texas-moody

Periodistas necesitan más preparación y garantías para cubrir protestas en América Latina con seguridad, dicen expertos

Esta es la primera entrega de una serie sobre la cobertura de protestas en América Latina. Aquí puede leer la segunda y tercera entrega.

 

Illustration of photojournalist covering a protest

(Ilustración: Pablo Pérez ‘Altais’)

Ángel Gahona estaba transmitiendo un enfrentamiento entre la policía antidisturbios y manifestantes a través de Facebook Live en Bluefields, Nicaragua, cuando recibió un disparo que le arrebató la vida.

Apenas cuatro días antes, el 18 de abril de 2018, habían estallado protestas en todo el país centroamericano contra las reformas al sistema de pensiones propuestas por el régimen del presidente Daniel Ortega.

El caso de Gahona pudo haber sido único porque su asesinato fue transmitido en vivo. Sin embargo, él es solamente uno de los muchos periodistas que se convierten en víctimas al cubrir protestas en las calles a lo largo de América Latina en años recientes.

​​El repunte de las protestas públicas que en ocasiones se tornan violentas requiere garantías del Estado, pero también preparación de los periodistas latinoamericanos que se encuentran a sí mismos en medio de los enfrentamientos. Ya sea cubriendo una protesta por la corrupción en la política, el aumento de las tarifas de transporte o la tala ilegal, prepararse para este tipo de asignaciones puede implicar no solo investigar sobre la gente y los problemas involucrados, sino también cómo protegerse a sí mismo de potencial violencia.

“[La preparación] permite poder mentalizarse y situarse en escenarios posibles”, dijo Alejandra González, consultora para Artículo 19 en atención a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a LatAm Journalism Review (LJR). “Encuentro peores impactos en quienes no están preparados, en quienes no se contextualizan, en quienes no saben a qué van, que en quienes sí tiene una noción que sitúan a su quehacer en un escenario de conflicto”.

Crecientes protestas en América Latina

“A nivel mundial, hay un creciente uso de la protesta como una forma de participación política”, dijo a LJR V. Ximena Velasco Guachalla, profesora asistente del Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex quien se especializa en estudiar la protesta. “Los ciudadanos de todo el mundo no solo utilizan las protestas con más frecuencia, sino que también utilizan esta forma de participación política para hacer más y variadas demandas a los gobiernos”.

March in Chile 2019

Manifestantes en la Plaza Baquedano en Santiago, Chile, en 2019. (Hugo Morales, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, vía Wikimedia Commons)

Los contextos político, económico y social de cada país configuran las demandas de protesta, según la profesora.

“La ola de protestas en [América Latina y el Caribe], que para varios países inició en 2019, está motivada por varios factores que incluyen corrupción, aumento de impuestos, escasez de alimentos, violaciones de derechos humanos y elecciones, entre otras demandas”, dijo Velasco Guachalla. “Si bien las motivaciones que generan las protestas han variado, un denominador común en toda la región ha sido el rechazo a la represión gubernamental una vez que comenzaron las manifestaciones”.

Velasco Guachalla agregó que, si bien estas protestas se daban antes de la pandemia, COVID-19 “expuso las deficiencias de los gobiernos de la región en términos de prestación de servicios públicos en tiempos de crisis”. Esto dio lugar a nuevas manifestaciones.

En una región “conocida por la movilización social”, como señaló la profesora, la reciente ola de protestas es parte de una larga historia. Pero en otros países, son nuevos.

“Por un lado, las protestas en Bolivia, Argentina, Nicaragua y Perú son parte de un patrón de movilización social con una rica historia en estos países”, dijo. “Por otro lado, Colombia y Chile no se caracterizan por movilizaciones masivas y los acontecimientos recientes en estos países ofrecen oportunidades de aprendizaje para los movimientos sociales antiguos y emergentes”.

Ataques a periodistas durante protestas

Al menos 11 periodistas murieron durante las protestas en América Latina y el Caribe en los últimos 29 años, según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En la mayoría de los casos, los presuntos agresores son integrantes de las fuerzas de seguridad o agentes gubernamentales.

