El presidente del Perú Ollanta Humala promulgó el lunes 21 de octubre la Ley de Delitos Informáticos, la cual penaliza la creación y utilización de bases de datos electrónicos, entre otras cosas, con hasta cinco años de cárcel. Varios abogados y organizaciones de periodismo han criticado la ley asegurando que pondrá en peligro el derecho de los peruanos a la libertad de expresión e información.
Uno de los cuestionados artículos de la ley, el sexto, cuyo tenor es el tráfico ilegal de datos.
Según sus críticos, el artículo podría utilizarse en contra de cualquier persona que genere o colabore en la creación de una base de datos que incluya información que otros cuestionen. El texto de la ley señala que se reprimirá con pena privativa de la libertad de entre tres y cinco años a todo aquel que cree, ingrese o utilice indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, con el fin de comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera o de cualquier otra índole, creando perjuicio o no.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú lamenta que esta penalización indiscriminada de la ley no se haya revisado más a fondo por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo antes de su promulgación.
Para el primer ministro peruano Juan Jiménez, la ley no vulnera los principios de libertad de expresión y de información, sino protege a los ciudadanos de las organizaciones criminales que atentan contra el derecho a la intimidad de las personas. “Ha llegado el momento en el país de ponerle fin al problema de la interceptación telefónica, a la violación de las comunicaciones privadas”, declaró Jiménez en conferencia de prensa.
La ley también penaliza con cinco y diez años de cárcel el revelar información clasificada como secreta, reservada o confidencial que comprometa la defensa y seguridad nacional.
Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana declaró al diario El Comercio que “debería decirse que la difusión de esa información (clasificada) está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”.
Asimismo, para el IPYS, la generalidad de ley asume una equivocada comprensión de lo que significa información clasificada y relacionada a la seguridad nacional, por lo que hace un llamado al gobierno para que haya una urgente rectificación de la ley.
También considera que esta infundirá un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información, yendo en contra de la utilización masiva de base de datos estatales. Esto contravendría, según el IPYS, a la declaración de principios y compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto a la que está suscrita el gobierno peruano desde el 2011.
En la nota de El Comercio, el abogado especialista en temas de Internet Erick Iriarte señala que las ambigüedades de la redacción de la ley la hacen peligrosa, y que en ciertos aspectos ni siquiera hay una valoración de las circunstancias en las que debe aplicarse.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
