Actualización (16 de junio, 2016): Al periodista Marcelo Auler le permitieron publicar nuevamente ocho de los diez artículos censurados en su blog. La jueza Vanessa Bassani rechazó la demanda de indemnización solicitada por el delegado Maurício Moscardi Grillo luego de encontrar un error en la petición original: la dirección del domicilio del investigador está ubicada en la jurisdicción de otro tribunal, lo que significa que el juez original no sabe del caso.
Con esta decisión, el periodista ya no está impedido de "publicar nuevos artículos con contenido que pueda ser interpretado como ofensivo por el denunciante". Los otros dos artículos que involucran a la delegada Erika Mialik Marena siguen censurados. Ahora se puede acceder a los ocho artículos que fueron previamente censurados en el blog del periodista.
Nota original (3 de junio, 2016): El periodista carioca Marcelo Auler está luchando ante la justicia contra una medida calificada como autoritaria impuesta por los propios tribunales: censura previa. Auler tiene prohibido publicar críticas a la actuación de la Policía Federal (PF), así como información sobre presuntas irregularidades durante las investigaciones policiales relacionadas con la Operação Lava Jato (Operación Lavado de Autos) – considerada la mayor investigación de corrupción jamás realizada en el país. Las decisiones judiciales fueron proferidas de manera preliminar sin que se le hubiera concedido el derecho a la defensa del periodista, según publicó Auler en su blog.
Para el periodista, estas decisiones se tratan de una amenaza no solo a su trabajo periodístico, sino a la prensa brasileña como un todo.
“Es el periodismo el que está en juego. Las personas tienen todo el derecho de buscar justicia y reclamar por lo que yo escribí, y yo tengo la obligación de probar que lo que estoy escribiendo sea verdad”, dijo Auler al Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Yo haría esto y por eso no me molesta que lo hagan. Tengo pruebas de todo lo que escribí. Incluso usted puede argumentar que la interpretación no es correcta, pero no se puede censurar”.
Por decisión de dos Juzgados Especiales de Curitiba, diez reportajes tuvieron que ser retirados de su blog y futuras publicaciones sufrieron censura previa. La primera decisión, proferida el 30 de mayo por el juez Nei Roberto de Barros Guimaraes, atendió a un pedido de la delegada federal Erika Mialik Marena y determinó que se debían eliminar dos historias publicadas en marzo de este año en el que Auler mencionaba la presunta participación de la delegada en la filtración de información sobre la Operación Lava Jato.
La segunda decisión, emitida por la jueza Vanessa Bassani, determinó la eliminación de ocho artículos publicados entre noviembre de 2015 y abril de este año que mencionan la actuación del delegado Maurício Moscardi Grillo y critican presuntas escuchas ilegales y los altos costos de una reforma realizada en una de las unidades de la Policía Federal (PF).
Este fallo también prohíbe la publicación de futuros reportajes al establecer que el periodista “se abstenga de divulgar nuevos materiales en su blog cuyo contenido pueda ser interpretado como ofensivo para el demandante”, en este caso el delegado Moscardi.
Auler aseguró que está apelando ambas decisiones y que el próximo paso será interponer una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF) teniendo en cuenta que las decisiones de los juzgados van en contra de posicionamientos previamente establecidos por el STF.
De acuerdo con el magistrado retirado del STF Carlos Velloso, la decisión de la jueza Bassani es una violación a lo dispuesto en la Constitución.
“La censura previa dejó de tener vigencia en el país y pasó a ser no admitida constitucionalmente con la Constitución Federal de 1988, porque antes había brechas legales que la autorizaban. Por lo tanto, hace casi 28 años que la práctica está prohibida en Brasil”, dijo Velloso al sitio Consultor Jurídico.
La abogada Márcia Mialik Marena, representantes de los dos delegados federales, no atendió los llamados del Centro Knight. Pero en un comunicado enviado al diario Folha de S. Paulo, dijo que los delegados respetan el periodismo de investigación, ya sea positivo o negativo, en relación con la Operación Lava Jato.
Y agregó que Auler “más que criticar pasó a reiteradamente acusarlos de crímenes, sin que en su trayectoria profesional hubieran sido acusados de procedimientos disciplinarios o penales”.
Organizaciones periodísticas publicaron comunicados rechazando las decisiones de los juzgados. La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo afirmó que la prohibición de publicar futuros reportajes es una medida grave “que se configura como censura previa – medida inconstitucional e incompatible con una democracia plena”.
Según la Asociación Brasileña de Prensa (ABI por sus siglas en portugués), las medidas judiciales representan un “peligroso precedente” ya que recurre a mecanismos de control de expresión del pensamiento característicos de la dictadura militar.
“En visión de ABI, las autoridades que se sintieron ofendidas por el blog tienen otros instrumentos legales para que se rectifiquen las acusaciones en las que están involucradas sin la necesidad de reactivar procedimientos de carácter autoritario que se creían enterrados para siempre con el fin del régimen de 1964”, señaló la organización en un comunicado.
A pesar de que está expresamente prohibía por la Constitución Federal, la censura ha sido una práctica habitual en las decisiones de los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia quienes deciden no solo eliminar artículos ya publicados, sino que prohíben la divulgación de reportajes futuros.
El año pasado, la ONG Repórter Brasil fue prohibida de divulgar información sobre un rescate de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Una encuesta realizada por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas muestra que, solamente entre 2012 y 2013, el país registró 25 casos en los que se utilizaron los tribunales como instrumentos de censura.
Uno de los casos emblemáticos es el del periódico O Estado de S. Paulo, que está bajo censura desde hace siete años. El 31 de julio de 2009, el periódico fue prohibido de publicar información acerca de una operación de la Policía Federal en el que era investigado el empresario Fernando Sarney, hijo del senador José Sarney. La censura previa determinada en 2009 por el juez Darcio Vieira fue ratificada en 2013, y el caso está pendiente de ser decidido por el Supremo Tribunal.
Brasil ocupa la posición 104 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016, según la organización Reporteros sin Fronteras.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
