Por Alejandro Martínez
Después de décadas de una cultura de secretismo virtualmente impenetrable en el gobierno mexicano, en el 2002 México aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Desde entonces, se ha convertido en un modelo internacional frecuentemente citado sobre cómo otros gobiernos deberían elaborar sus propias leyes de transparencia.
Sin embargo, durante el 11vo Foro de Austin del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, el cual se centró este año en los temas de transparencia y rendición de cuentas, la periodista mexicana y profesora de la Universidad Ibero Americana, Margarita Torres, dijo que la ley no es perfecta y que los periodistas no la están utilizando tanto como deberían.
En una sesión acerca de la transparencia en México, Guatemala y Nicaragua, los panelistas discutieron los avances y los desafíos pendientes en la implementación de leyes de información publica en estos países.
A pesar de que algunos periodistas se han convertido en expertos en el uso de la ley y han desarrollado historias importantes de interés publico utilizándola, Torres dijo que esos casos son todavía muy pocos y distantes entre sí. Muchos periodistas en México siguen sufriendo “declaracionitis”, o la dependencia en declaraciones para escribir artículos. Estas notas a menudo se limitan a solo reflejar lo que dijeron los funcionarios del gobierno, ofreciendo poco contraste y careciendo de análisis, dijo Torres.
El uso frecuente y eficaz de las leyes de transparencia del país puede ayudar a solucionar el problema dijo.
“Esta información nos puede ayudar a comprender lo que ha ocurrido en México en los últimos años”, dijo.
A pesar de los cambios recientes para afinar la ley -- una reforma que fue aprobada este año va a requerir que los sindicatos y organizaciones no lucrativas que reciben fondos públicos cumplan con solicitudes de información publica -- otro obstáculo es que el marco jurídico de la transparencia en México no es homogéneo. Todas las instituciones federales deben cumplir con la ley, sin embargo, cada uno de los 32 estados del país tiene sus propias leyes de transparencia, resultando en una implementación desigual en todo el país.
Para Torres, es necesario que los periodistas mejoren su conocimiento de las estructuras gubernamentales y la forma de hacer solicitudes de información pública efectivas.
En el mismo panel, la periodista guatemalteca Alejandra Gutiérrez Valdizan, del sitio de noticias independiente Plaza Pública, también habló sobre la ley de acceso a la Información pública en su país, la cual fue aprobada en el 2008.
Gutiérrez describió la aprobación de la ley como un avance positivo que promueve la mayor transparencia posible entre las instituciones gubernamentales. Sin embargo, Gutiérrez dijo que la ley no incluyó ninguna sanción por no cumplir con las peticiones u ordenó la creación de un organismo regulador que responda a las cuestiones relativas a la aplicación de la ley.
Gutiérrez dijo que la aprobación de la ley no significa que el país haya trascendido su cultura de opacidad, la cual es más grave en el ámbito local.
Recientemente, Plaza Pública solicitó una serie de datos de 75 instituciones gubernamentales, como los nombres de las personas que trabajan allí, sus salarios y sus hojas de vida. A partir de la solicitud, Plaza Pública encontró que cada institución responde a su propia manera. No hay un método estándar para organizar la información y la información está descentralizada, Gutiérrez agregó.
Plaza Pública concluyó que las organizaciones más opacas fueron aquellas relacionadas con el sector privado, como la energía y la minería. En un país donde el sector privado se ha mantenido en gran parte libre de regulaciones gubernamentales durante años, Gutiérrez dijo que es importante saber qué impuestos pagan y qué campañas políticas patrocinan.
Finalmente, Leonor Zúñiga con el Centro de Investigaciones en Comunicación, hablo del acceso a la información pública en Nicaragua durante el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Si bien el país dio un paso importante cuando aprobó una ley de acceso a la información pública en el 2007 y modernizó los sitios web del gobierno, Zúñiga dijo que sigue siendo muy difícil encontrar información importante acerca de las actividades de las instituciones gubernamentales.
Zúñiga describió la ley como corta y simple, y en gran parte se limita a explicar cómo solicitar información a las instituciones. Sin embargo, al igual que en Guatemala, la ley no establece sanciones cuando los funcionarios públicos no responden a las solicitudes.
En general, Zúñiga dijo que se ha vuelto difícil obtener información por parte del gobierno, incluso en sus niveles más básicos.
Por ejemplo, Ortega no dio una sola conferencia de prensa entre el 2007 y el 2012, y los medios de comunicación tienen prohibido hacer preguntas durante la gran mayoría de los actos públicos.
El departamento central de comunicación del país implementó recientemente una nueva política de “información no contaminada”, que tiene como objetivo transmitir mensajes del estado a la población con el menor número de filtros mediáticos posibles. Además de esto, el gobierno ha aumentado sus adquisiciones de medios de comunicación. Todos los canales de televisión en VHF, excepto uno, pertenecen a la familia de Ortega o un empresario mexicano que simpatiza con el gobierno, dijo Zúñiga.
Los panelistas concluyeron enfatizando la importancia de desarrollar colaboraciones entre los periodistas y las organizaciones no lucrativas para seguir presionando a sus gobiernos y promover el uso de las leyes de transparencia.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
