“La tiranía venezolana podría liberar a un preso político todos los días y aún así no terminar jamás”, escribió en su cuenta de X el periodista venezolano Rory Branker, en diciembre de 2024. La publicación coincidió con el anuncio de una ronda de excarcelaciones de presos políticos, en las que se incluía a un grupo de periodistas, que habían sido detenidos durante las protestas contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024.
Dos meses después, el 20 de febrero de 2025, Branker era detenido en su residencia en Caracas por agentes del servicio de inteligencia nacional.
Branker ha sido por más de 10 años editor de uno de los medios digitales más leídos en el país, La Patilla, y también director de contenidos de El Farandi, un portal sobre noticias de entretenimiento.
La Patilla denunció que tras la detención, funcionarios no identificados regresaron a la residencia de Branker para incautar tres laptops y tres teléfonos móviles.
Tras una semana sin información sobre su paradero, el ministro de Interior de Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó en su programa televisivo semanal que el periodista estaba detenido por supuesta extorsión por publicación de noticias falsas. A la fecha, los familiares desconocen su lugar de reclusión.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que las detenciones de presos políticos, en las que se incluyen los periodistas, tienen un efecto de puertas giratorias y buscan funcionar como un “castigo ejemplarizante”.
“Al régimen lo que importa es seguir teniendo presos políticos ya que los usan como fichas de cambio y como válvulas de control de presión”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Génesis Dávila, abogada y fundadora de la organización defensora de derechos humanos Defiende Venezuela. “Liberan durante las navidades para que se vea como un ‘regalo’ del régimen benevolente o excarcelan en medio de ‘negociaciones’ para mostrar que ‘están cediendo’”.
Los datos parecen confirmar esta perspectiva. Según información recogida por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y completada y analizada por LJR, entre 2024 y 2025, 16 periodistas han sido detenidos en Venezuela.
De estos, la mitad sigue en prisión mientras que el resto fue excarcelado. Según informó el SNTP, finco de estas liberaciones ocurrieron durante época navideña: Yousnel Alvarado, Paúl León, Daysi Peña, Ana Carolina Guaita y Fernando Chuecos.
“Otro caso claro de que hay un efecto de puertas giratorias es del periodista Roland Carreño”, dijo a LJR Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys). “Él estuvo preso 3 años, del 2020 al 2023. Salió en una de las negociaciones y en el marco del contexto electoral lo vuelven a meter preso”.
Ipys Venezuela en su Reporte anual 2024: “La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio” dice que el encarcelamiento de periodistas es un brutal mecanismo de censura que suele ser instrumentalizado políticamente como “castigo ejemplarizante”.
Además, según el reporte, tiene un efecto colectivo de profundizar el escepticismo y la desesperanza sobre la legítima aspiración de la ciudadanía a recuperar las libertades democráticas en el país.
“El castigo ejemplarizante también los ayuda [al régimen] a controlar la presión interna”, dijo Dávila. “Si meto preso a un periodista los demás periodistas tendrán miedo de hacer su trabajo. Nadie quiere ser el siguiente”.
LJR conversó con dos periodistas venezolanos que, por temor a represalias, prefieren mantenerse en el anonimato. Ambos aseguraron que estas detenciones los han llevado a replantearse si continuar ejerciendo su profesión. Por ahora, optan por no firmar sus notas y mantener un bajo perfil en redes sociales.
La autocensura no es la única consecuencia. Según el reporte de Ipys, 22 periodistas fueron desplazados forzosamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Es decir, los periodistas se vieron obligados a apartarse de sus lugares de residencia después de ser víctimas de amenazas o ataques físicos o verbales (11), tras recibir información sobre una orden de detención en su contra (6) y por avisos de posible detención (5).
Por otra parte, los reportes de anulación de pasaporte al menos 40 periodistas y activistas de derechos humanos, después de las elecciones presidenciales en julio de 2024, también se han considerado una forma eficaz de neutralizar y acallar las voces críticas, según el grupo de derechos humanos Laboratorio de Paz.
Según Balbi, en todas las detenciones a periodistas no se ha cumplido el debido proceso judicial. Por lo tanto, dijo ella, estos son casos de detenciones arbitrarias o forzadas.
En marzo, el periodista de sucesos, Román Camacho, fue detenido después de su cobertura del homicidio de una persona en el barrio José Félix Ribas de Petare, en la capital venezolana. Según informó el SNTP, el periodista fue imputado por la comisión de los presuntos delitos de “incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas” y liberado a las 48 horas.
“No le dan información a los familiares, no permiten abogados, los acusan de delitos como terrorismo”, dijo Balbi.
Y, en efecto, 11 de los 16 periodistas detenidos, entre 2024 y 2025, han sido imputados por terrorismo e incitación al odio, de acuerdo con los datos de Ipys.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) alertó que Venezuela lideró la lista de países en América Latina y el Caribe con más encarcelamientos de periodistas en 2024, superando a Nicaragua y Guatemala, donde también se han registrado casos similares.
“Nosotros jamás habíamos tenido este número de periodistas detenidos, jamás”, dijo Balbi. “Los periodistas defendemos el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información que son derechos civiles y políticos. Por lo tanto, todos los periodistas detenidos se pueden considerar presos políticos”.
