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Cincuenta y un periodistas sufrieron algún tipo de agresión durante la cobertura de la huelga general de transportes que atraviesa el país desde el jueves 3 de octubre, documentó Fundamedios.
La organización registró 30 casos en que los policías abordaron de forma violenta a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios digitales, impresos y televisivos. Hubo también 17 casos de agresión verbal y física contra periodistas por parte de manifestantes y otros cuatro casos de agresores no identificados. Asimismo, seis medios de comunicación fueron atacados, entre ellos las radios Pichincha Universal (Quito) y Centro (Ambato), las cuales sufrieron cortes de energía, según Fundamedios.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó estado de excepción luego de que el país fuera tomado por las protestas en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, informó la BBC. Con esa medida, el precio del diesel subió 120% y la gasolina 24%, reportó la Deutsche Welle.
Fundamedios exigió al gobierno nacional que garantice la protección al trabajo de la prensa. “No es posible que tantos profesionales de la comunicación hayan sido agredidos por la Policía Nacional de forma tan violenta mientras cumplían con el deber de informar a la ciudadanía”, dijo la organización.
Entre los agredidos está Julio Estrella, fotógrafo de El Comercio, “golpeado violentamente por 15 policías y rociado con gas lacrimógeno”, de acuerdo con Fundamedios. Daniel Molineros, fotógrafo de la agencia API, fue agredido cuando intentó defender a su colega, como muestran las imágenes publicadas en Twitter por el medio comunitario Wambra.
[URGENTE] Este es el momento en que periodistas Julio Estrella de @elcomerciocom y Daniel Molineros de Agencia API, son atacados por la @PoliciaEcuador mientras cubrían protesta en #Quito.@FUNDAMEDIOS @inredh1 @cedhu @mariapaularomo pic.twitter.com/QeRT3GxRAY
— Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 3, 2019
Otro video, publicado en el sitio del diario El Universo, muestra cuando un periodista que yacía en el suelo es golpeado y pateado por al menos nueve policías, a pesar de los gritos y reclamos de otros colegas frente al hecho.
La Unión Nacional de Periodistas de Ecuador (UNP) divulgó un comunicado rechazando “todo tipo de violencia y agresiones físicas y verbales contra periodistas y trabajadores de la prensa, que provenga de elementos desadaptados vinculados a las protestas callejeras o del condenable abuso de la fuerza por elementos policiales”. La UNP resaltó también que “el ataque desmesurado a los trabajadores de la prensa (...) es un acto lesivo contra la liberdad de expresión, conduce a la censura colectiva y afecta los fundamentos de la democracia”.
La organización también exhortó al Consejo de Información y Comunicación (Cordicom) a tomar medidas para garantizar el trabajo de los periodistas en el país, según publicó la entidad en Facebook. Por su parte, el Cordicom publicó un comunicado en el que llama a “respetar la integridad de los trabajadores de la comunicación que cubren los actuales acontecimientos”, vía Twitter.
Amnistía Internacional criticó el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas en las calles de Ecuador. La directora de la organización para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que “el presidente Moreno debe garantizar el respeto a los derechos humanos de manifestantes, periodistas y líderes sociales. La decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos”, publicó la organización en su sitio web.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador publicó un comunicado condenando los incidentes registrados contra periodistas y medios de comunicación, informó El Comercio. “Reconocemos la importancia del ejercicio periodístico para mantener informada a la ciudadanía de forma veraz y oportuna. Por lo tanto, todo acto de violencia debe ser criticado y denunciado a las autoridades competentes”, indicó.
El estado de excepción dictado por el gobierno ecuatoriano tiene un plazo de 60 días. Durante este periodo, el presidente suspende o limita el ejercicio de los derechos constitucionales, como la libertad de información, e instaura la censura previa a los medios de comunicación, explicó G1. Hasta el momento, sin embargo, la única acción tomada sobre la base del estado de excepción fue el envío de militares para contener las manifestaciones populares.
