El acceso a la información pública en Venezuela es una garantía establecida en la Constitución de ese país. Sin embargo, en la realidad, si un periodista o un ciudadano desean saber el salario de un funcionario o cuánto se gastó en campañas electorales, por ejemplo, la respuesta que obtienen en muchos casos es algo como “no sabemos” o “no podemos responder”.
Para empeorar la situación, el Poder Judicial venezolano crea algunos de los principales obstáculos que limitan el acceso a la información, de acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Ante ello, y pese a la actual situación política en el país, la organización urgió al Legislativo venezolano a aprobar la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública para asegurar que las instituciones del Estado sean monitoreadas y escrutinadas.
Acceso a la Justicia analizó 76 casos en los cuales la información fue denegada por diferentes instituciones de Gobierno y luego llevados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su apelación. Setenta y dos de esos casos –o el 95 por ciento- fueron resueltos en favor del Estado.
“Del análisis de 76 sentencias se evidenció que el poder judicial venezolano, sobre todo, a través del TSJ ha creado restricciones sobrevenidas al acceso a la información pública, desconociendo de esta manera el rol de la contraloría ciudadana y el control de la gestión pública,” se lee en el informe.
Según la organización, esos criterios violan lo establecido por tribunales y organizaciones internacionales de derechos humanos y la tendencia mundial actual de transparencia y datos públicos.
El estudio resalta que, algunas de las excusas usadas por las instituciones del Gobierno para negar acceso a datos parecen indicar que las solicitudes de información son “una especie de molestia que recarga innecesariamente a los ocupados funcionarios”.
Un caso emblemático de los considerados en el estudio es el de una petición de información sobre el sueldo del Contralor General de la República, que fue negada. El Tribunal Supremo dictaminó que “se debía ponderar si la remuneración del contralor […] era una información de acceso público o formaba parte del derecho a la intimidad de los funcionarios y, como tal, no existía la obligación de suministrarla.”
Otro de los casos representativos es el de una petición denegada que solicitaba al Presidente de la República explicar el cambio constante de ministros en su Gabinete. La respuesta del TSJ fue que el Presidente estaba “muy ocupado para responder a la petición” y que esas funciones de remover y designar ministros tenían por objeto aumentar la eficiencia del Estado, según publicó Acceso a la Justicia en su sitio web.
Acceso a la Justicia indicó que el tiempo promedio que toma al Poder Judicial decidir sobre los casos de peticiones de información es de 325 días, aunque algunos casos toman más de 400 días en resolverse.
Pese a que ciudadanos y organizaciones han recurrido a distintas figuras jurídicas en sus intentos por obtener información pública, el estudio concluyó que en Venezuela no existe un recurso legal para acceder a esa información de manera efectiva, expedita y sencilla, lo que podría estar violando la obligación del Estado a garantizar ese derecho.
De acuerdo con la organización, la regla no escrita para los funcionarios parece ser mantener total opacidad.
Acceder a información que maneja el Gobierno de Venezuela es fundamental para la sociedad civil, pero los espacios del Estado están cerrados a la vista de los ciudadanos, indicó el reporte. “La contraloría social para combatir la corrupción se hace cuesta arriba y el ambiente de impunidad prevalece, amparado en la opacidad informativa.”
Es en ese sentido que Acceso a la Justicia urgió que la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública sea retomada una vez más por la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el diario El Universal, dicha iniciativa de ley ya fue aprobada en una primera discusión en marzo de 2016, pero todavía no pasa la segunda discusión en la Asamblea Nacional. A eso se suma el hecho de que en enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional –de mayoría opositora- por supuestas irregularidades electorales, con lo que todas sus decisiones serían consideradas nulas.
Y ahora, la Asamblea Nacional está bajo la amenaza de la nueva Asamblea Nacional Constituyente –alineada con el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro-, instaurada tras las cuestionadas elecciones del 31 de julio de 2017. Ante la situación política, Acceso a la Justicia está conciente de que la aprobación de esa ley es poco probable en el corto plazo.
“Tenemos una Asamblea que está luchando por su supervivencia en estos momentos,” dijo Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, al Centro Knight. “Actualmente su directiva corre el riesgo de ser detenida en cualquier momento por la arbitrariedad de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya ha dicho de diferentes maneras que va a allanar la inmunidad parlamentaria.”
Las leyes sobre acceso a la información no están actualmente entre las prioridades de la Asamblea Nacional, explicó Daniels.
“La primera condición para que las leyes de acceso a la información pudieran avanzar es que se restablezca el respeto por las decisiones de la Asamblea Nacional, que lo que diga la Asamblea se respete porque es un órgano elegido,” dijo Daniels. “A partir de ahí, se necesita que el TSJ se abstenga de actuar políticamente y actúe jurídicamente. Con esas dos circunstancias, la ley tendría las condiciones para ser promulgada.”
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
