Los mensajes filtrados por un grupo anónimo habrían supuestamente mostrado que el expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) sostuvo una operación durante su mandato para llevar a cabo ataques en línea contra periodistas críticos de su mandato, así como presionar a los ejecutivos de los medios para que detuvieran la cobertura negativa de su gobierno.
Estos mensajes habrían sido intercambiados entre Varela y asesores, funcionarios gubernamentales y figuras públicas entre 2017 y 2018, a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp y fueron publicados por un grupo anónimo en el sitio Varelaleaks.com. Los responsables del sitio se describen como “un grupo de ciudadanos latinoamericanos comprometidos con la democracia y hastiados de la corrupción y abuso de nuestras autoridades”. Dijeron que los mensajes fueron recopilados desde un teléfono móvil al que tenían acceso.
Según el sitio Panamá América, desde el 5 de noviembre, varios medios de comunicación en el país han recibido un mensaje del grupo que indica el sitio donde se pusieron a disposición cerca de 25 GB de archivos que contienen los mensajes.
Expresidente panameño Juan Carlos Varela (derecha). (Foto: Presidencia de la República Mexicana / CC BY 2.0).
Desde que se publicó la filtración, Varela ha reconocido que los mensajes son suyos en más de una ocasión. Sin embargo, sostiene que lo que se extrajo del teléfono estaba “distorsionado, alterado y manipulado con la clara intención de causar un daño”, según afirmó mediante un comunicado publicado el 7 de noviembre en sus redes sociales. En una nueva declaración emitida el 13, el expresidente dijo que “la intercepción ilegal, alteración y filtración de mis conversaciones privadas, una vez más, son el más bajo acto de cobardía de mis adversarios políticos”.
Los mensajes han sido explorados por varios medios panameños, los cuales encontraron conversaciones entre Varela y funcionarios del gobierno que señalaban un supuesto esquema de acoso en línea de figuras públicas criticas con su gobierno, inclusive periodistas, dirigido directamente por el expresidente, según reportó Panamá América.
El “Tweet Center” de Varela, según el sitio de noticias, estaba compuesto por colaboradores de la campaña presidencial que, después de las elecciones, fueron contratados en puestos gubernamentales. El expresidente habría coordinado la operación con Rafael Montes, entonces subdirector de la red de televisión estatal Sertv, y los dos, “a través de su equipo de funcionarios públicos, trabajaron memes y mensajes de choque en las redes sociales contra periodistas, políticos, abogados y la sociedad civil que en algún momento cuestionaron la gestión de gobierno”, afirmó Panamá América.
Entre los objetivos de esta supuesta operación estarían los periodistas Álvaro Alvarado, Atenógenes Rodríguez y el comentarista Juan Carlos Tapia.
Además del “Tweet Center”, los mensajes señalan que el entonces Secretario de Comunicación de Varela, Carlos Estrada, se habría referido a varios periodistas como homosexuales usando términos homofóbicos, informó Panamá América.
“Queda claro que Juan Carlos Varela y su equipo de Comunicación estructuraron un plan para desprestigiar a varios periodistas calificándolos de coimeros, homosexuales, payasos, etc. Varias veces denuncié que todos los ataques en mi contra eran estructurados por él y su call center”, dijo Alvarado en su perfil de Twitter.
Según el sitio Varelaleaks.com, los mensajes también indican que el expresidente panameño influía en el periódico La Prensa a través de Fernando Berguido, expresidente del diario que fue designado por Varela como embajador de Panamá en Italia durante su gobierno.
En una conversación del 29 de agosto de 2018, Varela presuntamente envió a Berguido el enlace de un tuit de La Prensa con un artículo sobre un discurso que el entonces presidente pronunció en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. El tuit afirmaba que “un reclamo” interrumpió el “discurso optimista” de Varela. “Esto no fue así. Fue la parte de las preguntas. ¿Le pongo sello de falso encima?”, habría preguntado el expresidente al exembajador.
