Asociaciones de medios periodísticos y de periodistas en Bolivia están en alerta debido a la propuesta de reforma del Código del Sistema Penal que está en debate en el Congreso de ese país. Las entidades alegan que el artículo 200 del nuevo Código, que prevé sanciones a la mala práctica profesional, representa una amenaza a la libertad de prensa por abrir paso a la criminalización de los periodistas en el país.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) son algunas de las entidades que ya se han manifestado contra el artículo, que originalmente solo imponía sanciones a la mala práctica médica.
Según la agencia EFE, el artículo fue reformulado después de la protesta del Colegio Médico de Bolivia, y pasó a sancionar "la imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o de los deberes inherentes al ejercicio”.
En un comunicado difundido el 26 de septiembre, la ANP afirmó que la aprobación de tal artículo “tendría consecuencias funestas en el campo periodístico donde se impondría la autocensura, mientras todos los ciudadanos de Bolivia estarían sujetos a una censura previa en la difusión de ideas y opiniones”.
De ser aplicado a periodistas y comunicadores, el artículo 200 “vulneraría los principios constitucionales y la Ley de Imprenta que protegen el ejercicio periodístico” en el país, dijo la ANP.
La asociación se manifestó horas después de que José Alberto Gonzales, presidente del Senado boliviano, afirmó que la ley afecta “a los que sean profesionales, se abarca a todos, no solo al ámbito de los médicos”, según El Deber. El senador también dijo que los periodistas pueden tener una actitud culposa cuando, por ejemplo, alienten “al suicidio y que una persona que escuchó ese programa se lance de su ventana”.
La ANP dijo en su comunicado que la propuesta entra en conflicto con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que versa sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como con el artículo 106 de la Constitución, que trata sobre el mismo tema.
“Los periodistas no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario y deben acogerse a un Tribunal Especial comprendido en la Ley de Imprenta, ampliamente reconocida por la Constitución en el Artículo 107, que admite la vigencia de ‘normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley’”, agregó la asociación.
El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, dijo a EFE que con la posible aplicación del artículo propuesto para periodistas “se transgrede la Constitución”, y que pedirá una consulta al Congreso boliviano para que explique si el artículo afectará a estos profesionales.
En respuesta a las inquietudes de los periodistas y comunicadores, la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo el 28 de septiembre que el artículo no cambia la situación de categoría, regida por la Ley de Imprenta boliviana.
“El artículo de mala práctica profesional ha generado una serie de conjeturas que hay que aclarar. (...) Esa redacción no afecta en nada, no modifica en nada la situación actual que tienen en términos normativos los periodistas y los medios de comunicación”, dijo la diputada, según El Deber.
En medio de la controversia, el senador Gonzales afirmó el 28 de septiembre que convocará a la ANP para conversar con los legisladores sobre el controvertido artículo. “[Queremos] explicar el sentido de la normativa para que se queden todos tranquilos y si eventualmente se puede mejorar un poquito la redacción [del artículo], tal como sucedió con el caso de los médicos (...). Yo dije desde el primer momento, no es el ánimo de perseguir, ni criminalizar, ni penalizar el trabajo de ningún profesional boliviano”, dijo, según el diario Página Siete.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
