La leche además de ser un producto esencial de la canasta familiar de la gran mayoría de la población de América Latina, también es un producto que hace parte de muchos programas de ayuda social dirigidos a la población más vulnerable en países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú.
Sin embargo, la contratación de las personas encargadas de llevarla a estas poblaciones así como el proceso mismo de entrega tiene irregularidades, conflictos de interés e incluso casos de corrupción, según lo reportó la primera serie de investigaciones publicada por la más reciente iniciativa de periodismo colaborativo que surge en América Latina llamada Red PALTA.
Encuentro de la Red PALTA en Lima donde decidieron el tema de su primera investigación. (Foto: cortesía).
La Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA) tienen por objetivo ser un “espacio de colaboración e investigación transfronteriza” cuyos integrantes “fiscalizan los usos del dinero público, identifican patrones de malas prácticas en los gobiernos y usan la tecnología para analizar datos masivos y revelar casos de corrupción nacional e internacional”, según puede leerse en su página.
Una combinación de periódicos, sitios digitales y organizaciones no gubernamentales conforman la Red PALTA. Esta incluye a La Nación de Argentina, la diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, Ojo Público de Perú, Ojo con mi pisto de Guatemala, Datasketch de Colombia y la ONG Poder de México.
Aunque la red quedó oficialmente formada con esta primera investigación, estos medios y organizaciones ya funcionaban a manera de “red informal” a través de otros proyectos colaborativos. Sin embargo, compartían un interés de institucionalizar ese trabajo, según explicó al Centro Knight Nelly Luna, editora general de Ojo Público e integrante de la Red.
“Lo que la red precisamente está tratando de hacer en los próximos meses es definir un poco cómo estos medios y organizaciones que formamos parte avanzan a esa institucionalización de la investigación transfronteriza en América Latina desde un perfil, creo que diferente, que tiene que ver en cómo usamos la tecnología para rastrear e investigar el dinero público [...], y si existen patrones regionales de malas prácticas, corrupción o enfoques de políticas públicas que pueden estar afectando derechos ciudadanos”, dijo Luna.
La mayoría de los integrantes hacen parte de las primeras generaciones de la Alianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica (ALTEC) y mediante constantes encuentros fueron notando similitudes en sus intereses y desafíos, así como generando una confianza mutua, explicó Lucía Pardo, gerente de productos de la diaria e integrante de la Red, al Centro Knight.
“[La Red nace con] una intención por aportar luz en todo lo que tiene que ver con los distintos procesos y manejo de los dineros públicos y [para] generar una conexión entre el uso de esos procesos y la política pública desde una lectura y perspectiva de derechos humanos”, dijo Pardo.
Con este objetivo claro, el equipo se contactó con representantes de Open Contracting Partnership (OCP) y de Hivos – dos organizaciones cercanas a quienes hacen parte de la ahora Red PALTA, según Pardo. Hivos y OCP apoyaron financieramente para que representantes de los siete medios y organizaciones se encontraran en Lima, Perú, el pasado mes de marzo.
Logo de la Red PALTA. (Captura de pantalla).Fue en Lima donde nació la idea de “La leche prometida”, la primera serie de investigaciones que le sigue el rastro a las “contrataciones estatales de productos lácteos en América Latina”, según su página. Hivos y OCP entregó el 50% de los recursos que se necesitaron para la realización de las investigaciones; el restante fue puesto por cada medio.
“Una de las cosas que pone en evidencia esta primera investigación es que la corrupción o las malas prácticas en el manejo, o el conflicto de interés en los políticos sí afecta directamente al ciudadano, y al ciudadano más vulnerable”, dijo Luna. “Lo que nos muestra es que la corrupción y las malas prácticas institucionales sí están vulnerando algunos derechos fundamentales de las poblaciones más pobres como puede ser el derecho a tener una alimentación justa y equitativa”.
En El Salvador, por ejemplo, la investigación mostró que la leche, destinada para las escuelas públicas, no estaba llegando a la totalidad de instituciones. Y en el caso de la escuelas que sí recibían la leche, lo hacían en polvo, sin considerar que muchas instituciones de estas no tienen acceso a agua potable, según el reportaje.