Berguido supuestamente respondió a Varela que le había enviado un mensaje a Chelle, supuestamente refiriéndose a María Mercedes de Corró, vicepresidenta ejecutiva de La Prensa y también embajadora de Panamá en España bajo el gobierno de Varela, y a la “directora", supuestamente Rita Vásquez, directora del periódico. En el mensaje que dijo haber enviado a las dos, Berguido supuestamente califica la cobertura de La Prensa como “injusta”, “mal intencionada”, “retardada” e “infantil”.
En mensajes enviados minutos después, Berguido supuestamente envía el enlace del artículo y comenta “al menos le cambiaron el titular”, y luego, según los informes, agrega “estoy pidiendo ir al LP esta semana a hablar”. A lo que Varela habría respondido: “Sí, es solo eso. Que pongan las cosas bien”.
En las conversaciones entre Corró y Varela, también filtradas, el expresidente supuestamente intenta dirigir la cobertura de La Prensa, ofreciendo entrevistas y sugiriendo enfoques, y supuestamente se queja de ciertos artículos publicados por el periódico sobre su gobierno. Más de una vez, Corró habría defendido la publicación, como en el mensaje del 30 de noviembre de 2017, en el que habría dicho que La Prensa “ha sido respetuosa y solidaria con su lucha al punto de que, por primera vez, en la historia de el periódico nos han tachado de oficialistas”.
Varela también se habría quejado directamente con Stanley Motta, propietario de la cadena de televisión TVN, sobre la cobertura de la emisora sobre su gobierno. “Entiendo tú estás con tu familia de vacaciones y no estás en el día a día, pero es tu canal y son tus periodistas”, dijo el expresidente el 27 de julio de 2017. Sin recibir respuesta, Varela habría insistido al día siguiente: “Stanley, tus periodistas y tu canal han sido los más agresivos en esto. Te agradezco me digas dónde estamos”.
A Miguel Heras, actual presidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y miembro del directorio de TVN, el expresidente también le habría reclamado sobre la cobertura periodística de la red. “La verdad [es] que en este país uno mete a todos los periodistas en una licuadora y no saca uno. Unos por corruptos, otros por incompetencia”, habría dicho Varela en un mensaje del 19 de octubre de 2018.
Una periodista nombrada varias veces en las presuntas quejas del expresidente a Motta y Heras es Sabrina Bacal, funcionaria de TVN y presidenta del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá (CNP).
“Presiones a los medios, ataques concertados en redes sociales contra periodistas críticos, insultos e irrespeto a la labor de los periodistas, son algunas de las conductas que atentan contra la libertad de expresión que se extraen de los #VarelaLeaks. ¡Deplorable!”, escribió Bacal en su cuenta de Twitter.
En un comunicado emitido el 21 de noviembre, el CNP y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información declararon que la filtración de los mensajes de Varela “ha dejado al desnudo grandes debilidades de nuestra institucionalidad”.
“La coyuntura obliga a un llamado enérgico a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles a que comprendan y respeten la labor de los medios de comunicación. El deber del periodismo es informar con rigor e independencia los hechos de interés público, evitando tomar partido en disputas personales, políticas o agendas partidistas”, escribieron las organizaciones.
Los mensajes filtrados provocaron la renuncia de la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcell, nombrada por Varela en diciembre de 2014 por un periodo de diez años, según informó CNN.
Ella anunció su renuncia el 13 de noviembre, la cual será efectiva a partir del 1 de enero de 2020. De acuerdo con CNN, las conversaciones entre Varela y Porcell filtradas en Varelaleaks “dejan entrever supuestos pedidos de favores personales, tráfico de influencias y posible intromisión del expresidente en el manejo de casos en el Ministerio Público”. También dan cuenta de cómo la procuradora, Varela y su hermano José Luis Varela, entonces diputado, “habrían orquestado los acuerdos de pena” entre el gobierno panameño y la empresa constructora brasileña Odebrecht.
