*Este artículo fue actualizado.
“En ese momento de calma, todavía del costado del Masp [Museo de Arte Moderno de São Paulo], estaba con un grupo de colegas, y dije, ‘mira, está calmado, parece que paró’ [la represión policial de manifestantes]. Fue decir eso, cuando una bomba de gas lacrimógeno cayó a nuestro lado. Tiré de un colega y [la policía] empezó a disparar de nuevo. Dije ‘empezó de nuevo’ y recibí el impacto”.
La escena ocurrió hace 21 años, el 18 de mayo de 2000, y cambió para siempre la vida del fotógrafo brasileño Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, quien fue herido con una bala de goma disparada por la policía y quedó ciego del ojo izquierdo.
En ese momento, tenía 29 años y trabajaba para Agora S.Paulo, un periódico del Grupo Folha. Él cubría una manifestación de maestros y profesionales de la salud en la Avenida Paulista, en el corazón de São Paulo, la ciudad más grande de Brasil. La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la corte constitucional del país y última instancia judicial, reconoció que tiene derecho a una indemnización por parte del Estado.
“No tengo nada que celebrar. No por mi lado personal de la historia, por la indemnización por daños, ni por lo que esto contribuirá al fortalecimiento de la democracia, la seguridad de los compañeros y la libertad de prensa. Hasta entonces, no se ha ganado nada, nada es seguro”, dijo Silveira a LatAm Journalism Review (LJR) tras la decisión del STF.
El escepticismo de Silveira está justificado por los 21 años de una costosa, ardua y agotadora batalla legal. En la primera decisión del caso, en 2007, la Corte reconoció su derecho a una indemnización, pero en 2014 todo cambió: en la sentencia del recurso de apelación se negó la indemnización con el alegato de que el propio periodista era responsable de su lesión por haber permanecido en el lugar del conflicto.
Fueron necesarios otros siete años para la revocación en el STF, que, sin embargo, no estipuló plazo ni montos para el pago de la indemnización a la que tiene derecho. El temor de Silveira es que se necesite una nueva batalla por el valor de una compensación justa. En la primera instancia judicial, este monto se había fijado en 100 salarios mínimos, hoy equivalentes a 110 mil reales brasileños (o US $21.803).
“Nadie será arrestado, despedido, pasará años en prisión, nadie me pedirá disculpas. Lo único que puede marcar la diferencia es la reparación financiera. (...) No creo que haya ninguna mejora, para mí o para la estabilidad de la seguridad de la profesión, si la multa es solamente simbólica. Para que sea efectivo, el valor debe ser significativo y justo”, dijo Silveira.
A los 50 años, nunca ha abandonado la fotografía, aunque dejó el periodismo. Actualmente estudia oceanología y trabaja como fotógrafo freelancer y diseñador 3D.
“Nunca más en mi vida me contrataron con un contrato formal. Sólo trabajé como freelancer. [Apareció] una oferta de trabajo, envié mi portafolio, me llamaron y se enteraron de mi situación y me despreciaron. Esto sucedió en innumerables ocasiones”, dijo Silveira.
Quien sigue de cerca el desarrollo del caso es también el fotógrafo Sérgio Andrade da Silva. El 13 de junio de 2013, él estaba cubriendo una de las muchas manifestaciones de la serie de protestas que se extendieron por Brasil ese mes. Impactado por una bala de goma, también perdió la vista en uno de sus ojos.
“Hubo una gran transformación en mi vida personal y profesional. En ese momento, como yo era freelancer, la fotografía era mi único ingreso. Mi carrera en el periodismo se vio interrumpida por la violencia. Salí de la calle, del movimiento, de los reportajes”, dijo Silva a LJR.
En el momento en que perdió la vista, Silva trabajaba para la agencia Futura Press y llevaba cinco años trabajando como fotoperiodista profesional. Hoy trabaja en la producción de video, con “cámara fija, en trípode” y ha vuelto a la fotografía con proyectos independientes.
“Trabajé en una agencia pequeña en comparación con otros medios. Buscaba mi espacio, buscaba caminos. Mi gran objetivo, y sigue siendo, es conseguir un espacio en un gran medio de comunicación en el que pueda contribuir [con el fotoperiodismo]”, dijo Silva.
Su demanda contra el Estado va de la mano con la de Silveira. En primera instancia, la justicia entendió que la responsabilidad de la lesión era suya por haberse expuesto al riesgo durante la cobertura. Como la decisión del STF en el otro caso es vinculante, Silva cree que puede revertir la sentencia.
