* Este artículo fue actualizado para incluir declaraciones de Javier Rebolledo al Centro Knight.
El periodista chileno Javier Rebolledo Escobar fue absuelto del delito de “injurias graves con publicidad” del que fue acusado por un exoficial del Ejército sentenciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó la agencia EFE.
La jueza Ely Cecilia Rothfeld, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, desestimó los cargos por falta de pruebas contra Rebolledo este 9 de octubre en el juicio único establecido por la justicia el pasado 16 de agosto, agregó EFE. Sin embargo, la jueza no se pronunció sobre el fondo de la denuncia, informó El Mostrador.
El periodista, aunque se mostró contento por estar “absuelto y libre”, le dijo al Centro Knight que quedó con “un gusto amargo” debido a que la jueza no entró en el fondo de la causa.
Según explicó Rebolledo, los querellantes no pudieron presentar sus pruebas durante el juicio final de este 9 de octubre por un error de forma al presentar la denuncia. Esta situación habría sido la razón por la que la jueza le anunció a la parte de la defensa que Rebolledo sería absuelto y lo eximiría, si así lo deseaba, de no presentar sus pruebas. Una propuesta que aceptó la defensa, según Rebolledo.
“No lo dijo textualmente, pero en el fondo lo que dijo [la jueza] es que a mí se me había absuelto por falta de pruebas […], pero eso no significaba que yo fuera inocente en el fondo de la injuria porque eso no se había juzgado”, dijo Rebolledo.
El caso contra Rebolledo se originó en su más reciente libro llamado “Camaleón: doble vida de un agente comunista”, publicado en agosto de 2017. El exoficial Raúl Quintana Salazar y su hija, quien interpuso la querella el 30 de abril, consideraron que el libro describe hechos considerados injuriosos.
Uno de estos hechos tiene que ver con una presunta tortura y violación sexual en contra de una mujer extranjera por parte del exoficial. Quintana Salazar fue un agente del servicio de inteligencia del país, llamado entonces DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), quien se encuentra en la actualidad en la cárcel Punta Peuco, un recinto exclusivo para miembros de las fuerzas armadas y de orden.
El delito por el que fue acusado Rebolledo tiene penas hasta de tres años de prisión. Los querellantes además pedían el pago de una multa de un millón de pesos chilenos (aproximadamente US $1.460), así como el cambio de algunos párrafos en las próximas ediciones del libro, informó EFE.
Tras su absolución, Rebolledo anunció que denunciará a sus querellantes por el “daño moral” ocasionado, pero también con el propósito de generar consciencia de las implicaciones que tiene interponer una acción como estas.
“No es llegar y querellarse contra un periodista. Si no son capaces de probar la injuria, uno también tiene el derecho a demandarlo y eso también tiene que pagarse porque existe un daño moral, existe un daño a la honra cuando te querellas sin fundamento como fue el caso de esta gente y existe un daño a la profesión”, aseguró Rebolledo. “Existe también un amedrentamiento, existe un estrés que se produce en la persona y yo lo tuve que vivir durante meses. Sí, con mucha solidaridad de parte de mis colegas, de parte de mucha gente de Chile y de distintas partes del mundo que me apoyaron, pero eso no quita que hay un daño”.
En efecto, la denuncia contra Rebolledo, quien lleva un poco más de 13 años cubriendo violaciones de derechos humanos durante la dictadura chilena para diferentes medios y ahora como autor editorial, causó polémica en Chile. Asimismo, organizaciones internacionales y nacionales de defensa de la libertad de prensa rechazaron la querella y expresaron su apoyo a Rebolledo.
El periodista también le dijo al Centro Knight que ahora que su caso fue cerrado, trabajará con un grupo de diputados y con el apoyo del Colegio de Periodistas de Chile y de abogados de derechos humanos en un proyecto de ley para derogar del código penal el delito de injurias.
“Entendiendo que esto atenta contra la libertad de expresión, pero sobre todo atenta contra el derecho de informarse de los ciudadanos. Está probado que en lugares donde existe en el código penal la posibilidad de meter preso a periodistas y ciudadanos por ‘la posibilidad de injuriar’ a personas – ya sean individuos o poderes fácticos – es una tremenda herramienta que se les da a aquellos y que es un amedrentamiento que puede derivar claramente en la autocensura”, explicó Rebolledo.
Según dijo, esperan presentar este proyecto de ley antes de terminar este año. Rebolledo cree que el ambiente puede estar propicio para que se cambie la ley.
“Creo que existe una consciencia a estas alturas del partido de que la prensa es algo que nos pertenece a todos, que está consagrado y que se está violentando el derecho de libertad de expresión”, dijo el periodista. “Al afectar el derecho a la libertad de expresión se afecta el derecho a informarse, y eso es común a toda la ciudadanía. Es común a los diputados, es común a los senadores, es común a lo presidentes, es común a los jueces, es común a los ciudadanos de a pie. Y yo creo que esa consciencia está”, concluyó.