Miguel Henrique Otero, presidente y editor del tradicional diario venezolano El Nacional dijo que el medio va a llevar su caso a instancias internacionales luego de recibir una sentencia que lo obliga a pagar US $13,3 millones como indemnización.
“Por supuesto vamos a ir a las instancias internacionales que se ocupan de estos temas de libertad de expresión, el Sistema Interamericano, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, vamos a pelear en estas instancias con todos los argumentos que tenemos, que son la verdad”, dijo Otero a LatAm Journalism Review (LJR).
El 16 de abril, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a El Nacional pagar una indemnización al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado número dos en el chavismo, por daño moral y difamación. El monto estipulado, de 237 mil petros (criptomoneda estatal venezolana), equivalente a unos US 13,3 millones de dólares.
Cabello acudió en 2015 a los tribunales contra El Nacional, uno de los periódicos más tradicionales del país, y contra los medios digitales venezolanos Tal Cual y La Patilla, por haber republicado información publicada originalmente por el diario español ABC.
Según el reportaje de ABC, el exjefe de seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, presuntamente acusó al líder chavista de tener vínculos con el narcotráfico, poco después de desertar y refugiarse en Estados Unidos. La investigación de ABC fue replicada por más de 80 medios y agencias de noticias internacionales, según un editorial de El Nacional. En ese momento, Cabello negó cualquier participación en el tráfico de drogas.
Miguel Henrique Otero. (Foto: Mary Kang/Centro Knight)
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, dijo que la reedición de contenidos de otros medios debería ser trivial.
“En cualquier país democrático, reflejar una acusación de esa naturaleza es parte de la tarea periodística habitual; en la Venezuela de estos días, es la antesala del infierno”, dijo en una entrevista con LJR.
Otero, exiliado en España, dijo que republicar información de otro medio nunca sería motivo de una demanda por difamación “en ningún país del mundo que haya Estado de derecho”. Afirmó además que hechos posteriores confirmaron el contenido de la denuncia de ABC.
“Lo peor de este caso es que el artículo decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal del estado de Nueva York, un fiscal federal. Él dijo que eso era mentira, pero lo que pasó tres años después es que la DEA hizo un indictment [acusación] y la DEA montó una recompensa de US 10 millones de dólares por la cabeza de Diosdado. Si algo demuestra que esa investigación se estaba haciendo, es lo que pasó después con la decisión de la DEA”, aseguró Otero.
Para Jornet, el régimen busca, con la sentencia, enviar un mensaje al resto de medios independientes, que “luchan por subsistir en un país que hace tiempo dejó de lado todo atisbo de institucionalidad”. “El mensaje es: no se atrevan siquiera a informar sobre una acusación al régimen, porque todo el peso del aparato estatal caerá sobre ustedes. El daño para las libertades de prensa y expresión es, por ende, enorme. Y quizá irreversible”, dijo.
La demanda contra Tal Cual, que también fue llevada a la justicia por publicar la misma información, sigue en curso, dijo a LJR el editor en jefe de TalCual, Víctor Amaya. “El equipo jurídico de TalCual trabaja incansablemente para que haya justicia y respeto a la libertad de prensa”, afirmó.
Según él, los periodistas del medio digital lamentan la sentencia contra El Nacional, pero no se dejan intimidar. “Seguimos con el ánimo de hacer un buen periodismo y cumplir con nuestra responsabilidad. Noticias como estas no nos amilanan, sino que nos impulsan”, dijo Amaya quien agregó que [en el país] “se aprovechan los controles institucionales para profundizar la censura y la autocensura”.
Jornet dice que apoyar a El Nacional ahora mismo “es defender los últimos resabios de libertad de prensa” en el país. “El Nacional es un referente de la prensa venezolano, que en agosto de este año cumplirá 77 años. Hace ya tres años que debió suspender sus ediciones impresas, por las recurrentes trabas para importar papel periódico y otros insumos, como le ocurrió a todos los medios que no se alinearon con el chavismo y quienes hoy representan a esta ideología”.
Sede del diario El Nacional de Venezuela. (Foto: Creative Commons/ Guillermo Ramos Flamerich)
El periódico dejó de circular en forma impresa en 2018, luego de enfrentar una serie de persecuciones y dificultades para acceder al papel de periódico.
Para Otero, la demanda es parte de una larga historia de agresiones contra el diario, que culmina con la transferencia de propiedad a Cabello.
“Una vez nos pusieron una bomba. Al que puso la bomba lo apresaron y lo soltaron. Otras veces han venido los colectivos, que son los paramilitares que funcionan con el gobierno, a atacarnos, a pintarnos las paredes, a insultarnos, a llamarnos, a amenazarnos. También hemos estado sometidos a distintos juicios, donde los tribunales operan como brazo legal del Ejecutivo, no hay ningún tipo de independencia de poderes. También nos impidieron comprar papel prensa para imprimir el periódico, por lo tanto, el periódico desde hace tres años es un periódico online”, dijo.
Sede del periódico como compensación
La indemnización de US $13,3 millones podría tener graves impactos para El Nacional. En entrevista con Reuters, el abogado del diario, Juan Garantón, dijo que “es una cifra astronómica (...) no hay cómo” pagarla. El abogado, que pidió una aclaración al tribunal, dice que la sentencia no explica cómo se determinó el monto.