Encontrar información precisa sobre el estado de las investigaciones judiciales sobre asesinatos de periodistas durante las protestas es una tarea difícil. Sin embargo, de los 11 casos, la investigación de LJR muestra que sólo dos resultaron en condenas que fueron confirmadas. En el caso Gahona, el juicio fue criticado por muchos y posteriormente se concedió amnistía a los adolescentes condenados.

Haga clic en la flecha de este mapa interactivo para leer sobre los casos de los periodistas muertos durante protestas en América Latina desde 1992, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

 

Además del número de muertos, es probable que cientos de periodistas hayan sido atacados y algunos heridos, amenazados y hostigados mientras cubrían protestas en la región.

En un informe de 2020, la UNESCO encontró 125 casos de ataques o arrestos de periodistas que cubrían protestas en 65 países entre 2015 y 2020. Marcó un aumento global en esas cifras en 2019.

“La noción de la libertad de expresión está bajo asedio en diferentes naciones del mundo, principalmente por gobiernos que no reconocen el derecho de la gente a protestar pacíficamente y el derecho de los periodistas a estar presentes para cubrir esas protestas”, dijo Frank Smyth, autor del informe y experto en seguridad periodística global, a LJR.

Los ataques a periodistas que cubren protestas incluyen hostigamientos, golpizas, intimidación, arrestos, secuestros, detenciones, disparos con munición letal y no letal, daños a los equipos y más, según la UNESCO.

Además, la mayoría de los ataques a nivel mundial provienen de la policía y las fuerzas de seguridad, agregó. No hay datos exactos a escala regional, pero los periodistas pueden enfrentar ataques tanto de manifestantes como de las fuerzas de seguridad.

En los casos en que la violencia proviene del Estado, Smyth dijo que los ataques a periodistas en América Latina abarcan regímenes de diferentes ideologías políticas.

“Es el uso excesivo de la fuerza como una forma de controlar la disidencia, tratar de reprimir la disidencia y luego tratar de reprimir a los mensajeros que informan sobre esas protestas”, dijo.

Las responsabilidades del Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se han pronunciado sobre las responsabilidades del Estado de proteger a los periodistas que cubren protestas como parte de la garantía a la libertad de expresión. También han manifestado la obligación de los Estados de investigar y sancionar las violaciones que existan durante la cobertura de las protestas.

Journalists covering a protest in front of security forces

(Ilustración: Pablo Pérez ‘Altais’)

​​”Debe tenerse especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad; la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente”, se lee en un informe de 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“Los comunicadores no deben ser detenidos por el hecho de ejercer su labor, ni hostigados o atacados por las fuerzas del orden”, continúa el informe. “Por el contrario, [el Estado] tiene un deber de protección cuando sean víctimas de actos de violencia por parte de terceros; sus equipos y materiales no pueden ser retenidos, decomisados o destruidos”.

La Relatoría Especial también establece que las autoridades deben condenar los ataques en contra de los trabajadores de la prensa ​​y alentar la investigación y el enjuiciamiento por parte de las autoridades.

“Si bien el Estado debe abstenerse, de modo general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, debe formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, comunicadores” y otras personas debido al “rol que juegan estos actores en la prevención, monitoreo y control de la actuación del Estado”, señala.

Incluso la Corte IDH ha establecido jurisprudencia para los Estados de la región. En una decisión de 2012 determinó que Colombia había violado, entre otros, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –relacionado con la libertad de expresión– luego de que miembros del Ejército del país agredieron y amenazaron a un periodista que cubría una manifestación en contra del gobierno.

La decisión de la Corte en el caso Vélez Restrepo vs. Colombia marca un hito porque plantea las garantías que debe tener la labor periodística durante la cobertura de protestas, así como el deber de los Estados en su protección.

