Este mes, Nicaragua cumple tres años desde el estallido de la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018, cuando el país fue sacudido por graves protestas. Las manifestaciones, inicialmente contra una reforma previsional, se expandieron y volvieron contra el régimen autoritario de Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia desde 2007.
Las protestas de 2018 fueron severamente reprimidas por las fuerzas policiales, dejando al menos 300 muertos y 2.000 heridos. Entre 2018 y 2020, según la ONU, más de 100.000 personas tuvieron que huir de Nicaragua, incluidos al menos 90 periodistas.
Las manifestaciones son un hito en el país, porque, después de ellas, el régimen nicaragüense y simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se volvieron contra la prensa y los opositores.
Según un informe de Artículo 19, Nicaragua se encuentra entre los cinco países del mundo que vieron el mayor declive en la libertad de expresión entre 2009 y 2019. En el documento, la ONG dice que el presidente Ortega “ha erosionado las estructuras democráticas desde que asumió el cargo”. Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de las Américas clasificados como “en crisis" por Artículo 19.
En el aniversario de las manifestaciones, LatAm Journalism Review (LJR) conversó con reporteros nicaragüenses para conocer cómo es vivir y trabajar en un clima de miedo y represión, en el que los periodistas son arrestados, procesados y acosados por la policía en sus hogares. Al mismo tiempo, los medios críticos sufren la retención de papel periódico por parte del gobierno, son cerrados o expropiados.
La reportera freelance Ileana Lacayo, integrante del comité ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), asociación que representa a 180 periodistas en el país, dice que la violencia contra la prensa persiste desde 2018. Destacó, sin embargo, que algo ha cambiado recientemente: la represión, en sus palabras, se ha legalizado. Según Lacayo, el gobierno ha aprobado, desde fines del año pasado, un paquete de leyes represivas que ha hecho que el ambiente sea mucho más hostil para el periodismo.
Ileana Lacayo, de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). (Foto: Archivo personal)
Una de ellas, la “Ley del Ciberdelito”, conocida como “Ley Mordaza”, determina penas de prisión de 1 a 8 años cuando el gobierno sandinista considera que el periodista ha publicado “noticias falsas”. También el año pasado, el parlamento aprobó una enmienda constitucional que permitía la cadena perpetua por “delitos de odio”.
“El gobierno considera que un medio crítico al gobierno fomenta al odio. Entonces, si te procesan, pueden utilizar la cadena perpetua como una de las penas, posiblemente, para periodistas o medios de comunicación”, dijo Lacayo a LJR.
Finalmente, también destacó la ley de agentes extranjeros, que tuvo un impacto importante en la sociedad civil y la prensa, con el cierre o suspensión de operaciones por parte de organizaciones, incluidas algunas que apoyaban el periodismo local y la libertad de expresión, como la Fundación Violeta Chamorro.
“La ley prácticamente lo que hace es regular la entrada de plata de procedencia internacional, y aunque sea nicaragüense [y recibas dinero del exterior], eres considerado agente extranjero y tienes prohibido investigar, publicar y comentar sobre asuntos que tengan que ver con la política nacional. Es súper grave porque si yo recibo un fondo para apoyar mis investigaciones periodísticas sobre corrupción o sobre la agenda pública, no lo puedo hacer”, dijo Lacayo.
Según ella, la ley contribuyó a la asfixia económica de los medios independientes, que ya luchaban por mantenerse durante la grave crisis económica y de salud.
La reportera agregó que, además de la promulgación de estas leyes, algunos tipos de infracciones aumentaron en el primer trimestre de 2021, según el seguimiento del PCIN, que se lanzará este mes.
“Ha incrementado que agredan a periodistas, intentan quitarles celulares y cámaras, persecuciones, bloqueos de movilización de equipos de periodistas [en las calles] para que no lleguen a las coberturas. Ha habido incluso agresiones y abusos, porque han tocado las partes sexuales de periodistas. Igual el hostigamiento en las viviendas de periodistas [también hubo incremento], como es el caso de Kalua Salazar. Prácticamente tienen tres meses de ir todos los días a su casa, las patrullas y policías armadas”, dijo.
