Por Jessica Ávalos**
Este es el cuarto artículo de una serie sobre mecanismos de protección para periodistas en América Latina.***
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
Antonio llegó a reportear a un retén en la colonia Santa Lucía, al oriente de San Salvador, la mañana del martes 29 de marzo de 2022. Militares estaban revisando a ciudadanos en esa zona. El fotoperiodista se bajó del vehículo que lo transportaba e hizo varias fotografías. Luego saludó a uno de los soldados, pero cuando otro lo observó, Antonio terminó rodeado. Su cámara, el único instrumento que tenía para defenderse y documentar lo que estaba ocurriendo, acabó en las manos de los militares y su material fue borrado.
“Me pidieron mi identificación y cuando les dije que trabajaba en El Diario de Hoy les agarró peor. Estaba acorralado entre varios soldados y no me podía mover. Me pusieron de rodillas. Me tocó quitarme el arnés y me tuvieron arrodillado como 15 o 20 minutos”, relató el fotoperiodista a LatAm Journalism Review (LJR). Su nombre real no se publica por su seguridad.
El Salvador se queda atrás de otros países latinoamericanos, como México, que han aprobado leyes especiales para proteger a sus periodistas. Un proyecto denominado “Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas”, que estuvo en estudio por casi tres años, fue enviado al archivo el 19 de mayo de 2021, dos semanas después de que arrancó la nueva Legislatura y, desde entonces, no ha vuelto a la agenda.
La iniciativa fue presentada el 23 de octubre de 2018 por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y por la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios de Comunicación, integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos. La APES, la asociación de periodistas más grande y antigua de El Salvador, decidió impulsar una ley luego de que en 2017 empezó a registrar un incremento de las agresiones contra trabajadores de medios de comunicación.
“La propuesta se empezó a trabajar a finales de ese año (2017) a raíz de una aumento considerable de agresiones a periodistas, eran amenazas de pandillas y había un elevado número de despidos que se dieron”, explicó a LJR Angélica Cárcamo, expresidenta de la APES, quien lideró el cabildeo para la aprobación de la ley, meses antes de que el proyecto fuera enviado al archivo.
Cuando la iniciativa entró a la Asamblea, en 2018, el país era gobernado todavía por el partido de izquierda FMLN y el presidente Salvador Sánchez Cerén. Un año después, con el fin del bipartidismo histórico que había prevalecido en El Salvador, llegó al poder Nayib Bukele, pero los partidos de oposición todavía tenían el control del Legislativo. Fue hasta mayo de 2021 que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, tomó el control del Legislativo porque consiguió la mayoría de diputaciones.
Ya en 2018 la APES había presentado un diagnóstico sobre la situación de las mujeres periodistas que reveló brechas salariales, acoso y otros problemas dentro de los medios.
“Todo ese contexto ocasionó que se empezara a discutir en la asociación y con apoyo de Internews se logró financiar la redacción del documento. No queríamos que partiera solo de las necesidades de la junta directiva. La base fueron grupos focales con periodistas del interior del país”, dijo Cárcamo a LJR.
Angélica Cárcamo, expresidenta de la APES, durante una entrevista. (Foto: Cortesía FACTUM/Gerson Nájera)
La APES tiene un centro de monitoreo que registra agresiones contra la prensa. Según un informe reciente, entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2022 ocurrieron 38 ataques, que van desde el hackeo de las cuentas de periodistas hasta despidos injustificados o restricción al ejercicio periodístico. Funcionarios públicos y usuarios de redes sociales son los principales agresores, según este informe.
Las agresiones han ido en aumento. En 2020, la Asociación de Periodistas reportó 125 vulneraciones contra periodistas. En 2021, documentó casi el doble que las registradas un año antes: un total de 219 casos.
Y no solo eso. Detrás, o a la par, de estas agresiones está el discurso de odio que el Gobierno salvadoreño ha instalado contra la prensa de este país. Frases como: “Se hacen pasar por ‘periodistas’, pero todos los salvadoreños sabemos que solo son plumas pagadas”, publicada por el mismo presidente de El Salvador, son las que rodean el ejercicio periodístico.
La hostilidad contra quienes ejercen el periodismo ha incrementado en las últimas semanas, desde que está vigente un régimen de excepción por una ola de violencia sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz. La Asamblea Legislativa, además, aprobó recientemente unas reformas de ley que condenan hasta con 15 años de prisión a quienes informen sobre ciertas actividades de pandillas.
