Por Larisa Manescu
El parlamento de la nación caribeña de Granada aprobó una ley que castigaría el contenido ofensivo en línea con un máximo de un año en prisión, informó el Instituto Internacional de la Prensa (IPI).
La norma es parte de la Ley de Crímenes Electrónicos de 2013, la cual define y establece sanciones para un total de 16 ofensas cibernéticas, incluyendo la pornografía infantil, el acoso en línea, el robo de identidad, violaciones a la privacidad y terrorismo electrónico.
La ley también incluye un apartado sobre la difamación de individuos en línea y castigaría a aquellos que publiquen contenido o comentarios "sumamente ofensivos" o que se sepa que son falsos pero sean utilizados para causar "molestias... insultos, injurias... mala voluntad".
Las sanciones serán de un máximo de 37,000 dólares, un año en prisión o ambas. Aplicarán para las comunicaciones a través del correo electrónico, los posts en las redes sociales, y las secciones de comentarios en los artículos en línea.
La ley aun no entra en efecto porque todavía no recibe la aprobación de la gobernadora general Cecile la Grenade, y aun no se ha determinado la fecha en la que entrara en vigor, reportó el sitio NOW Grenada.
La Cámara de Representantes de Granada inicialmente aprobó la ley hace unos meses, pero regresó a la Cámara Baja a principios de julio después de las reacciones negativas que provocó y las presiones que recibió de organizaciones como IPI.
La preocupación principal es la ambigüedad del término "contenido ofensivo" y el hecho de que este tipo de contenido quedaría prohibido aunque representara la verdad.
"Los ciudadanos de cualquier democracia tienen el derecho fundamental de debatir -- de manera robusta, energética, incluso con mal gusto -- los personajes públicos y las políticas que afectan sus vidas", dijo la directora ejecutiva de IPI Alison Bethel McKenzie. "Cualquier intento por ponerle fin a este debate, o regularlo a través de terminología vaga y subjetiva, debería ser recibido con el máximo escepticismo”.
La ley no solo afecta a las personas que viven y trabajan en el país. También incluiría a “cualquier persona, de cualquier nacionalidad o ciudadanía en cualquier lugar dentro o fuera de Granada, que tenga un impacto en la seguridad de Granada y sus ciudadanos”. Además, la ley aplicaría a cualquier sistema electrónico capáz de conectarse con aquellos ubicados en Granada.
El senador Christopher DeAllie, un representante del sector empresarial, justificó la ley usando el ejemplo de un hombre de negocios en Granada que fue calumniado en internet por individuos con intenciones políticas y tuvo que invertir tiempo y dinero para rescatar su reputación. DeAllie dijo esperar que la ley prevenga situaciones como esas en el futuro.
“Todos entendemos el poder del internet, y cuando algo malo se vuelve viral, no es fácil reparar la imagen de uno cuando el daño ya está hecho, y eso aplica tanto para los individuos como para las entidades corporativas", dijo DeAllie.
A pesar de que la ley ha causado controversia, ha recibido poco debate en la legislación de Granada porque su parlamento está controlado por el Nuevo Partido Nacional (NNP), el cual actualmente gobierna el país. En las elecciones de febrero de este año, el NNP ganó 15 curules en la Cámara de Representantes.
Randall Robinson, un ex candidato del partido opositor Congreso Nacional Democrático, dijo en julio que la interferencia del gobierno en el tema de la difamación no era necesaria, reportó NOW Grenada.
“Ya tenemos un remedio en las cortes civiles que compensa adecuadamente a las personas agredidas cuando presentan una demanda y ganan", dijo Robinson.
Una propuesta similar se está desarrollando en Ecuador. El secretario de Estado Alexis Mera recientemente propuso a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sancionar a las personas que publiquen comentarios difamatorios en las redes sociales.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