En Perú y Guatemala por su parte la investigación mostró presuntos conflictos de interés y millonarios contratos en el suministro de este producto. Mientras que en el caso de Uruguay el tema tenía una perspectiva más económica, por ejemplo, la investigación señala que el Estado ha fallado en otorgar ayudas a emprendimientos agrícolas familiares a pesar de que la ley lo permite.
Como suele pasar en trabajos de periodismo colaborativo, la Red trabajó con coordinaciones editoriales y técnicas elegidos entre los miembros de cada medio. Según Pardo, este rol podrá ir variando de acuerdo al tema a ser investigado así como a las fortalezas de cada medio.
“También porque todos tienen perfiles diferenciales”, agregó Luna. “Hay medios que tienen un peso muy fuerte en la parte periodística investigativa y narrativa, otras organizaciones tienen un componente tecnológico mucho más fuerte que sostienen la infraestructura de lo que podría convertirse la red en adelante. Y parte de esa definición de funciones es también reconocer cuáles son estos perfiles diferenciales de cada una de las organizaciones para no duplicar esfuerzos y más bien potenciar aún más las características de cada quien”.
Aunque para esta primera serie cada medio presentó una investigación individual, durante los meses de reportería cada uno de los miembros de PALTA debían ir alimentando una base de datos que eventualmente les permitiría descubrir patrones en la región.
“Ver si existe un patrón de compras, un patrón o un esquema de malas prácticas en el proceso, o en la afectación de derechos finales a las personas”, dijo Luna quien agregó que en esta primera serie no se pudo encontrar tantos patrones, entre otras razones, porque en América Latina “hay un serio problema respecto al recojo de datos”.
“No hay un solo ente nacional en todos los países que sistematice por ejemplo todas las contrataciones públicas. Algunos países lo tienen, otros no. Otros lo tienen a nivel federal o municipal. Y adicionalmente esta sistematización de datos que tienen los gobiernos no siempre son valores en los que se pueden confiar”, agregó Luna.
“La posibilidad de encontrar puntos comunes para seguir profundizando sin duda es un desafío”, dijo Pardo. Por eso, en las próximas investigaciones trabajarán en encontrar esos puntos comunes o patrones que permita a los trabajos mostrar una mirada latinoamericana, y no exclusivamente una mirada focalizada en cada país.
No obstante ese desafío, la evaluación de esta primera experiencia y entrega de investigaciones ha sido positiva.
Equipo de la Red PALTA recientemente en Quito, Ecuador. (Foto: cortesía).“El principal impacto sobre la leche es que sí pone en debate un tema que es muy difícil sacarlo, ponerlo en la agenda en un contexto de alta politización con los casos de corrupción que está viviendo América Latina”, dijo Luna. “[Esta investigación] hace voltear la mirada a estos otros temas que nos revelan micro-corrupción u otro tipo de corrupción menos sofisticada, como la de Odebrecht por ejemplo, pero que el periodismo tiene que volver a ver porque tienen un impacto a veces mucho más directo incluso a la vida diaria de personas de las que dependen directamente”.
Además de la importancia de traer estos temas al debate, a la Red PALTA también le gustaría que sus investigaciones pudieran servir como punto de información para un posible cambio de políticas públicas.
“Entender cuál es el rol del periodismo a la hora de poder aportar esta información”, dijo Pardo. “Que pueda ser, por qué no, un insumo más tanto para las organizaciones de la sociedad civil, como para distintos actores que quieran incidir en políticas públicas que puedan contar con estas investigaciones como parte de las herramientas para promover esos cambios”.
Aunque no pueden dar mucha información sobre la próxima entrega en la que ya están trabajando, la Red sí se mantendrá firme en su objetivo de fiscalizar el dinero público y “cómo la corrupción, las malas prácticas, la falta de institucionalidad o la ineficiencia a veces sí terminan afectando derechos humanos elementales”, explicó Luna.