Periodistas e investigadores han tenido que abandonar el país por amenazas recibidas en sus redes sociales. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo en la última sesión plenaria: “Estos periodistas ‘incómodos’, que andan con miedo, dicen… No los necesitamos. ¡Váyanse!”.
El anteproyecto archivado en 2021 contenía 56 artículos. El objetivo de la ley, según el borrador, era garantizar la prevención, protección y resguardo de periodistas ante cualquier tipo de vulneración, agresión o atentado que pusiera en riesgo sus vida, integridad, seguridad y sus derechos.
También incluía un mecanismo de recepción de denuncias y otro de coordinación interinstitucional en una mesa de protección de periodistas, que estaría conformada por la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La fiscalía debía crear, por ley, una oficina especializada para investigar delitos cometidos contra trabajadores de la prensa.
“Los elementos más importantes eran el reconocimiento de la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los derechos humanos del gremio. Y la creación de una nueva institucionalidad que velaría por el respeto y la protección de las actividades desarrolladas por este sector”, resume Roberto Burgos Viale, el abogado consultor que participó en el estudio de la propuesta, en una entrevista con LJR.
El oficialista partido Nuevas Ideas arrasó en las elecciones legislativas y se hizo del control total del poder Legislativo en 2021. La Asamblea Legislativa se renovó completamente el 1 de mayo de ese año y, en los meses previos a esa fecha, cuando los partidos tradicionales ARENA y FMLN estaban por perder el poder y convertirse en opositores, empezaron a impulsar la aprobación de la ley.
La APES y la Mesa de Protección iniciaron una cruzada justo antes del cambio de aritmética legislativa para lograr la aprobación de la ley. A finales de abril de 2021, presentaron el documento revisado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero nunca lograron tener la correlación.
(Ilustración: Pablo Pérez - Altais)
“Era una ley ambiciosa, lo reconozco, porque buscaba proteger a quienes no estaban graduados o gente que estaba estudiando. Fue como querer acaparar mucho. El tema más engorroso para algunos partidos fue derechos laborales, porque eso era tocar a las empresas y porque había temor que se pudiera agarrar esos artículos para afectar a medios de comunicación”, dice Cárcamo.
El proyecto fue enviado al archivo cuando estaba en la recta final para su aprobación. La Comisión de Legislación había logrado avanzar en un 95% el estudio de la propuesta antes de ser enviada a votación, y únicamente le quedó pendiente estudiar los apartados sobre la aplicación de sanciones para quienes incumplieran la normativa.
La aprobación de una ley en el parlamento salvadoreño requiere 43 votos. Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, logró más que eso: alcanzó 55 diputados y desde el 1 de mayo de 2021 preside todas de las comisiones legislativas, entre estas la de Legislación y Puntos Constitucionales, que tenía en estudio el proyecto de ley para protección de periodistas.
“Previo a esta nueva dinámica política, la propuesta se había convertido en un elemento de polarización entre los partidos opositores y los representantes del oficialismo, que vieron con desconfianza una propuesta que era abanderada por sus contrincantes. Al final se perdieron casi seis meses de trabajo y cabildeo político por parte de la APES y sus aliados”, explica el abogado Burgos.
La diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda, quien se convirtió en presidenta de la comisión de Legislación en mayo de 2021, dijo que la propuesta sería enviada al archivo, junto a más de 200 expedientes, porque no reunía las condiciones de protección requeridas por el sector, según consignaron medios nacionales. Ella, sin embargo, es la autora inicial de la propuesta de ley porque APES la contrató como consultora cuando aún no era diputada, según Cárcamo.
“Lo más irónico fue que la diputada Marcela Pineda fue colaboradora de esta propuesta de ley junto con Óscar Campos. Es irónico que alguien que estuvo en los grupos focales, que ayudó en la redacción, decida archivar todas las propuestas”, opina Cárcamo.
LJR buscó una entrevista con la diputada Pineda para hablar del tema, pero luego de tres semanas de espera no respondió a la solicitud.
En abril de 2021, cuando el proyecto de ley todavía no había sido archivado y ella no había asumido como diputada, se pronunció en redes sociales sobre parte de su pasado con el génesis de la ley: “Hace 3 años cuando trabajé en la construcción de esa Ley, constaté que los medios de comunicación financistas de @ARENAOFICIAL violentan los derechos de los periodistas; acoso sexual, acoso laboral, salarios de hambre y otras atrocidades se cometen y ahora salen de defensores”.
René Portillo Cuadra, uno de los diputados del partido ARENA que estuvo en la comisión durante la legislatura pasada, atribuye el retraso a que el anterior presidente de la comisión, Mario Tenorio, del partido GANA, nunca sometió a votación el proyecto para llevar a plenaria un dictamen favorable.
