Por Yenibel Ruiz
Jineth Bedoya Lima, la periodista colombiana que el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de un grupo de paramilitares como represalia a su trabajo periodístico, devolvió formalmente la indemnización administrativa que el Estado colombiano le otorgó como víctima del conflicto armado, informó el diario El Espectador.
“Señores del Estado, el daño que este conflicto armado me causó a mí y a mi familia no valen los 24 millones 640 mil pesos (colombianos) que me dieron. Mi reparación es la verdad, es lo único que pido. Ustedes me han revictimizado con sus mentiras, sus omisiones y su inoperancia”, dijo la periodista, según la agencia colombiana Colprensa.
La periodista aceptó hacer parte del proceso de reparación liderado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero dijo en su momento que “la reparación a la que tengo derecho nunca podrá ser usada como un mecanismo de justicia en mi caso”, publicó el diario El Tiempo.
Según El Tiempo, Bedoya Lima siempre se negó a recibir la indemnización – de aproximadamente US 8.400 dólares – la cual estuvo por más de seis meses en un banco sin ser cobrada. Sin embargo, en 2014 cuando el gobierno decretó el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual aceptó recibir el dinero, agregó el diario.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que la decisión de Bedoya Lima se fundamenta en la “enorme contradicción que existe desde las autoridades en el tratamiento de su caso”. De acuerdo con la FLIP, el Estado asegura luchar la justicia, pero no acepta su participación en el crimen “cuando existen pruebas que señalan la responsabilidad de agentes Estatales en el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista”.
Por años la periodista ha exigido verdad y justicia en su crimen. Durante la más reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – entidad que estudia su caso desde 2011 – recordó que nunca se ha investigado la responsabilidad de agentes estatales en su crimen.
En esta audiencia, el Estado presentó como avances en el caso la indemnización que recibió la periodista, informó El Tiempo. También presentó las condenas contra los exparamilitares Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía como grandes avances.
“Nunca en todos estos años he recibido una sola ayuda humanitaria o de otra índole económica por parte de gobierno alguno o del Estado. Y por eso quiero ser consecuente con mis acciones”, dijo la periodista, según El Espectador. “Hoy le devuelvo a ese Estado, que no ha sido capaz de encontrar justicia y verdad en mi caso, y en los miles de casos que como yo, hemos sufrido la violencia sexual, esa indemnización”.
La FLIP, que representa legalmente a Bedoya Lima, aseguró que apoya esta decisión y exigió al Estado brindar garantías para que avancen las investigaciones penales “de manera que permitan juzgar y sancionar a las personas que hoy en día están vinculadas al proceso”. También le pidió a la CIDH que el caso siga avanzando para que pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El crimen contra Bedoya
El 25 de mayo de 2000, Bedoya Lima fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá a donde había llegado para realizar una entrevista en el marco de una investigación sobre una red de corrupción al interior de las cárceles del país.
Tras ser torturada, la reportera fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta (región central de Colombia).
En 2012, los delitos de los que fue víctima fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia, enmarcados en un contexto de violencia contra la prensa del país como “método de guerra”. No obstante, las condenas contra dos exparamilitares en 2016 son las únicas en su caso.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