Periodista freelancer Ileana Lacayo, durante su exilio en Holanda. (Foto: Archivo personal)
Lacayo también fue víctima de persecución. En abril de 2018 irrumpieron en su casa y saquearon ropa, documentos y objetos mientras asistía al funeral de su colega, el periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado en Bluefields mientras cubría protestas antigubernamentales. Al llegar a casa, por la noche, Lacayo se percató de la invasión y, desde entonces, nunca ha regresado, a pesar de que sigue siendo la dueña de la propiedad.
Poco después, se exilió como parte de un programa internacional de protección de periodistas. Pasó casi dos años fuera, viviendo en Holanda y Costa Rica. Sin embargo, en diciembre de 2019, cuando terminó el programa, tuvo que regresar.
“Volver fue una decisión muy difícil y te da mucho miedo. O sea, en Nicaragua no hay condiciones todavía para regresar del exilio, pero el exilio es duro. Y en Costa Rica es aún más, porque tiene muchísimos inmigrantes de Nicaragua, hay casi un millón de nicaragüenses en Costa Rica, y hay mucha xenofobia y muy pocas oportunidades. No logré tener un trabajo o una oportunidad para poder sobrevivir y luego que terminó el programa de protección, cuando me quedé sin el apoyo, se me hizo muy difícil”, dijo.
Lacayo sabía que regresar sería riesgoso y, por eso, adoptó un plan de seguridad, que incluía pasar seis meses sin salir de casa, con un perfil bajo. “Pero apenas asomé un poco la cabeza y empecé a escribir nuevamente y a estar en espacios públicos de denuncia, empezaron el asedio y hostigamiento de la policía en mi casa. Entonces no es fácil, muchas veces he pensado nuevamente en irme, pero, bueno, hay que hacer resistencia”, expresó.
Amenaza de muerte y ataques en casa
El reportero Wilih Francisco Narváez González ha estado trabajando durante aproximadamente un mes con el medio digital Divergentes, que se lanzó en julio de 2020. Luego de realizar una serie de entrevistas con candidatos presidenciales, comenzó a sufrir una persecución más severa. Narváez explicó, por ejemplo, que el conductor de una emisora de radio que apoya al gobierno dijo, durante un programa, que Divergentes era un “agente extranjero” y lo mencionó específicamente.
La serie habló solo con candidatos de la oposición, porque, según Narváez , Ortega no daría una entrevista a un medio de comunicación crítico y no ha dado rueda de prensa desde que regresó al poder.
Antes de trabajar en Divergentes , Narváez ya había sido agredido físicamente mientras informaba, cuando era reportero de televisión para Canal 10. Pero las recientes amenazas y ataques lo preocuparon más, porque una persona fue a su casa, donde vive con su familia.
“Esta persona vino a la casa, bajo los efecto quizás de alguna sustancia, a hacer agresiones verbales. Mi mamá salió a ver lo que sucedía y él dijo: aquí vive el periodista del Canal 10. [...] Y le hizo una señal con la mano que le iba a cortar mi cabeza. Siguió gritando cosas y se fue. Después, el 28 de febrero, a la una de la madrugada, esa persona vino a la misma propiedad de mi mamá a hacer agresiones verbales y a lanzar piedras contra la propiedad”, relató a LJR.
Como en la otra ocasión en que fue agredido, Narváez acudió a las autoridades, pero dice que no se hizo nada. “Ante dos agresiones y un eminente riesgo, me sentí impotente y me vi en la obligación de hacer la denuncia en las redes sociales. Recurrir ante la autoridad, ante cualquier situación que me pueda pasar, incluso eso que sucedió en la casa de mi mamá, me deja en evidencia que la policía siempre me va a dar la espalda, me siento a la indefensión”.
