El joven periodista venezolano Yonathan Guédez (22), que fue detenido el 10 de abril junto a 30 manifestantes mientras cubría una de las numerosas protestas sociales que vive el país venezolano por las recientes medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, continúa preso, según varios medios locales y nacionales.
Desde el 28 de marzo, Venezuela vive una ola de protestas sociales luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anunció su decisión de deslegitimar las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, cuya mayoría es de oposición política al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) dijo en su cuenta de Twitter que el juicio de Guédez estaría previsto para el lunes 17 de abril.
Guédez iba a ser juzgado el viernes 14 de abril, sin que se sepa aún los delitos que le serán imputados. Sin embargo, trascendió que él y los demás detenidos serían llevados ante un tribunal militar por ultraje a centinela y daños a instalaciones militares, publicó El Pitazo.
Posteriormente, El Pitazo informó que el juicio no se realizó porque el caso de Guédez y el de los demás detenidos el 10 de abril fue remitido a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial, luego de que el tribunal se declaró incompetente para proceder. Mientras tanto, Guédez y los demás detenidos permanecerán recluidos en el comando de la Guardia Nacional Alí Primera.
El joven periodista, comunicador de la alcaldía de Iribarren, cubría la protesta en la ciudad larense de Barquisimeto cuando fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando esta llegó a reprimir a los marchantes, informó El Pitazo.
El SNTP exigió “la inmediata liberación de Guédez, detenido en el ejercicio de su profesión”, y exhortó a las autoridades del Estado a pronunciarse ante esta evidente violación a la libertad de información”, informó el sitio Tal Cual.
Sobre Guédez y los protestantes detenidos, el abogado Pedro Tronconis de la organización sin fines de lucro Foro Penal Venezolano dijo el 13 de abril a TV Venezuela Noticias que oficialmente aún no se saben los delitos que les está imputando el Ministerio Público. “Recién al pasar a la sala de audiencia se podrán leer las actas policiales del caso”, y confirmar los cargos, precisó Tronconi.
“Generalmente, los periodistas y manifestantes detenidos son catalogados como manifestantes violentos, y pueden ser juzgados por los delitos de intimidación e instigación pública. Hasta el momento no se sabe qué delitos le van a imputar al periodista y a los demás detenidos en Barquisimeto, Lara. En otros casos, también los han culpado de daños a la propiedad, si es que en las cercanías de su detención existen daños a la propiedad ya sea pública o privada”, explicó Tronconis.
“Cuando escuchamos la versión de los jóvenes o personas detenidas, resulta que son generalmente detenidos en lugares distintos a los que dice el acta policial”, acotó.
La madre de Guédez, Arelis Guzmán, dijo entre lágrimas que su hijo siempre se ha destacado en sus estudios y en su trabajo, y, sin embargo, ha sido tratado como un delincuente, siendo aprehendido de forma arbitraria. Desde su detención, la policía no le ha permitido ver o hablar con su hijo, solo ha podido hacerle llegar comida y ropa interior, declaró a El Pitazo.
Varios periodistas, además de Guédez, fueron detenidos en otros estados del país mientras cubrían las protestas de la semana pasada.
Es el caso de José Rangel, en el estado de Sucre. El 13 de abril, el periodista permaneció ilegalmente detenido por casi cinco horas, luego de ser aprehendido por la Guardia Nacional Bolivariana, publicó el sitio 2001.
El SNTP denunció a través de su cuenta en Twitter que Rangel fue brutalmente golpeado y requisado por la policía durante su detención. El lunes 17 de abril, el periodista deberá presentarse a una mesa de negociación ante la Fiscalía de Cumaná, informó el sindicato.
Asimismo, en el estado de Mérida fue detenido y luego liberado el periodista Daniel Molina, del diario El Pico, denunció Marco Ruiz del SNTP. El 11 de abril, Molina se encontraba cubriendo la protesta en el distrito de Tovar cuando fue abordado por desconocidos, quienes se lo llevaron del lugar para quitarle sus pertenencias, dejándolo abandonado en las afueras de la ciudad, publicó El Nacional.
El 11 de abril también fueron detenidos en Venezuela los comunicadores Sebastián Pérez, de Uruguay, y Didier Barra, de Francia. Ambos laboran para la agencia de noticias francesa Capa.
Pérez y Barra se encontraban en el aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Francia cuando fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), informó El País de Uruguay.
Respecto a las recientes protestas, Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo: “Los ciudadanos venezolanos no pueden recibir información sobre la crisis política y económica que atraviesa el país cuando los periodistas son golpeados, detenidos arbitrariamente, bloqueados y acosados por las fuerzas de seguridad”.
El CPJ instó a las autoridades venezolanas a garantizar que la prensa pueda informar y cubrir las protestas en forma segura. Varios periodistas han sido detenidos, agredidos o han visto su equipamiento confiscado mientras cubrían las recientes marchas de protesta del país. También son al menos tres los sitios web de noticias independientes los que siguen bloqueados luego de transmitir secuencias de las manifestaciones, denunció la organización.
Carlos Correa, director del grupo venezolano de promoción y defensa de la libertad de expresión Espacio Público, dijo al CPJ que su organización documentó al menos 29 casos de periodistas agredidos, acosados, atacados o prevenidos de cubrir las protestas de Caracas y otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exhortó al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.
“De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos civiles armados durante las manifestaciones”, denunció el organismo en su sitio.
Roberto Rock, presidente de la comisión de libertad de prensa e información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y director del sitio mexicano de noticias La Silla Rota, dijo al Centro Knight que lo que está sucediendo en Venezuela es una apuesta del gobierno por un apagón informativo.
Con una “estrategia muy sistemática”, la autoridad está bloqueando la participación, ya no solo de canales de televisión, estaciones de radio o de portales de internet, sino de los servicios que las empresas privadas proveen a los medios, como el uso de servidores y hosting. Los portales digitales están siendo bloqueados por injerencia del gobierno sin ninguna notificación, denunció Rock.
“Nosotros vemos que la vida de los periodistas está corriendo peligro, que ya se han reportado muertos en las protestas, (...) mujeres periodistas que son arrastradas por la calle, agresiones muy directas que no se pueden ya considerar como daños colaterales de la violencia que puede generarse en las calles, sino que son ‘objetivos directos’, ‘agresiones directas’ a periodistas”, sostuvo Rock.
También señaló que es cada vez más evidente la existencia de grupos de choque durante las manifestaciones. No se trata solo de “que un periodista recibe un golpe dentro de una multitud enardecida, sino que – estos grupos de choque – ubican directamente a los periodistas y van a agredirlos específicamente. Son cuerpos a veces vestidos de civil, pero también son cuerpos de policía estatal o de algún cuerpo militar”, declaró Rock.
Del 28 de marzo, que comenzaron las protestas contra el Tribunal Supremo de Justicia, al 10 de abril, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela contabilizó: 25 limitaciones a la cobertura de asuntos de interés público, 19 agresiones físicas, 11 casos de intimidación, cuatro ataques contra equipos de trabajo periodístico, tres detenciones arbitrarias, tres robos y un ataque directo contra la sede de un medio de comunicación, publicó el sitio Runrunes.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
