Casi diecisiete meses después de que estallaran las protestas en Nicaragua, periodistas independientes en el país y defensores de la prensa internacional están repitiendo los llamados para proteger a los trabajadores de los medios y la libertad de expresión.
Para conmemorar el Día Internacional del Periodista, el 9 de septiembre, el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua hizo un llamado por la restitución de las libertades públicas y exigió el fin del estado policial.
“Sin Libertad de Prensa, sin Libertad de Expresión y sin Libertad de Información, los esfuerzos por restituir derechos en Nicaragua son inútiles. La libertad de expresión y de prensa son la base fundamental para desarrollar cualquier proceso de democratización en Nicaragua”, se lee en un comunicado del grupo. “La restitución de las Libertades Públicas es necesaria para realizar elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de JUSTICIA, PAZ y DEMOCRACIA, que tanto anhela la población nicaragüense. Por ello demandamos la suspensión del estado de excepción de facto”.
#Nicaragua: Desde su regreso al poder Daniel Ortega “se ha empeñado en silenciar a los medios independientes, de distintas formas: amenazando, intimidando, asediando y encarcelando periodistas”. https://t.co/gg9JiHRgRC
— Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) September 10, 2019
El gobierno nicaragüense y sus seguidores han reprimido a la prensa independiente desde que estallaron las protestas contra el régimen actual en abril de 2018.
Varios periodistas han sido acosados, encarcelados y forzados al autoexilio debido a amenazas y acciones legales. Las redacciones de 100% Noticias y Confidencial fueron allanadas y siguen ocupadas por autoridades.
Los periodistas independientes condenaron las muertes de 328 personas – cifras proporcionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – en este contexto. También pidieron la liberación de prisioneros políticos y que aquellos en el exilio puedan regresar a sus hogares.Entre otras demandas, también solicitaron la devolución de la sede de 100% Noticias y Confidencial y el cierre de los casos judiciales contra Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, de 100% Noticias. Los dos periodistas fueron arrestados y encarcelados durante seis meses antes de ser liberados como parte de una Ley de Amnistía.
Los periodistas independientes también destacaron el caso de Ángel Gahona, quien recibió un disparo y murió mientras cubría una protesta a través de Facebook Live el 21 de abril de 2018 en Bluefields.
Dos jóvenes fueron juzgados y condenados por su asesinato en un controvertido juicio, pero luego fueron liberados como parte de una ley de amnistía. Recientemente, un tribunal penal de apelaciones archivó el caso de Gahona.
“Lo que queda es investigar a los verdaderos responsables del hecho”, dijo un representante legal de la familia de Gahona, y agregó que los familiares del periodista no creen que los jóvenes fueran responsables del crimen, según informó La Prensa.
En otro caso bien conocido, Radio Darío en León fue incendiada el 20 de abril de 2018 con nueve trabajadores adentro quienes lograron escapar. El hostigamiento hacia Radio Darío y sus periodistas continuó.
El propietario, Anibal Toruño, se exilió, pero regresó a Nicaragua el 29 de agosto a pesar del riesgo de “caer en la cárcel, ser asediado, ser hostigado” como dijo en el programa Esta Noche y fue informado por Confidencial.
Y luego, el 7 de septiembre, un grupo pintó amenazas en las paredes de Radio Darío y de la casa de Toruño en rojo y negro, los colores del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, como informó Confidencial.
“Aníbal Toruño tiene el derecho humano de regresar a vivir a su hogar y Radio Darío tiene el derecho a operar con toda la normalidad posible”, escribió el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua.
A fines de agosto, expertos en libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas hicieron un llamado al gobierno para acabara con las represalias en contra de Radio Darío y otros trabajadores de los medios en el país.
“Hay indicios de una represión sistemática y continua de los medios de comunicación, con periodistas silenciados, agredidos y amenazados de muerte”, dijeron los expertos, según un comunicado de prensa.
“También nos preocupan las campañas de intimidación y deslegitimización de los medios de comunicación en las que se acusa a sus trabajadores de ser enemigos de la patria. Es un claro intento de disuadir al público de usar su voz y un esfuerzo para persuadir a la sociedad de que pierda la confianza en los medios de comunicación”, agregaron.
Los periodistas independientes también destacaron que los insumos para impresión y otros equipos de medios están en manos de las autoridades aduaneras del país.
La portada de la edición del 9 de septiembre del periódico La Prensa también destacó ese hecho.
“La dictadura está afectando TU derecho a mantenerte informado”, se lee en la portada de la edición impresa de ese lunes, junto con el artículo 66 de la Constitución del país sobre el derecho de los ciudadanos a la información veraz.
“Decidimos citar el artículo 66 de la Constitución como un mensaje directo a la ciudadanía pues este bloqueo no es un ataque contra una empresa y su estabilidad financiera sino que es un ataque a su libertad de buscar y recibir información”, dijo Eduardo Enriquez, editor jefe de La Prensa, al Centro Knight. “Muchas personas en Nicaragua no tienen acceso a internet y todavía leen la edición impresa de La Prensa, y esta decisión arbitraria e ilegal está afectando su derecho constitucional”.
Según La Prensa, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) ha estado reteniendo sus insumos de imprenta desde el 10 de septiembre de 2018. Como resultado, La Prensa y el periódico Hoy, también del Grupo Editorial La Prensa, tuvieron que reducir el número de páginas.
El 4 de septiembre, La Prensa informó que el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) ordenó al director general de la DGA entregar los materiales de impresión del periódico.
Como eso no ha sucedido, el periódico dijo en un editorial que ahora continuará con su caso en tribunales superiores, e incluso ante organismos internacionales.
En la primera página de la edición del 9 de septiembre, La Prensa publicó el Artículo 66 de la Constitución sobre el derecho a información veraz. (Captura de pantalla).Enriquez dijo que la DGA no ha dado una respuesta sobre los materiales retenidos.
“Solo dicen que no tienen instrucciones de entregar el material. Cuando les hemos solicitado una entrevista para que expliquen, la respuesta ha sido que ‘necesitan autorización de la Presidencia’, lo que deja en evidencia que Medrano [el director general] solo sigue instrucciones de Ortega y Murillo”, dijo el editor.
Y sin embargo, las publicaciones de La Prensa no son los únicos impresos afectados por la retención de los materiales.
El periódico Q’Hubo, del grupo editorial El Nuevo Diario, suspendió la impresión en diciembre de 2018, y en julio de 2019, El Nuevo Diario cambió a un tamaño tabloide.
Según El Nuevo Diario, el TATA también ordenó a la DGA que entregue sus suministros, pero el periódico dijo que solo ha enviado una parte.
El 2 de septiembre, los grupos de defensa de libertad de expresión PEN International y PEN Nicaragua hicieron un llamado al gobierno para que entregue los materiales a La Prensa y El Nuevo Diario, y que devuelva la sede de 100% Noticias y Confidencial.
También pidieron a la policía y a los grupos paramilitares que dejen de atacar a periodistas, medios de comunicación, blogueros y escritores, y así “garantizar la vida y la seguridad, y sus demás derechos humanos tanto a ellos como a todo el pueblo de Nicaragua”.
* El Centro Knight no tuvo éxito en sus intentos de contactar a la DGA.
