El siguiente texto fue primero publicado en el sitio de Sustainable Governance Indicators News'.
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Los medios de Brasil se caracterizan por dueños oligopólicos y algunas opiniones predominan. Periodistas y activistas de derechos humanos urgen crear nuevas leyes y regulaciones para proteger la libertad de expresión y el acceso a la información en el país que será anfitrión de la Copa del Mundo 2014.
Folha de S. Paulo, uno de los periódicos de mayor circulación en Brasil. © Rodrigo Sá.
Desde el fin de la dictadura militar en 1985, Brasil es conocido como un país libre en cuanto a la libertad de expresión y el acceso a la información. A pesar de que ambos derechos están garantizados en la Constitución de 1988, hay una perturbadora distinción entre las palabras escritas en papel y la implementación de la práctica. El oscuro periodo de censura y tortura de las voces opositoras que se hacían en calabozos en la dictadura ya terminó, pero algunos hechos recientes cuestionan el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información en el país anfitrión de la Copa del Mundo FIFA 2014 y las Olimpiadas de Verano 2016.
En enero, Lúcio Flávio Pinto, uno de los periodistas brasileños más prestigados y fundador del boletín de noticias independiente Jornal Pessoal, fue sentenciado a pagar más de $200,000 al empresario Romulo Maiorana Júnior y su compañía familiar. La demanda está basada en un reporte Pinto titulado "O rei da quitanda" ("El rey de las tienditas"), el cual analiza los pactos de negocio de Organizações Romulo Maiorana, uno de los grupos mediáticos más grandes al norte de Brasil. Pinto acusó a Romulo Maiorana de usar su empresa para presionar a los anunciantes.
Por sus constantes denuncias de corrupción y de actos ilegales en los productos de madera, Pinto enfrenta 33 demandas actualmente. Su caso es un ejemplo perfecto de censura judicial que cada vez acosa más a los profesionales de medios en Brasil. Mientras que la libertad de expresión sigue siendo un derecho fundamental, la corte se ha convertido en una manera efectiva para afectar a empresas de medios y silenciar a periodistas y blogueros críticos.
Un pequeño número de empresas de medios dominan la opinión en Brasil
La persecución de Pinto también es un símbolo de otra amenaza contra la libertad de prensa en BrasilÑ el legado de los "coroneles", los arquetípicos terratenientes o empresarios que también eran funcionarios públicos y por lo tanto tenían una gran influencia en los medios y en la opinión pública.
Esta situación destaca en el reporte de Reporteros Sin Fronteras, "Brasil, el país de 30 Berlusconis", una referencia al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, dueño del conglomerado de medios más grande en Italia. El reporte enfatiza la alta concentración de la propiedad de medios en Brasil: 10 grupos de negocio controlan casi todas las organizaciones de medios en el país.
Este hecho también fue señalado reporte de Brasil de Indicadores de Sustentabilidad de Gobierno, donde el país recibió tres de 10 puntos en la evaluación de pluralidad de medios. Brasil está por detrás de otros países BRIC como India, Rusia y Sudáfrica en este rubro. Sólo el indicador de China es más bajo.
Uno de los mejores ejemplos de la estructura oligopólica de los medios masivos en Brasil es el dominio de Rede Globo, la cadena de televisión más grande en Brasil y en América Latina: En 2012, la empresa obtuvo más de 43 por ciento de la participación de mercado de televisión. En el mismo año, el gobierno invirtió más de 62 por ciento en publicidad en televisión, de acuerdo con una declración hecha por Altercom, la Asociación de Pequeños Negocios y Emprendedores Individuales de Comunicación.
De acuerdo con el reportero de Reporteros Sin Fronteras, "los medios brasileños reflejan una relación incestuosa con los centros de poder político y económico. La concentración de propietarios a nivel nacional y regional y el acoso y censura en el nivel local son lo que distingue un sistema que nunca ha sido cuestionado desde el final de la dictadura que duró de 1964 a 1985, con los medios comunitarios como las víctimas principales".
