La criminalización judicial y las amenazas contra el periodismo paraguayo se han puesto en evidencia en los últimos meses, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe de mitad de año sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas.
“Es una profesión maravillosa, pero no tenemos garantías, estamos expuestos a todo”, dijo la periodista paraguaya Mabel Portillo, que trabaja para Guairá Press, a LatAm Journalism Review (LJR).
En el marco de esta criminalización judicial, las asociaciones de periodistas paraguayas afirman que una ley destinada a proteger a las mujeres se utiliza para censurar e intimidar a los periodistas, entre ellos Portillo, ante los tribunales.
La Ley 5777/16 de protección integral a la mujer contra toda forma de violencia, en Paraguay, tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.
Aún así, sindicatos y organizaciones periodísticas en Paraguay han expresado su preocupación por la “mala utilización” de esta ley y han denunciado que se usa para censurar, amedrentar, hostigar y amenazar a trabajadores y trabajadoras de la prensa, medios de comunicación y personas independientes que ejercen su libertad de expresión.
En un comunicado publicado en febrero, las organizaciones pidieron al Tribunal Supremo que “emita lineamientos u orientaciones para la correcta aplicación de la ley".
“Es una profesión maravillosa, pero no tenemos garantías, estamos expuestos a todo”, dijo la periodista paraguaya Mabel Portillo, que trabaja para Guairá Press, a LatAm Journalism Review. (Foto: Cortesía).
En el caso de Portillo, se produjo una denuncia judicial utilizando esta ley después de que ella publicara sobre la presunta malversación de fondos en el municipio de Yataity [al sur de Paraguay], según informó Última Hora. La intendente Gloria Duarte presentó la denuncia y consiguió una orden de alejamiento contra la periodista.
“Realmente [esta denuncia] me ha perjudicado bastante, ya se ha cumplido un año de persecución. Nunca tuve problemas con la justicia y duele bastante pasar por todo esto, sólo por denunciar la corrupción”, dijo Portillo. “Creo que si no amara tanto mi profesión, ya hubiera tirado la toalla. No sólo sufro yo, si no también mis padres, mis hermanos y una comunidad quien me consideraba la única esperanza porque yo era el único canal que tenían ellos de saber qué se hacía con los recursos de un municipio”.
El periodista Alfredo Guachiré también fue objeto de una denuncia por violencia contra la mujer en 2022 después de publicar un supuesto caso de estafa del entonces presidente de la Empresa Estatal de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A, Natalicio Chase, y su esposa, Celia Galli. En esta ocasión, el medio de comunicación El Independiente tuvo que eliminar el reportaje.
“Los investigados por hechos irregulares distorsionan la Ley 5777 y la usan como herramienta para censurar o amenazar", dijo Guachiré a LJR.
TEDIC, organización paraguaya dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en internet, ha documentado otros casos en los que tribunales paraguayos dictaron sentencias contra periodistas basándose en la aplicación de la Ley 5777/16.
Por ejemplo, el periodista Fredy Chamorro reveló en febrero supuestas irregularidades en la gestión de un hospital y fue acusado por acoso por la directora de ese centro de salud. La jueza encargada del caso admitió la denuncia y prohibió a Chamorro la publicación de cualquier tipo de información sobre la funcionaria.
La periodista y presentadora de radio y Tv, Letizia Medina corrió con mayor suerte. Después de que ella publicara una parodia sobre la senadora Norma Aquino en su cuenta de Instagram, la funcionaria introdujo una denuncia y pidió aplicar medidas cautelares para eliminar la publicación.
Sin embargo, el juez Gustavo Villalba resolvió no dar lugar a la denuncia presentada por la senadora.
“La imitación humorística realizada por la periodista Letizia Medina, es una forma de expresión protegida por la libertad de prensa y libertad de expresión, y como periodista, la imitación puede considerarse una forma de crítica política aceptable en el contexto de la libertad de prensa”, dijo el magistrado, según reportes de ABC Color.
Vicente Godoy, periodista en la página de Facebook Horqueta Digital, ha sido objeto de amenazas anónimas recibidas en forma de audios a través de WhatsApp. (Foto: Cortesía)
Las amenazas judiciales no vienen solo del uso de la Ley 5777/16. La SIP resaltó el caso que involucra a periodistas de los medios ABC Color y Última Hora, quienes publicaron información sobre el gobierno del expresidente Horacio Cartes. Como los artículos no tenían firma, los fiscales paraguayos Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez pidieron conocer la identidad de los periodistas que escribieron los artículos, lo que ha sido considerado por los involucrados como un amedrentamiento a la libertad de expresión.
En paralelo con los casos legales que los periodistas paraguayos están enfrentando, la SIP también mencionó casos de amenazas de muerte contra periodistas. Es un hecho preocupante si se tiene en cuenta que el periodista Alex Álvarez, de Radio Urundey FM, fue asesinado en febrero de 2023 en Pedro Juan Caballero y aún no se han analizado las pruebas de su caso, según la asociación.
Vicente Godoy, periodista en la página de Facebook “Horqueta Digital”, en la ciudad de Horqueta al norte de Paraguay, denunció ante la Fiscalía de su región, a finales de 2023, haber sido objeto de amenazas anónimas recibidas en forma de audios a través de WhatsApp.
Según explicó el periodista a LJR, las autoridades de su país le ofrecieron protección policial, pero las promesas no fueron cumplidas. Godoy inició trámites para la solicitud de asilo en otro país.
“Para ejercer el periodismo en Paraguay hay que tener agallas, tener valentía, porque cuando hacemos investigación y denunciamos corrupción, no estamos hablando de montos pequeños de dinero. En mis investigaciones, en estos cinco años, he hablado de montos que equivalen a casi US 8 millones de dólares”, dijo él a LJR.
El de Godoy no es un caso aislado, el informe de la SIP nombra al menos a otros tres periodistas que denunciaron haber recibido amenazas de muerte en el último año.
Desde hace un año se debate en el poder legislativo paraguayo un proyecto de ley de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, que todavía no ha sido aprobado.