“El STF dice 10-1 que es obvio que el Estado es responsable de una acción provocada por agentes de seguridad pública. Pero la decisión no es definitiva, indicando que el Estado debe cumplir con nuestro reclamo de indemnización. Y luego estamos hablando de una indemnización razonable para que, como mínimo, nos brinde apoyo para reparar el daño material que se nos causó”, dijo Silva.
En Perú: poca esperanza en el horizonte
Los casos de los dos fotógrafos brasileños no son únicos ni en Brasil ni en América Latina. Organizaciones de libertad de prensa recopilan casos de periodistas heridos durante las protestas, algunos de los cuales tienen secuelas graves de por vida.
El peruano Rudy Huallpa Cayo tenía 24 años cuando salió a las calles el 1 de abril de 2014 para cubrir una manifestación que pedía la finalización de las obras en un hospital del gobierno regional de Melgar. Herido en el ojo por una bala de goma disparada por la policía, nunca pudo volver a ver.
“Estaba casi por delante de los manifestantes. [Un policía] toma un arma, lo veo y dispara. El perdigón que dispara, a una distancia de 12 metros, me cae al ojo izquierdo”, recordó Huallpa Cayo en conversación con LJR. “La visión, no se podía ver. Pensaba que era una consecuencia [temporal] del golpe. Pero los médicos luego me dijeron que sería irreversible”.
El periodista continúa en su profesión, trabajando en Diario Sin Fronteras, en Puno, pero con pocas esperanzas de recibir una compensación por parte del Estado. Según él, el Ministerio Público, que supuestamente investigaría el caso, solicitó su cierre por presunta falta de pruebas para responsabilizar a la policía.
“Había instantáneas, testimonios, videos de otros compañeros periodistas, desde que dispararon hasta que me caigo. Sin embargo, el Ministerio Público nos pide una pericia balística, [pero] no he conseguido un perito [independiente]. Al momento de contar que estoy demandando un efectivo policial, desistían. No querían llevar a realizar la pericia balística”, lamentó el periodista. “El trauma queda. Ya no soy una persona normal. Pasé a ser una persona con discapacidad”.
El 5 de enero de 2017, Marco Antonio Ramón Huaroto, también peruano, llegó tarde a una protesta de vecinos de Puente Piedra, Lima, contra la instalación de una caseta de peaje. En ese momento, era pasante en el diario Perú 21, del grupo El Comercio. Tan pronto como se enteró de que ya había habido un enfrentamiento entre manifestantes y la policía, se puso a buscar a los heridos. Fue entonces cuando se reanudó el enfrentamiento y represión policial a la protesta popular.
“Habrán pasado 40 minutos, 45 minutos desde que estuve de este lado [de los manifestantes] y en algún momento, desde esa tanqueta donde ya me habían apuntado varias veces, me dispararon una ráfaga de perdigones directo al cuerpo y me impactaron como cinco perdigones en la cabeza, en las manos, en la cámara también. Y uno de esos perdigones me entró al ojo izquierdo, y ya desde ese momento, ya perdí. Ya no me acuerdo muy bien. Sólo sé que me tumbó hacia atrás y que empecé a ver todo oscuro”, dijo Huaroto a LJR. En su caso, en vez de las balas de goma, la policía utilizó munición que dispara pequeños perdigones.
Como pasante, el periodista no tenía seguro médico y su familia pagó de su bolsillo el costo de su tratamiento y las cuatro cirugías que siguieron. Hoy, cinco años después, sólo tiene el 30% de la visión en el ojo lesionado, ha desarrollado glaucoma y se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático. Aun así, no ha recibido ninguna reparación y aún acumula deudas médicas.
“Para un fotógrafo perder la visión es como la peor pesadilla, porque es mi herramienta de trabajo, mi misión. (...) Ya no pude continuar con una carrera que yo empezaba a construir y que yo sentía que tenía muchas posibilidades porque me estaba yendo bien, porque empezaba a participar de exposiciones, empezaba a participar de festivales y eso se cortó así, bruscamente”, dijo Huaroto.
Un año después del incidente, el fotógrafo regresó al grupo El Comercio, pero fue despedido en 2020, y ha estado trabajando como freelancer desde entonces. Junto a otros compañeros creó el colectivo Fotografxs AutoConvocadxs-FAC con el objetivo de servir como organización de protección para los fotoperiodistas independientes, pero también para denunciar la violencia policial y realizar actividades artísticas.
“Sobre la noticia de Brasil, me parece algo positivo” – dijo Huaroto – “porque solamente el que tú me estés haciendo estas preguntas, y que yo pueda dar mi testimonio otra vez después de tanto tiempo, ya me da como una esperanza de que no quede en impunidad completa”.
*Este artículo fue actualizado para enfatizar que Marco Antonio Ramón Huaroto fue herido por perdigones y no por balas de gomas.
**Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.