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Allanamiento de viviendas y “Ley Mordaza”, señales de un 2021 más peligroso para el periodismo en Nicaragua

En menos de 72 horas, la policía del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó dos veces la casa del director de Radio Darío, el periodista Anibal Toruño. En ambas ocasiones (este 4 y 7 de enero de 2021), oficiales antimotines con fusiles y efectivos antinarcóticos tumbaron la puerta de la residencia, ubicada en el departamento de León, al occidente de Nicaragua.

“Entraron apuntando a mis familiares que estaban en casa, entre ellos una mujer embarazada”, relató Toruño a LatAm Journalism Review (LJR).

Front door to home of Anibal Toruno

La policía allanó la casa del periodista Anibal Toruño. (Cortesía)

Los policías requisaron sin ninguna orden judicial la vivienda, dijo Toruño. Según los testigos del allanamiento, los oficiales revolvieron todo y aseguraron que buscaban “drogas”.

“Decían que Anibal Toruño es narcotraficante y golpista”, narró el periodista, quien alerta que el gobierno Ortega-Murillo ha escalado una nueva etapa de represión contra los periodistas al irrumpir en sus viviendas.

Toruño es uno de los periodistas más hostigados en Nicaragua desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno, mismas que fueron brutalmente reprimidas por policías y grupos paramilitares. El saldo de la represión fue más de 325 personas asesinadas, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Radio Darío, en León, informó sobre la revuelta cívica y desde el principio sufrió los embates represivos: fue quemada en dos ocasiones. Toruño tuvo que exiliarse un año en Estados Unidos, pero consiguió mantener al aire la emisora. El director de Radio Darío regresó del exilio a finales de 2019 y, desde entonces, él y la radio han sido recurrentes víctimas de acoso policial.

En decenas de ocasiones la policía ha rodeado Radio Darío cuando emite programas críticos a la administración sandinista. La emisora es la más escuchada en León, una de las ciudades más beligerantes en las protestas contra el gobierno Ortega-Murillo. Toruño además ha sido detenido por la policía, e incluso en una ocasión la policía le confiscó su camioneta particular. Sin embargo, el periodista considera que el allanamiento de su casa “es un protocolo más hostil para que me calle”.

“Este es un gobierno que está frustrado ante la perseverancia de una radio, un equipo de periodistas y un director que han seguido trabajando por la libertad de expresión”, dijo Toruño. “Pero estos golpes ahora son contra mi persona. Ahora son directos: Pasaron de destruir y acosar la radio, a allanar mi casa para disuadirme de seguir haciendo lo que hago. Me están advirtiendo que si no callo, me van a echar preso o me van inventar ese delito (narcotráfico) que llegaron diciendo a mi casa”.

El allanamiento ejecutado por la policía a la vivienda de Toruño es la primera que se registra contra un periodista, aunque los allanamientos a casas de opositores son comunes en Nicaragua. Los oficiales usan el mismo modus operandi usado en la casa del director de Radio Darío: argumentan búsqueda de estupefacientes para allanar. Otros periodistas han denunciado acoso policial y a simpatizantes sandinistas que manchan las fachadas de las viviendas con leyendas como “golpistas”, en referencia a la acusación usada por los gobernantes sandinistas de que fueron víctimas de “un fallido golpe de estado”.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Toruño y el personal de Radio Darío. Sin embargo, como ha sucedido con otras personas que tienen medidas cautelares, el gobierno las ha ignorado y han persistido en los ataques contra ellos.

Un ataque por día a la libertad de expresión 

Nicaraguan Vice President Rosario Murillo and President Daniel Ortega

La Vicepresidente Rosario Murillo, y el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua. (總統府, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons)

El ataque a Toruño representa un aumento en los últimos meses contra la libertad de prensa en Nicaragua. Según el Observatorio de la Libertad de Expresión y Prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en 2020 se registraron 344 ataques contra periodistas y medios de comunicación. Es decir casi uno por día, la mayoría perpetrados por policías que mantienen en el país un estado de sitio de facto decretado por el régimen Ortega-Murillo, según la organización.

Aparte de los hostigamientos y golpizas contra periodistas, el gobierno ha echado mano al aparato judicial para reprimir a reporteros a través de juicios por injurias y calumnias. Lo más grave ocurrido en 2020 fue la aprobación de la “Ley de Ciberdelitos”, conocida popularmente como “ley mordaza”. La normativa impondrá a periodistas penas de cárcel de entre 1 a 8 años cuando el gobierno sandinista considere si un reportero publique una “noticia falsa”. De hecho, el mismo presidente Ortega y la vicepresidente Murillo han atacado a la prensa independiente en sus discursos públicos asegurando que solo producen “noticias falsas”.

“Lo que hace Daniel Ortega con esta ley es legalizar la represión contra el periodismo independiente”, criticó Toruño.

Aunque todavía no se ha procesado a un periodista con la “Ley de Ciberdelitos”, el director de Radio Darío afirma que en 2021 se aplicará contra todo aquellos reporteros que investiguen o publiquen anomalías sobre los comicios generales proyectados para noviembre de 2021, pero sobre los cuales hay mucha incertidumbre porque no hay garantías para realizarlos.

“Con o sin ley, Ortega persigue a los periodistas. Aunque no necesita de esas leyes para volver a quemar Radio Darío o meterme preso, la verdad es que en Nicaragua vamos a un año 2021 sumamente complicado. El régimen quiere que nos callemos o volvernos a empujarnos al exilio”, insistió Toruño.

Si se toma en cuenta el patrón con el que Ortega ha actuado en 2020 contra la prensa, Toruño cree que 2021 será peor. Toruño recordó que el gobierno sandinista cerró 2020 mostrando su animadversión contra la prensa independiente. Días antes de la Navidad, en el aniversario segundo de la ocupación ilegal de las redacciones de 100% Noticias y Confidencial, el medio dirigido por el prestigioso periodista Carlos Fernando Chamorro, el gobierno selló la expropiación de los edificios. Clavó en las fachadas de los inmuebles rótulos con leyendas que otorgaban al Ministerio de Salud las propiedades.

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