“En Veracruz fue posible matar a tantos periodistas porque hacerlo no tiene ningún costo político”, dijo la periodista independiente Paula Mónaco Felipe a LatAm Journalism Review (LJR).
Veracruz es uno de los estados mexicanos más peligrosos para ser periodista y México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre los años 2010 al 2016, al menos 17 periodistas fueron asesinados en Veracruz y otros tres fueron desaparecidos.
“Decidimos mirar para atrás y estudiar ese periodo de tiempo para contestar a la pregunta: ¿por qué matan a los periodistas?”, agregó Mónaco, quien estuvo a cargo de la reportería, escritura y edición de la reciente investigación “Veracruz de los silencios”.
Según el equipo investigador, en los 20 casos estudiados, más de 60 personas han sido señaladas por las autoridades como posibles responsables, sin embargo, solo 29 personas han sido investigadas, imputadas y algunas detenidas.
La violencia letal contra periodistas en Veracruz y sus consecuencias es mundialmente conocida, pero la investigación de Artículo 19 aporta nuevos hallazgos.
Lo primero que dijeron Mónaco y María De Vecchi, oficial del Programa de Verdad y Memoria de la organización, a LJR es que la censura, el miedo y el silencio persisten para los periodistas en Veracruz y las familias de los periodistas asesinados. También comentaron que aún existe “casi nulo acceso a las fuentes originales oficiales” de la época relacionadas con estos casos.
Uno de los grandes aportes de la investigación es el enfoque macro criminal, a cargo de la especialista María Eloisa Quintero, abogada, investigadora y consultora internacional sobre macro criminalidad. Un concepto que refiere a los hechos criminales que se desarrollan en gran escala o a crímenes internacionales que incorporan políticas y prácticas institucionales.
Identificaron que la mayoría de los cuerpos de los periodistas asesinados fueron dejados en la vía pública (solo dos cuerpos se encontraron en fosas), “un mensaje de terror para generar silencio”, explicó De Vecchi.
Pero también “encontramos que la mayoría de los periodistas asesinados fueron víctimas de tortura. Estuvieron un periodo de tiempo en manos de sus captores que recabaron información por medio de la tortura, en algunos de los casos les habían quitado instrumentos de trabajo”, dijo Mónaco. “El Estado había minimizado el hecho de que fueran periodistas, pero estos datos ayudan a entender de que sí los pueden haber asesinado por su labor periodística”.
En un escenario de impunidad como el de Veracruz, las investigadoras resaltaron que el trabajo de los periodistas asesinados y desaparecidos fue borrado: “La mayoría de las páginas donde publicaban están bajadas. En las empresas donde trabajaban no se ha guardado nada. En la hemeroteca estatal nos dijeron que habían tirado todos los periódicos de esa época, y las familias han dejado de tener el archivo por miedo a lo que pueda implicar”, explicó Mónaco. “Es como si ese periodo no hubiera existido”.
La investigación Veracruz de los silencios se realizó entre junio de 2022 y octubre de 2023. El equipo de investigación realizó cuatro viajes a Veracruz. Entrevistó a 33 periodistas, familiares de víctimas, exfuncionarios, y personas expertas en la violencia en Veracruz y en México durante 2010-2016.
También analizaron más de 350 fuentes abiertas (de acceso y uso público) para conocer el discurso de las autoridades antes y después de los asesinatos y desapariciones de los periodistas. Realizaron 288 solicitudes de información vía transparencia a instancias federales, estatales y locales. Obtuvieron 86 documentos del Registro Público de Comercio y 20 de otros padrones y registros oficiales.
Mónaco contó que solicitaron a “fiscalía y a diversos entes del gobierno de Veracruz comunicados y boletines oficiales de los casos, acceso a expedientes, novedades de líneas de investigación, convenios y contratos de publicidad, y en casi todo tuvimos negativas. Nos decían ‘no tenemos esa información, eso ya no existe’”.
Además, la periodista reconoció que “fue muy difícil que la gente quisiera hablar, poner la cara y la voz en las entrevistas. Por eso le llamamos Veracruz de los silencios”.
Según las autoras de la investigación, un dato no menor, pero poco discutido en México, es el rol de los medios (“empresas”, como les llamaron) en el asesinato y desaparición de los periodistas.
“En los primeros años de asesinatos contra la prensa en México, la gente pensaba que los mataba el narco. Luego se supo que también los mataba el Estado, entre el 40% y el 65% de las agresiones contra la prensa [asesinatos, amenazas, secuestros, entre otros] en México han sido perpetradas por agentes del Estado”, dijo Mónaco. “Estos son los dos elementos analizados hasta ahora”.
Para complejizar este panorama, durante la investigación hallaron dos condiciones por las que ellas dicen que los medios permiten y facilitan la violencia contra la prensa: la concentración de medios y el conflicto de intereses por parte de sus propietarios.
El equipo investigador relevó que durante el sexenio analizado en el estado de Veracruz había 108 medios impresos, y que 19 de los 20 periodistas asesinados y desaparecidos en ese período trabajaban en alguno de estos medios (no en radio ni en televisión).
