El sitio periodístico peruano IDL-Reporteros, que reveló a mitad de este año una profunda crisis en el sistema de justicia de su país mediante la difusión de audios de filtraciones telefónicas, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al gobierno peruano tomar medidas urgentes de protección para los periodistas y funcionarios que investigan los presuntos actos de corrupción actuales.
En una audiencia pública, en el marco del 169 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión, la reportera y cofundadora de IDL-Reporteros, Romina Mella, expuso ante los comisionados y Relator Especial de la CIDH. La periodista detalló la serie de actos de hostigamiento judicial y por parte del Congreso de la que vienen siendo víctimas como medio.
Además, reveló que la Acción de Amparo que interpusieron en consecuencia para cesar el acoso continúa pendiente de resolverse en el Ministerio Público.
En cuanto a la persistencia del hostigamiento judicial contra los periodistas, Mella dijo que gracias a que continuaron publicando el informe periodístico y los audios, algunos de los funcionarios públicos que los citaron y exhortaron a revelar sus fuentes y su material investigativo resultaron, en el camino, estar implicados y mencionados en las conversaciones de los audios que continúan revelando presuntos actos de corrupción en las más altas esferas del sistema judicial peruano.
“Por ejemplo, revelamos audios que implicaban al Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza en los actos de corrupción judicial”, dijo Mella.
Rodríguez Monteza, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, emitió un oficio el 12 de julio exigiendo a IDL-Reporteros entregar los audios y todo su material periodístico y a revelar sus fuentes. De no hacerlo, según el pedido del fiscal, los periodistas serían procesados por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Este pedido fue posteriormente descartado por el saliente Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
“Frenamos el asunto (el acoso judicial) gracias a la publicación periodística. No fue el Ministerio Público quien tuvo una acción frente a esto, sino fue el periodismo de investigación”, continuó Mella.
En un primer audio difundido el 7 de julio como parte del informe “Corte y Corrupción”, IDL-Reporteros reveló la conversación que sostuvo un juez supremo y el abogado de la parte acusada sobre un caso de violación a una menor de edad. En esta, el juez César Hinostroza, entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, negociaba su sentencia en el caso.
La abogada Cruz Silva, de la organización de la sociedad civil Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló en su intervención ante la Comisión que este hostigamiento a los periodistas por parte del Ministerio Público y el Congreso violan los Artículos 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las garantías judiciales y el derecho a una justicia independiente y en cuanto a la libertad de expresión, respectivamente.
La delegación que asistió a la audiencia en representación del Estado peruano estuvo a cargo del viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, quien afirmó que el gobierno del presidente Martín Vizcarra está liderando directamente el proceso de reforma del sistema judicial para proteger las garantías constitucionales.
“Existe una campaña de desprestigio contra los periodistas y cualquier ciudadano que trate de denunciar la corrupción. Las reformas que propone el Ejecutivo no son suficientes, la transparencia en las elecciones de los cargos del sistema judicial aún no son transparentes”, subrayó Mella.
Asimismo, la periodista apuntó que continúa abierto el proceso de citación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso al director de su medio, Gustavo Gorriti, y Roxana Cueva, directora del programa periodístico “Panorama” que también difundió los audios. En la citación a la que se negaron a asistir ambos periodistas, la comisión parlamentaria tenía como objetivo explícito pedirles revelar sus fuentes y entregar todo su material periodístico.
Por su parte, el vicepresidente de Justicia reveló que la autoridad de transparencia del Ministerio de Justicia va a realizar una supervisión de todas las instituciones del sistema judicial. “Eso nunca se ha hecho antes. Se van a poder revisar los nombramientos y ratificaciones irregulares de jueces, magistrados y fiscales que hayan obtenido estos cargos de manera irregular”, dijo Castañeda en el contexto de la actual crisis que atraviesa el sistema judicial tras las revelaciones difundidas por el periodismo de investigación en el Perú.
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, quien presidió la sesión, dijo que cuando los intereses políticos se infiltran y cooptan el sistema judicial de un país, “esto conduce a una impunidad total para esa macrodelincuencia que es la que nosotros llamamos de ‘cuello blanco’”. Y añadió que es la macrodelincuencia “la que va a quedar totalmente impune y eso es muy grave para una sociedad, para una democracia. Por esa circunstancia el caso del Perú es emblemático”.
Mella explicó que el acoso judicial a IDL-R y a otros periodistas que han participado de la investigación y difusión de los audios de filtraciones telefónica no es un caso aislado en el Perú. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha advertido que por primera vez en dos décadas, el acoso judicial a los periodistas ha reemplazado el acoso y la violencia física contra los periodistas, señaló.
“Por el caso Lava Jato, sobre la corrupción corporativa más importante de América Latina, los periodistas de IDL-R, el semanario Hildebrandt en sus Trece y el diario La República han sido querellados por personas que ahora están siendo investigadas por lavado de dinero de la constructora Odebrecht en el Perú”, puntualizó la periodista.