“La sentencia fija varios planteamientos que son relevantes. El primero es que la atención estatal a las protestas es un asunto de interés público y por lo tanto deben existir garantías para que la prensa pueda hacer cubrimiento de esos eventos de protestas”, dijo a LJR Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. “La segunda es que en el marco de esas garantías aplica el deber de prevención de violencia contra periodistas en cubrimiento, protección a periodistas que puedan verse afectados e investigación y sanción en el evento en que ocurran agresiones contra la prensa en ese cubrimiento”.

Debido a que en el caso de Richard Vélez no solamente hubo agresión durante la cobertura de las protestas en represalia por grabar los actos represivos del Ejército contra los manifestantes, según Vaca, sino también otra serie de violencias (incluidas amenazas) por la búsqueda de justicia por parte de Vélez, la Corte también pudo establecer protocolos en esa área.

“A partir de la segunda parte del caso de Richard Vélez, los Estados están obligados a que si los periodistas denuncian agresiones contra ellos el hecho de denunciar no les implique violencias o riesgos adicionales. Y eso sin duda marca un precedente muy importante para las garantías a la libertad de expresión en la región”, agregó Vaca.

Asimismo, como parte de las medidas de reparación y de garantía de no repetición, la Corte determinó que Colombia debía iniciar procesos de formación para los integrantes de las fuerzas de seguridad sobre el derecho a la libertad de expresión con el objetivo de que estas sean más conscientes de la labor de los medios y los periodistas, y de su deber de proteger ese derecho.

Aunque esta sentencia de la Corte tiene que ver con el Estado colombiano, lo cierto es que sus sentencias en general se convierten en estándares interamericanos que los demás Estados de la región también están llamados a acatar.

“Las sentencias de la Corte Interamericana también tienen esa cualidad de convertirse en marco de referencia y estándar interamericano. Y cuando hablamos de violencia contra periodistas en el marco de cubrimiento de protestas encontramos que es un desafío que tienen pendiente varios Estados de la región, con lo cual es deseable que también instalen particularmente mecanismos de prevención dentro de los cuales la capacitación a integrantes de la fuerza pública sobre el alcance, las características y la importancia de la labor periodística en el cubrimiento resulta relevante para que puedan tener más consciencia sobre el alcance operacional”, explicó el Relator. “Y sobre todo yo plantearía que la Fuerza Pública, lejos de ser un agresor de la prensa, está llamada a ser un garante del cubrimiento periodístico”.

Smyth también enfatiza la importancia de la capacitación de las fuerzas de seguridad.

“Lo más importante que puede hacer el Estado es [darles a las fuerzas de seguridad] la formación, la orientación y los parámetros adecuados para que no hagan un uso excesivo de la fuerza contra la prensa, respetar que la prensa tiene derecho a estar presente para cubrir las manifestaciones”, dijo Smyth. “Es en parte capacitación, pero también es dejar claro que el derecho a protestar está garantizado, al igual que el derecho a cubrir esas protestas”.

“Y necesitamos el liderazgo de los gobiernos de todo el continente para intensificar y afirmar esas normas y derechos para la libre expresión”, agregó Smyth, quien también es el autor de la Guía de seguridad para periodistas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Preparación necesaria

A pesar de las obligaciones por parte del Estado, y sin perjuicio de estas, expertos en seguridad señalan la importancia de que tanto medios como periodistas tomen medidas que puedan darles algo más de protección antes de salir a la calle.

Según estas voces expertas consultadas por LJR es importante que los periodistas reciban tanto entrenamientos físicos de protección y reacción para enfrentar estos momentos, pero también que haya un seguimiento psicológico.

Journalists covering a protest, standing to the side of protestors

(Ilustración: Pablo Pérez ‘Altais’)

De acuerdo con Jeff Belzil, director de seguridad de la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) y quien ha trabajado con periodistas y medios en América Latina y el Caribe, parece ser que la experiencia es la única que lleva a cambiar actitudes y comportamientos. Y esa es la razón por la que solamente hasta que hay un “trauma” los periodistas llegan más preparados a las protestas.