Activistas urgen una nueva ley de internet para garantizar los derechos de usuarios y la neutralidad en la red
A pesar de la prohibición constitucional de conflicto de intereses, es difícil tomar una concesión de medios de un político. Además, el nepotismo también puede ocultar al verdadero dueño de una estación de radio o periódico local. Para muchos activistas, el problema es la falta de una legislación que regule las comunicaciones, un tema controversial que separa a los simpatizantes de otros que lo ven como una jugada para una interferencia peligrosa en el contenido de los medios audivisuales.
João Brant, un experto en regulación de comunicación y políticas públicas de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, cree que un marco regulatorio más estricto podría garantizar mayor acceso a medios y una pluralidad de voces en la sociedad:
"Lo que la Constitución protege primordialmente es la libertad de expresión. Esta libertad está ahora sofocada en Brasil y una de las razones es que los medios privados no abren espacios para mostrar la diversidad. (...) La preocupación con la interferencia de contenidos es absolutamente válida y debe existir, pero no puede haber una razón para abandonar el debate y buscar soluciones," argumenta en una entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
En este escenario, internet puede emergir como un canal alternativo de comunicación. Sin embargo, el acceso a internet es todavía difícil y caro en Brasil. Además, los sitios y blogs son cada vez más atacados por órdenes de censura de la corte, las cuales representan una sentencia de muerte para muchos que no tienen los medios para cargar con los costos de representación judicial.
Sobre el tema de un apagón de contenidos online, en el último Reporte de Transparencia de Google, publicado en abril pasado, Brasil es el país con mayor número de solicitudes del gobierno para retirar contenido por órdenes judiciales. En la segunda mitad de 2012, el gigante de búsquedas en internet recibió 1,461 demandas con base a órdenes de la corte de parte de gobiernos alrededor del mundo para retirar contenidos, incluyendo videos en YouTube y resultados de búsqueda, y casi 43% de esas peticiones provinieron de autoridades brasileñas.
Mientras tanto, los activistas de internet esperan con ansias la adopción de una nueva ley de internet llamada Marco Civil, la cual establece los derechos y las obligaciones de los usuarios de internet en Brasil y garantiza la neutralidad en internet. El borrador de la ley fue aprobado por el Senado en 2011, pero el voto en la Cámara de Diputados fue pospuesto cinco veces por falta de consenso y resistencia de las empresas de telecomunicaciones.
Cada mes, un periodista o activista de derechos humanos es asesinado en Brasil
Este frágil entorno incentiva la violencia contra los profesionales de medios. Una investigación de la organización Article 19 publicada en marzo pasado revela que un periodista o defensor de derechos humanos es asesinado cada cuatro semanas por su trabajo en Brasil. Por cada asesinato, hay más de tres instancias de reporteros o abogados de derechos humanos que sufren ataques contra su vida, de acuerdo con la publicación.
Los descubrimientos del estudio se basaron en investigaciones de la organización no lucrativa sobre los crímenes, atentados, amenazas de muerte, secuestros y desapariciones en el país. En total, 52 periodistas y defensores de derechos humanos reportaron graves violaciones a sus derechos en Brasil en 2012. Esto equivale a una violación cada semana en promedio.
El emblemático caso del periodista Lúcio Flávio Pinto y los números citados por Article 19, Reporteros Sin Fronteras y Google contradicen el aparente acceso a la información absoluto que muchos dicen que existe en Brasil. Una manifestación efectiva sobre la diversidad social del país está lejos de ser una realidad. Pero el rudo respeto del gobierno por la independencia de los medios todavía lidera la revelación de casos de corrupción y reportes, de todas formas pobres, sobre el ejercicio del poder. Esto es suficiente para que el país reciba 7 de 10 puntos en la evaluación de libertad de prensa, de acuerdo con los indicadores Sustainable Governance Indicators.
Proyectos importantes relacionados con la libertad de expresión y ultimadamente con la democracia -como el marco regulatorio de comunicación y el Marco Civil- siguen almacenados. Ambos dependen de la voluntad política de aquellos que se benefician de su fracaso. Con reformas legislativas apropiadas y el cumplimiento de los preceptos fundamentales de la constitución brasileña, la libertad de expresión puede cumplir exitosamente con su rol como un termómetro de la calidad de la democracia.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
