Con estrategias que van desde el uso de discursos abiertamente hostiles que la califican de “enemiga” u “opositora”, hasta el uso abusivo del derecho penal para censurar pasando por el aprovechamiento de desarrollos tecnológicos para vigilar y controlar, algunos gobiernos de América Latina buscan desmantelar el estado de Derecho para perseguir la crítica y la denuncia pública.
Así lo expusieron representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la región ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura” que tuvo lugar el 8 de julio.
De acuerdo con Emmanuel Vargas Penagos, director de la organización colombiana de defensa de libertad de expresión El Veinte, se trata de una problemática común en la región y que se relaciona con “estrategias gubernamentales para socavar la participación ciudadana y la difusión de información relevante sobre los poderes públicos”. No solamente periodistas sino también personas defensoras de derechos humanos son los objetivos de estas estrategias.
“Observamos que no son asuntos limitados a gobiernos ubicados dentro de uno u otro extremo del espectro político, y que forman parte de una estrategia amplia de desmonte del Estado de Derecho”, dijo Vargas. “Lo anterior implica que la respuesta por parte de los Estados y el Sistema Interamericano debe ser integral y fundamentada en la salvaguarda de la libertad de expresión y la participación pública como elementos fundamentales de la democracia”.
Implantar las narrativas oficiales es una de esas estrategias. De acuerdo con Raissa Carrillo, de la organización internacional Media Defence, esto crea un ambiente hostil para la veeduría y facilita la propaganda y la autocensura. Estas narrativas, continuó Carrillo, logran implantarse mediante cuatro medidas como la estigmatización, el desvío de las audiencias de la prensa, el debilitamiento de contradictores y la amplificación del mensaje usando el sistema de medios públicos.
Como ha sido documentado, la estigmatización de la prensa y defensores de derechos humanos mediante las declaraciones públicas de autoridades de alto rango “sin duda generan un efecto inhibidor ante cualquier control al poder”, agregó Carrillo. Los casos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador, Gustavo Petro de Colombia y Javier Milei en Argentina, así como de los expresidentes Donald Trump de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro de Brasil son tal vez algunos de los más emblemáticos, agregó.
Audiencia pública ante la CIDH “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura” durante el 190 Periodo de Sesiones.
Según informó, las organizaciones han podido ver un “paralelismo temporal” entre el incremento de la violencia física contra periodistas y el ambiente hostil promovido por estas declaraciones. “Esto resulta muy gravoso de cara al contexto de violencia mortal contra la prensa en la región en los últimos cinco años”, dijo Carrillo.
Agregó que es preocupante que las organizaciones que trabajan en defensa de la prensa ahora también reciben estas estigmatizaciones. Así le ha sucedido a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), a la Asociación de Periodistas de El Salvador o a Artículo 19 y el Centro Prodh en México.
Las organizaciones también han documentado el uso del sistema de medios públicos para promover campañas de desprestigio y en caso más grave para ponerlo al “servicio de una misión política”. Si a esto se suma la medida de desviar y cooptar las audiencias de la prensa, el gobierno se convierte en el filtro de qué se debe entregar a las audiencias, qué se considera relevante y qué no.
“La comunicación unidireccional, a través de redes sociales y plataformas, facilita prescindir de la prensa”, dijo a su turno Ángela Caro, de la FLIP.
El fortalecimiento de mecanismos de vigilancia tanto en el mundo análogo como en el digital ha sido identificado por las organizaciones como otra estrategia para el silenciamiento de voces críticas. Les preocupa especialmente la “opacidad” en la adquisición y uso de spyware, la geolocalización ilegal y el ciberpatrullaje.
Se ha identificado el uso del spyware Pegasus, por ejemplo, en Colombia, El Salvador, República Dominicana y México. En este último, en al menos 25 periodistas se ha usado Pegasus, incluido en el periodista Cecilio Pineda Brito, asesinado dos semanas después del uso del spyware, según informó Luis Fernando García de la organización R3D.
Agregó que en El Salvador, entre julio de 2020 y noviembre de 2021, 35 dispositivos de periodistas e integrantes de la sociedad civil fueron atacados con Pegasus mientras informaban sobre asuntos de la administración del presidente Bukele.
El ciberpatrullaje o uso de software de fuentes abiertas y herramientas de inteligencia es una amenaza latente en contra de medios y periodistas la cual se agrava ante la falta de investigación, juzgamiento y reformas legales que hagan un control de esto, explicó Priscilla Ruiz de Artículo 19.
“La judicialización de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público abusando las herramientas legales” es otra de las estrategias identificadas por las organizaciones. Como ha sido identificado hace años, esta tendencia de denunciar penal o civilmente a periodistas y activistas buscan socavar el escrutinio y el debate público, dijo Alicia Miller de FOPEA.
Estas denuncias suelen afectar psicológica y económicamente a los periodistas y en algunas ocasiones trae amenazas e intimidaciones no solamente contra el periodista blanco de estas denuncias, sino contra sus colegas y familiares.
“El acoso judicial tiene un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de autocensura que además de afectar la labor periodística lesiona el derecho al público a la información y el papel del ciudadano en la democracia”, dijo Miller.
Además del abuso del sistema de justicia, las organizaciones encontraron que en algunos países incluso ha habido reformas legales para aumentar las penas en los delitos para procesar a periodistas como difamación, actividad terrorista, colaboración con entidades extranjeras, publicación de noticias falsas o desorden público. También se usan acusaciones de delitos financieros como fraude o lavado de dinero, pero motivados por razones políticas, explicó Miller.
Casos como los del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, Daniel Enz de Argentina, Luis Ángel Cuza y Lázaro Yuri Valle Roca de Cuba, y Gustavo Gorriti de Perú fueron algunos de los mencionados. También fueron destacados los casos de Nicaragua con periodistas acusados e incluso expulsados de su país acusados de distintos delitos. También has sido identificado en El Salvador. La FLIP ha documentado al menos 14 casos en Colombia hasta junio de 2024, mientras que la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) ha documentado 654 demandas catalogadas como acoso judicial desde 2009 hasta 2024.
Una de las peticiones hechas a la CIDH es la elaboración de un protocolo modelo que profundice en los estándares establecidos por el Sistema Interamericano sobre la libertad de expresión de los funcionarios públicos, los derechos y obligaciones que esta implica, así como su impacto en las comunicaciones del Estado y en el mundo digital.
El protocolo, según las organizaciones, podría dar herramientas a los Estados para prevenir la violencia provocada por los discursos estigmatizantes.
“Esta iniciativa puede tener un efecto preventivo en un contexto en el que ya se evidencia un paralelismo entre el incremento en la violencia física contra periodistas y el ambiente hostil promovido por las estigmatizaciones oficiales”, dijo Sofía Jaramillo del Robert F. Kennedy Human Rights.
También solicitaron priorizar el análisis de casos relacionados con los diferentes problemas expuestos en la audiencia y así extender los estándares interamericanos, así como la realización de informes sobre los efectos de las herramientas de vigilancia en la libertad de expresión y otro sobre “los pleitos estratégicos contra la participación pública como amenaza para la libertad de expresión”.