“Los humanos, nosotros, reaccionamos a situaciones. Es como un niño que va a tocar la estufa y la va a tocar hasta que se queme. Y luego cuando se quema aprende que tocar la estufa con las manos pues no es la mejor idea del mundo”, le dijo Belzil a LJR. “Y pasa lo mismo con el periodismo, que cada persona que no haya sufrido en un evento [agravios], durante una protesta, o nada concreto les ha pasado, ellos no se van a preparar. Los que sufrieron un trauma, los que sufrieron en un evento, durante una protesta, ellos la próxima vez sí van a decir ‘jamás voy a encontrarme en esta situación sin estar preparado’”.

Los periodistas que se preparan para cubrir protestas y manifestaciones pueden capacitarse con anticipación en temas como evasión, ambiente hostil y primeros auxilios. También deben aprender qué tipos de equipos de protección son útiles y cuáles podrían ser potencialmente dañinos. También hay medidas en el ámbito digital como proteger los dispositivos y crear una red de comunicación en caso de emergencia.

La seguridad y la protección física no son la única preocupación de los periodistas que salen a la calle. Un aspecto de la preparación y el cuidado que a menudo se pasa por alto es lo que sucede en la mente de los periodistas.

Luisa Ortiz Pérez, directora ejecutiva y cofundadora de Vita-Activa.org, creó una línea de ayuda que ofrece primeros auxilios psicológicos a periodistas y activistas latinoamericanos, particularmente mujeres o miembros de la comunidad LGBTQI+. Ella le dijo a LJR que, en promedio, su equipo recibe llamadas a diario de periodistas que cubren protestas o disturbios sociales y civiles.

“Los Primeros Auxilios Psicológicos son la piedra angular para generar un cambio de cultura y sistemas de apoyo más efectivos para periodistas y profesionales de los medios”, dijo. “Desestigmatizar las conversaciones sobre salud mental, normalizar los procesos en los que pedimos ayuda, integrar prácticas de bienestar, empáticas, antirracistas y conscientes de género en nuestras salas de redacción, equipa a los periodistas con las habilidades resilientes necesarias para trabajar en el entorno cambiante de hoy”.

Los expertos también destacan la responsabilidad de los medios y editores. Para Belzil, por ejemplo, hay varios pasos que un medio podría tomar, tales como dar a los periodistas el tiempo y los recursos para realizar los entrenamientos, entregar equipo de protección personal y hacer un plan de evacuación y seguridad, entre algunos aspectos.

En particular Belzil destaca la necesidad de que los periodistas sepan que está bien pedir ayuda y que no se deben someter a riesgos innecesarios.

“A mí me gustaría que los editores hablaran de seguridad con las periodistas o los periodistas. A mí me gustaría que ellos hablaran de los límites, de que si la cosa se pone fea, que no haya ningún problema por salir del lugar”, dijo Belzil. “A mí me gustaría ver más eso: los medios hablando de los riesgos asociados con la historia y de tener una charla para decir ‘oye, es que yo no quiero que te pongas en peligro o que resultes herido’ o ‘no pasa nada si sales del lugar o pides ayuda’”.

Para Belzil este tipo de conversaciones son especialmente importantes para las mujeres periodistas quienes, por cuenta “del tema del machismo” que las afecta en diferentes escenarios, enfrentan un mayor riesgo.

En los próximos artículos de esta serie, LJR explorará el problema de la violencia contra los periodistas en la región que están cubriendo protestas y manifestaciones con más detalle y mediante el análisis de casos particulares. Luego, daremos consejos y haremos recomendaciones de expertos en entrenamientos para que los periodistas usen cuando estén en el campo.


Silvia Higuera y Júlio Lubianco ayudaron en la realización de este artículo.

 

Este es el primer artículo de una serie sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.

Lea el segundo artículo: Periodistas reportan casos de violencia sufrida durante la cobertura de protestas en 2021 en América Latina

Lea el tercer artículo: Preparación y seguimiento al trauma son clave para periodistas que cubren protestas en América Latina

Disclaimer UNESCO ESP

Más artículos