Guest post by Fabiano Angélico*
Algunos investigadores vinculan la existencia de una ley de acceso a la información pública en un país con su desarrollo económico y social. Después de todo, el primer país en promulgar una ley de acceso fue Suecia, que ostenta índices positivos de desarrollo humano. El segundo fue Finlandia, también reconocido como uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Estados Unidos fue el tercer país en adoptar una ley general sobre el acceso a la información pública.
Ante la evidencia de que, al materializar la idea de transparencia, una ley de acceso a la información fortalece las instituciones democráticas y mejora la vida de las personas, cerca de noventa países han aprobado leyes de ese tipo. Brasil, sin embargo, no vive el mismo momento: el proyecto de ley sobre el acceso a la información pública está en trámite en el Congreso desde 2009, sin que la opinión pública le preste mucha atención.
Sólo en las últimas semanas es que la prensa brasileña "descubrió" el proyecto de ley y comenzó a darle importancia. De hecho, no es correcto decir que la prensa brasileña se ha referido al proyecto, ya que el énfasis se ha concentrado únicamente en la parte que regula el período de reserva de documentos secretos (el proyecto de ley tiene 47 artículos).
Periodísticamente, tiene sentido hacer énfasis en este aspecto de la ley, después de todo este debate es sin duda importante. Además, el uso de términos tales como "secreto" tiene mucho atractivo y son de fácil comprensión para amplios sectores de la población.
Sin embargo, una ley de acceso a la información pública es mucho más que eso. Una ley general de acceso a la información pública garantiza la transparencia gubernamental, al crear reglas para que las personas tengan acceso a todos los datos y la información de los gobiernos, con muy pocas excepciones. Con una ley de acceso, cualquier persona puede acceder a información sobre temas tan diversos como la política de vivienda y las actividades antimonopolios y de defensa de la competencia.
Cualquier persona --periodista, investigador o apenas un interesado -- puede, por ejemplo, pedir documentos sobre la construcción de casas populares y puede preguntar al municipio cuál fue el criterio de selección de las personas beneficiadas por el programa de vivienda. Respecto de las acciones antimonopolios, cualquier persona puede consultar los documentos de organismos públicos que, por ejemplo, permitieron la fusión de dos grandes empresas.
En resumen, el acceso a la información de los gobiernos es esencial para un trabajo con más investigación de la prensa y para la confianza del público en las instituciones democráticas.
Ojalá la prensa brasileña y la opinión pública no se olviden del tema y presionen para la rápida aprobación de la ley brasileña de acceso a la información pública.
*Periodista. Especialista em transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Maestro e investigador en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo.
Para más detalles sobre las leyes de acceso a la información y los avances en el tema en América Latina, vea la siguiente nota y el mapa del Centro Knight al respecto.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