Reportero Wilih Francisco Narváez González. (Foto: Archivo personal)
Narváez dice que el 4 de marzo, el padre del hombre que atacó su casa acudió al lugar para justificar las acciones de su hijo, diciendo que era “un adicto”, pero se quejó de que el periodista estaba “politizando el caso y sacando provecho de eso”. Ese mismo día, Narváez recibió una amenaza a través de las redes sociales de una simpatizante del gobierno.
“Me mandó un mensaje amenazante diciendo que nos tenía muy bien vigilados a mí y a mi familia y que iban a venir a quemar con todo adentro de la propiedad. También la amenaza la acompañó con una imagen donde salía un fusilaca con unos proyectiles y dijo que había una bala para cada uno de los miembros de mi familia. Y me dijo ‘perro golpista’”, dijo.
Narváez dice que le gustaría creer que el primer incidente fue un ataque aislado, obra de un hombre con problemas de dependencia química, pero duda de esa versión. Atribuye el incidente de la casa de su madre al discurso de odio del régimen contra los periodistas, que acaba influyendo en la población.
Tras el ataque, el periodista tomó varias medidas de protección. Algunas sencillas, como caminar por las calles con pañuelos que cubren parte del rostro. Y otros que tienen un gran impacto en su rutina, pero que no se pueden contar por su propia seguridad.
Narváez está preocupado por las próximas elecciones nacionales, previstas para noviembre. “Es un año que genera mucha incertidumbre en general y de mucho riesgo para el ejercicio del periodismo en este país. No va a haber observación nacional e internacional [del proceso electoral], aquí lo único que queda es que el periodismo independiente sea el fiscalizador del proceso, esa va a ser la voz, tanto a nivel nacional e internacional”.
No firmar artículos y no salir solo
Un periodista nicaragüense, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo a LJR que tomó varias medidas de seguridad después de 2018, como no firmar historias y no salir a reportear solo. El reportero trabaja como freelancer para varios medios, incluido Despacho 505.
Cuando se va a hacer un reportaje, le pide a un amigo periodista que lo acompañe. Y hace lo mismo con sus compañeros cuando lo necesitan. “Por seguridad, si le pasa algo a uno, por lo menos el otro avisa: 'se lo llevaron preso’ o ‘está detenido en tal lugar’. Y no firmo algunos artículos, los que más golpean o molestan al gobierno”, comentó.
La decisión de no firmar artículos repercute en la vida diaria. Además de perjudicar la carrera del periodista, al renunciar a la autoría de su trabajo, dificulta el contacto con fuentes, las cuales tienen más suspicacias. Para empeorar las cosas, dijo, el gobierno se niega a transmitir información a la prensa.
“Las instituciones nos cierran las puertas y no dan información, entonces investigar temas es más difícil. Y la gente tiene temor de hablar, solo hablan sin identificarse. Nadie quiere dar entrevistas. A veces no tenemos ni con qué documentar una historia".
Cuando se le preguntó si sufrió agresiones o fue acosado por la policía en su domicilio, el periodista respondió que no, que “sólo” recibió amenazas de muerte. Destacó los impactos económicos de la represión del gobierno contra la prensa.
“Yo era trabajador de El Nuevo Diario, pero el diario cerró en septiembre del 2019, por muchos obstáculos y amenazas. Hubo retención del papel, pero después fueron otros tipos de sistemas para intimidar y terminaron cerrando el periódico”, dijo. Hoy, como independiente, dice que no ha recuperado los ingresos y la estabilidad financiera de esa época. “Muchos medios han cerrado y ha generado desempleo en el gremio periodístico. El periodismo en Nicaragua pasa por un verdadero vendaval”, dijo.
El reportero teme que las violaciones contra la prensa aumenten durante las elecciones. “La situación va a empeorar, nos pueden agredir, porque no hay tolerancia por parte de los grupos afines al gobierno que ven como enemigo a un periodista independiente”, expresó.