También encontraron que entre tres grupos corporativos editaban 24 de los medios impresos más influyentes del estado.
“Los medios concentrados en pocas familias que además pertenecen a la clase política es una trama turbia que permite la violencia contra los periodistas”, según Mónaco.
“Estas compañías tenían un funcionamiento bastante opaco, la mayoría eran sociedades anónimas de capital variable. Tenían acciones poco transparentes en lo que respecta a lo tributario, y solo una de ellas tenía por objeto social editar medios de comunicación”, explicó Mónaco. Y agregó que el resto estaban autorizadas para vender aires acondicionados, televisores, heladeras, realizar construcciones, pero no para editar medios.
“Las familias dueñas de estos medios participaban en la vida política y tenían cargos políticos en Veracruz, por lo que asignaban a sus propias empresas fondos públicos”, explicó Mónaco en entrevista.
“Estas son las empresas que pagan 200 dólares por mes a los periodistas para cubrir temas peligrosos mientras que reciben millones de pesos. Eso condicionaba la línea editorial y los periodista desconocían para qué lado jugaban”, dijo Mónaco.
Jorge Sánchez continúa publicando el periódico de su padre. (Foto: Cortesía)
A pesar de que queda muy poco registro del trabajo de los periodistas asesinados y desaparecidos durante el periodo 2010-2016 en Veracruz, Jorge Sánchez mantiene vivo el legado de su padre.
Moisés Sánchez fue un periodista destacado en Medellín de Bravo, una ciudad ubicada en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue hallado el 24 de enero de 2015, luego de haber sido secuestrado de su casa y desaparecido. Desde un principio hubo sospechas -incluso de las autoridades- de que el entonces alcalde de la ciudad, Omar Cruz Reyes, y miembros de la Policía Municipal podrían estar involucrados. Sin embargo, Cruz lo negó y nadie ha sido acusado.
La lucha de Jorge Sánchez no solo implica reclamar justicia por el asesinato de su padre, sino que sigue editando el medio independiente que fundó Moisés: La Unión Veracruz. Sánchez aprendió el oficio en la práctica con su padre desde los 13 años, luego cursó estudios en computación.
“Mi padre me señaló que el gobierno no hace nada a menos que haya una presión social, y para hacer presión están los medios de comunicación”, dijo Sánchez a LJR para dar cuenta de una de las razones por las que continúa con el medio.
Sánchez contó que su padre comenzó a ejercer el periodismo en la década de 1980, y que siempre trabajó de forma independiente. Él se encargaba de todo el proceso: hacer las entrevistas, recabar la información, escribir, hacer la maquetación, imprimir y repartir los ejemplares. Así, según Sánchez, se volvió un periodista destacado de la zona.
Actualmente, Sánchez dijo que en Veracruz, “muchas veces uno sube la noticia de que asesinaron o secuestraron a una persona y luego te están hablando para que bajes la información, que eso no se puede cubrir, que no fue un secuestro. La narco política tiene muy identificado qué quieren que salga y qué no”.
En su caso, agregó que decidió dejar la “nota roja porque es muy complicado desenvolverse en esa categoría”. Además, dijo que “se controla mucho la información y que si asesinan a un periodista, el mensaje inmediatamente es que algo debía estar haciendo, que andaba en malos pasos”.
“[En México], a nadie le escandaliza ni se sabe qué número de periodistas asesinados vamos”, dijo Mónaco.
Durante la entrevista con LJR las investigadoras compartieron una serie de medidas que, a su entender, son una ayuda para mitigar la violencia contra los periodistas en Veracruz y en México.
Por ejemplo, limitar el volumen de dinero que las autoridades entregan en convenio con publicidad oficial, que ellas dijeron que hasta ahora se da de forma desigual y por decisiones políticas.
“Cuando terminó el gobierno de Duarte cerraron al menos 16 medios; a ese nivel era la dependencia económica”, contó Mónaco.
Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016, ahora condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero y actualmente en prisión. También fue acusado por el delito de desaparición forzada.
Además, Mónaco dijo que es necesario impedir el conflicto de intereses del sector político y empresarial con los medios; resguardar el trabajo de los periodistas asesinados para facilitar la investigación del crimen y construir memoria; facilitar el acceso a expedientes a las familias de los periodistas asesinados y representación legal; investigar los casos más allá de los autores materiales y responsabilizar a los autores intelectuales; y mejorar el mecanismo de protección de periodistas en México que no es suficiente para el nivel de violencia que están expuestos por su trabajo.
Para las investigadoras también es relevante que se mejoren las condiciones laborales de los periodistas y exigir a los medios que respondan ante sus asesinatos y desapariciones. De lo contrario, sucede lo que contó Mónaco, y que se publicó en el reportaje, sobre el asesinato de Gregorio Jiménez, periodista veracruzano secuestrado por un grupo armado el 5 de febrero de 2014 y luego hallado sin vida en una fosa: “Fui al funeral de Gregorio Jiménez y los medios para los que trabajaba ni siquiera querían pagar el ataúd”.
