ligadas a cables diplomáticos y las guerras en Afganistán e Irak.
En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está exigiendo a Twitter que entregue información sobre las cuentas de tres usuarios ligados a WikiLeaks, reportó Mashable. Un juez distrital se negó a bloquear la orden del Departamento de Justicia a la espera de la sentencia de una corte de apelaciones federal, con el argumento de que "la apelación tiene pocas probabilidades de éxito ya que la jurisprudencia apoya en forma 'abrumadora' a la posición del gobierno", añadió Bloomberg.
Tal fallo significa que Twitter deberá entregar datos sobre tres personas presuntamente vinculadas a WikiLeaks: Birgitta Jonsdottir, miembro del parlamento islandés; Jacob Appelbaum, un investigador que representó a WikiLeaks en una conferencia de hackers en Nueva York en 2010; y Rop Gonggrijp, un activista y empresario holandés. Los tres querían postergar la entrega de cualquier información hasta que saliera el fallo de la corte de apelaciones, pero los fiscales plantearon que cualquier demora perjudicaría la investigación criminal de un gran jurado acerca de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, informó Wired.
Computer Business Review destacó que la decisión del juez distrital es un ejemplo más por qué "la protección de las libertades civiles debe ser clarificada a la luz de la era digital y que se debe tomar en cuenta los derechos civiles en relación a la tecnología". Según la publicación, el crecimiento de las redes sociales y la voz que ofrecen ha llamado la atención de varios gobiernos y que por lo tanto los derechos de los ciudadanos privados necesitan ser establecidos y aampliados en "la esfera tecnológica".