Otero también refuerza que no existen recursos para liquidar la indemnización y, por tanto, el diario puede verse obligado a entregar su sede como parte del pago. “Si la sentencia es ejecutada, nos van a ir a cobrar el dinero, no tenemos el dinero, entonces embargan y le entregan todo a Diosdado Cabello, como sustitución del monto que ellos asignaron”,
Pese a esto, Otero había dicho, en una entrevista con la televisión colombiana NTN24, que el medio no cerrará. “Yo no creo que El Nacional vaya a desaparecer, El Nacional es una web. Desaparecerán las instalaciones, las rotativas, pero nosotros seguiremos informando. [...] Y al final publicaremos el titular ‘Venezuela regresa a la democracia’”.
Jornet, de la SIP, dice que la sentencia es “claramente expoliatoria” y no una expropiación, que sería la transferencia de una propiedad al Estado. En ese caso, el periódico pasará a manos de un individuo, un líder chavismo. “Diosdado Cabello busca apropiarse del diario (de hecho, así lo dijo expresamente, y anunció, con un dejo de insana ironía, que donaría el edificio para crear una Universidad de Comunicación)”.
En varias ocasiones Cabello había dicho que las instalaciones de El Nacional se convertirían en una “Universidad Internacional de Comunicación”. También llegó a decir en 2018, con ironía, que cambiaría el nombre del periódico a “The Wall Street Furrial, The Furrial Times”, en honor a su ciudad natal, El Furrial.
Respecto a esta amenaza de transformar el diario en una universidad, Otero dijo que en realidad puede suceder si ejecutan la sentencia. “Pues, realmente, el periodismo que ellos enseñarían sería un periodismo terrible. No creo que los que vayan a formar ahí, si es que los llegan a formar, puedan ejercer el periodismo en ninguna parte”.
Otero está de acuerdo en que esta no es una expropiación normal del gobierno venezolano. Califica la acción como una “confiscación personal” por parte de Cabello. “Él puede hacer con eso lo que quiera, él dice que va a hacer un periódico, ha enseñado una primera página, allá hay una rotativa que me imagino que él tiene la intención de usar”.
Jornet agrega que, para entender lo absurdo que es el monto de la indemnización, es necesario considerar el contexto económico de Venezuela.
“Un empleado estatal de ese país cobra menos de cinco dólares mensuales, y que el promedio salarial de los trabajadores públicos y privados es de unos 50 dólares (los cálculos son todos aproximados, porque la moneda nacional y el sistema estadístico prácticamente desaparecieron). [...] Si Cabello se considera un servidor público y cree que los salarios que estos perciben son adecuados para cubrir sus necesidades, que se quede tranquilo, que podrá vivir 225 mil años, o 2.250 siglos [con el dinero de la indemnización]”, dijo.
La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, Marianela Balbi, dijo a LJR que la sentencia no tiene precedentes en el país, “por la desproporcionalidad de la multa aplicada con la intención clara de confiscar los bienes del medio de comunicación”.
Balbi destacó que el honor de un funcionario público, que debe ser sometido al escrutinio público, no puede situarse por encima del derecho de la sociedad a ser informada. Además, el caso muestra, según ella, un instrumento del sistema judicial.
“El uso del entramado de tribunales, de un sistema judicial totalmente cooptado por el poder ejecutivo y las figuras clave del gobierno de Venezuela, para entablar juicios y causas contra periodistas y medios sin ninguna posibilidad de que estos puedan enfrentar un juicio en igualdad de condiciones. Por esa razón hay varios periodistas en el exilio”, aseguró Balbi.
Reacciones
Organizaciones que defienden la libertad de prensa y expresión han calificado la sentencia como “acoso judicial”, “aberración judicial” y “acto de venganza”.
Representantes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) se han pronunciado en contra de la decisión judicial, el más reciente de una serie de ataques del régimen venezolano contra la prensa.
En un comunicado, la coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, dijo que la “exorbitante” indemnización “busca castigar aun más al diario por su posición editorial independiente y tiene un efecto inhibidor sobre otros medios de prensa”.
“Se trata de un claro ejemplo de acoso judicial contra uno de los pocos medios independientes de Venezuela, el cual ha logrado seguir informando pese a todas las adversidades”, dijo Southwick.
La SIP calificó la sentencia como un “grave atropello contra la libertad de prensa”, una “aberración judicial y un acto de venganza”. El presidente de la entidad, Jorge Canahuati, dijo que la decisión no sorprende “en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político”.
A través de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, también condenó la decisión. “Este asalto a la libertad de expresión amerita sanciones individuales contra los responsables, incluidos los ‘jueces’ de la Corte Suprema que firmaron este adefesio”.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP), Tinedo Guía, dijo en un video que el régimen sigue tratando de criminalizar a los periodistas por su labor de informar, “un servicio público”.
“La verdad es la víctima favorita de los autócratas, de aquellos que se pretenden líderes sin serlo, sin legitimidad de origen”, dijo. “En consecuencia, cada periodista que busca la verdad de la noticia se enfrenta a los ataques de los que quieren ocultarla”.
*Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido por Silvia Higuera.
