Cuando Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en 2013, diferentes organizaciones dentro y fuera del país expresaron su preocupación por los efectos negativos que la norma podría tener en la libertad de expresión.
Cuatro años después las cifras parecen demostrar que esta preocupación era real. Desde el 25 de junio de 2013, día en que entró en vigencia la ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) – la entidad de control a los medios creada por la LOC – ha procesado 1.081 casos en contra de medios y periodistas de los cuales 675 han terminado en sanciones, según información de la entidad.
Para la ONG ecuatoriana Fundamedios, que lleva sus registros de manera independiente, de los 859 procesos ante la Supercom hasta el 15 de mayo de 2017, 401 fueron iniciados de oficio y por funcionarios públicos, mientras que 458 iniciaron por denuncias.
De las 527 sanciones a medios y periodistas registradas por Fundamedios, 324 corresponden a multas, 137 a amonestaciones escritas y 54 casos en los que han sido obligados a ofrecer disculpas públicas.
Por concepto de las multas, según la ONG, la Supercom ha recaudado US $531.288. Sin embargo, Fundamedios aclaró “que no ha sido posible obtener información sobre el monto exacto” por las multas.
Para las organizaciones críticas de la LOC el problema con estas sanciones es que se hacen por conceptos que vulneran derechos incluidos en la libertad de prensa como por ejemplo el derecho a una línea editorial. Así por ejemplo, una de las sanciones más polémicas tuvo lugar en 2015 cuando el diario La Hora fue multado por no publicar la rendición de cuentas del entonces alcalde de Loja, Bolívar Castillo.
También han generado polémica algunas réplicas que los medios se han visto forzados a hacer. El diario El Comercio, por ejemplo, tuvo que rectificar un artículo en 2015 que según Fundamedios contaba con los documentos que lo respaldaban. Para la organización, el diario “fue obligado a mentir en la portada”.
Las exorbitantes multas han llevado a que muchos medios opten por la autocensura con el fin de evitarlas.
El diario El Universo ha sido tal vez uno de los más multados. En 2015 por ejemplo fue multado por US 350.000 dólares por no publicar una réplica en la manera en que había sido diagramada y escrita por la Secretaría de Comunicación. El diario ya había publicado una réplica de la misma nota por un pedido del Ministro de Finanzas, pero la Secom no quedó conforme, según Fundamedios.
Los enfrentamientos de la Supercom con el caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ de El Universo también son conocidas. Él fue el primero en ser sancionado con la LOC cuando fue obligado a rectificar un caricatura, pero también ha tenido que ofrecer disculpas y ha recibido amonestaciones escritas a lo largo de estos años.
En el marco de este aniversario, Fundamedios organizó el pasado 22 de junio el foro público ‘Resistiendo a la Censura: 4 años de la Ley Mordaza’ con el propósito de “generar propuesta para mejorar este cuerpo legal”.
“Cuatro años es un tiempo suficientemente largo, quizás demasiado largo, para haber experimentado los defectos de esta norma y son un momento preciso para hacer una evaluación de los pocos pros y de los muchos contras de esta norma”, señaló al inicio del encuentro el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Iñigo Salvador, en donde tuvo lugar este foro.
Para Mariana Neira, presidente de Fundamedios, la LOC fue el resultado de la confrontación que inició el expresidente Rafael Correa desde el inicio de su primera administración en 2008. En su presentación, Neira hizo un recuento histórico de los diferentes ataques a la prensa antes de la entrada en vigencia de esta ley y enfatizó que esos ataques se hacían más fuertes “cuando se tocaba un punto sensible: la corrupción”.
Para Neira la más grande resistencia de los periodistas y medios se ha dado a través de sus trabajos de investigación. Por tal motivo, señaló que para poder lograr un país libre de corrupción se necesita una prensa libre.
“Para que la prensa sea libre, de la LOC debe desaparecer lo que pretende un control ideológico de contenido, todo aquello que impide el libre de pensamiento, la libertad de expresión”, dijo Neira.
Durante el primer panel del evento, asambleístas presentaron las reformas a algunos artículos de la ley “con el fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa”, según un comunicado de Fundamedios.
Algunas de las propuestas está en reemplazar la Supercom y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) “por un Consejo de la Comunicación que promueva las libertades, conformado por representantes de varios espacios”. Asimismo se propuso cambiar el concepto de noticias de interés público y eliminar la autocensura.
Durante un segundo panel, periodistas como Janeth Hinostroza, Luis Miguel Baldeón y Juan Manuel Yépez discutieron cómo la LOC ha afectado su trabajo periodístico y a los medios donde trabajan. Para Yépez la Supercom presenta contradicciones debido a que es una entidad que acusa y juzga a la vez.
Por su parte la Supercom celebró los cuatro años de esta ley que “reconoce e impulsa los derechos ciudadanos a la información y comunicación”. En una comunicación del pasado 26 de junio, la entidad resaltó las acciones realizadas en el marco de esta ley que no solo incluyen los procesos sino los monitoreos de forma aleatoria a los contenidos de los medios con el objetivo de proteger a la niñez o incentivar la difusión de contenidos interculturales, entre otros, así como las auditorías hechas a los medios.
“Todas estas acciones han permitido un reconocimiento del derecho humano a la comunicación, que es uno de los cambios más profundos que se ha experimentado en el país, además de una mejora en la calidad de los contenidos”, señaló la Supercom. “Pero uno de los aspectos más importantes es que en cuatro años ningún medio ha sido cerrado o clausurado, con lo cual la libertad de expresión e información han sido garantizadas en el marco del respeto a los derechos ciudadanos”.
Aunque ningún medio ha sido cerrado por decisión de la Supercom y de la LOC, en 2016 los relatores especiales de la ONU y la CIDH expresaron su preocupación por la “aplicación arbitraria” de esta ley.
“Su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno”, dijeron los relatores según el comunicado.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