“Había posiciones encontradas: el FMLN quería que la ley incluyera la protección a defensores de derechos humanos y ARENA quería que solo se incluyeran periodistas, eso dilató bastante la aprobación. La otra posición era que GANA quería que incluyeran a los blogueros”, dijo el legislador a LJR.
Dina Argueta, diputada del FMLN, ahora partido de oposición, reconoce que “no hubo disposición de algunos para agendar el tema. Faltó voluntad”.
Pero la lectura de la expresidenta de la APES es que en realidad a ningún partido le interesó la protección del gremio periodístico.
Conferencia de prensa realizada por la APES, el 24 de noviembre de 2021, para denunciar espionaje a periodistas con Pegasus. Foto cortesía FACTUM/Gerson Nájera
“Fue el partido Nuevas Ideas quien terminó colocándole la daga, pero ningún partido político ha tenido interés real en proteger la profesión periodística”, señala Cárcamo.
Susana Peñate, actual síndica de la Asociación de Periodistas, coincide con Cárcamo y señala que la legislatura anterior no le dio importancia al tema: “Fue en los últimos meses que trataron de darle análisis, sin embargo, no alcanzó el tiempo y eso se quedó a medio camino. Ellos tuvieron el tiempo, pero no quisieron empezar la discusión a tiempo”, dijo la directiva de la asociación a LJR.
La falta de mecanismos de protección antecede a la llegada de Nuevas Ideas. En el año 2003, en la época del gobierno de ARENA, la APES intentó crear una caja mutual para periodistas. Esta contaría con un capital semilla aportado por el Estado. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea de aquel momento, pero el presidente de derecha Francisco Flores la vetó. Según Cárcamo, por presiones de grupos de poder porque el partido ARENA, de derecha, era afín a los grupos de poder, entre ellos los dueños de los grandes medios de comunicación.
En 2019, durante uno de los gobiernos de izquierda del FMLN, se creó una mesa de diálogo entre la Asociación de Periodistas y el ministerio de Seguridad para abordar las vulneraciones a periodistas.
“Había un enlace con la prensa, pero siempre justificaban las agresiones de los elementos de seguridad a la prensa. Fue más de imagen que de un interés real de querer proteger al gremio”, dice la expresidenta de la APES.
“¿Por qué es importante y necesaria esta ley? Porque es una profesión que está expuesta a diferentes vulnerabilidades, tanto por el carácter informativo como por las vulnerabilidades laborales. En la coyuntura actual debería reforzarse y contarse con mecanismos de protección y no vemos que esto vaya a suceder”, advierte Peñate, la actual síndica de la asociación.
Portillo Cuadra, el diputado de ARENA, presentó el pasado miércoles 20 de abril una nueva propuesta de ley.
“No tenemos los votos para su aprobación, pero no podemos renunciar a defender la libertad de información”, afirma. Este partido tiene únicamente 14 diputados en la actual legislatura.
“No es viable políticamente que se retome este proyecto ni otro similar. El gremio de periodistas debe apostarle a la organización gremial al interior de sus propios medios, que en muchos casos son verdaderas empresas mercantiles, y a la vez, hacer uso de los mecanismos de protección interamericana de derechos humanos”, considera el abogado Burgos.
Cárcamo, la expresidenta de la APES, tampoco se muestra optimista en que se vaya a retomar la discusión de una nueva ley.
“No veo interés de este gobierno en aprobar alguna legislación que cuente con la participación de las y los periodistas porque sus actos así lo demuestran. El Ejecutivo tiene una narrativa antiprensa. Al contrario, hay una exaltación de los ataques. Lejos de condenar, se celebran agresiones”, subraya.
Ejemplos de lo que menciona Cárcamo sobran. El periodista Jorge Beltrán Luna fue agredido físicamente por un policía durante una cobertura en julio de 2021. Posterior a la denuncia del caso, Federico Ánliker, funcionario público de alto rango, llamó “héroe de la patria” al policía agresor.
*Foto: Micrófonos de diferentes medios de comunicación salvadoreños. Foto cortesía FACTUM/Gerson Nájera
**Jessica Ávalos es periodista de investigación radicada en El Salvador. Cubre corrupción, derechos humanos y acceso a la justicia. Trabaja en Revista Factum y es autora del proyecto colaborativo sobre migración “Welcome to Intipucá City”.
***Este es el décimo artículo de un proyecto sobre seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
Lee otros artículos del proyecto en este enlace.
