Desde que Nayib Bukele asumió la Presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, periodistas del país señalan que las instituciones y funcionarios públicos son fuentes cada vez menos accesibles y que las redes sociales se han convertido en el medio predilecto del nuevo gobierno para comunicar asuntos oficiales o rebatir cualquier crítica o comentario.
De acuerdo con José Luis Sanz, director del sitio periodístico investigativo salvadoreño El Faro, Bukele no ha concedido ninguna entrevista a los medios nacionales desde que asumió la presidencia, pero sí hace un uso constante de las redes sociales para expresar sus opiniones personales y decisiones de gobierno.
El presidente “continúa consolidando la idea, la apariencia de que no necesita a los medios de comunicación para comunicarse, y que sobre todo su modelo de rendición de cuentas, y la supuesta transparencia que [este] supone, se basa en estar constantemente opinando o haciendo anuncios a través de redes sociales”, dijo Sanz al Centro Knight.
Desde el entorno más cercano del presidente, agregó Sanz, se legitima la idea de que “esta es la nueva forma en la que se expresa el pueblo, y las nuevas formas de comunicación. El pueblo ya no necesita los medios para expresarse”.
Para el periodista César Fagoaga, jefe de redacción del sitio periodístico Revista Factum, en estos tres meses de gobierno el Presidente “se ha mostrado muy alérgico a la crítica”, no solo con periodistas sino con cualquier persona que exprese algún desacuerdo con su gobierno.
La narrativa oficial es “los que estén contra mí, están contra el pueblo”, afirmó Fagoaga. “Esto comenzó durante la campaña [de Bukele] con los partidos políticos, lo cual fue muy sencillo porque los partidos políticos tradicionales perdieron toda su legitimidad a partir de hechos de corrupción de sobra conocidos. Después atacó al Congreso, luego al sistema judicial, luego atacó a los medios de comunicación de una forma mucho más abierta. Esta dinámica se ha mantenido”, sentenció el periodista.
Aun cuando el gobierno esté en sus primeros meses, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, destacó la importancia de la preocupación sobre el acoso digital contra la prensa que comparten las organizaciones, periodistas y medios salvadoreños con los cuales se reunió informalmente en su última visita al país a fines de julio.
Lanza mencionó al Centro Knight los recientes ataques a mujeres periodistas, “basados en estereotipos y obviamente en la discriminación estructural que hay contra las mujeres, no por investigar sino por el hecho de ser mujer”.
Cuando se trata de mujeres periodistas, los insultos en redes sociales contra ellas escalan e incluyen violencia sexual en línea, explicó Fagoaga.
El 28 de junio la periodista de Focos TV Karen Fernández comentó en una entrevista matutina junto a otras panelistas sobre el plan de seguridad de Bukele para combatir el pandillaje. Fernández dijo que no había evidencia de que las medidas represivas que planteaba este gobierno, al igual que los anteriores, incrementen los niveles de seguridad pública, sino todo lo contrario.
Bukele compartió y comentó el tuit del programa relacionado a esa entrevista, y a partir de ello sus seguidores en redes sociales empezaron una serie de ataques misóginos y violencia sexual en línea contra Fernández, cuestionando su legitimidad como periodista, denunció la periodista desde su cuenta de Twitter.
Ese mismo mes, el 30 de junio, Mariana Belloso, editora de economía del diario La Prensa Gráfica, citó a Bukele en un tuit, sobre su pedido a la población de dejar de pagar dinero de extorsión a las pandillas, e hizo una invitación a seguir la conferencia de prensa del presidente sobre el tema.
Ese mismo día, el Presidente compartió el tuit de Belloso y comentó respecto a lo dicho por la periodista que “una verdad a medias es peor que mil mentiras”, reclamándole a la periodista el haber puesto la información incompleta.
El Presidente “dijo que lamentaba que haya periodistas en contra del gobierno que desean que el plan de seguridad fracase”, dijo Belloso al Centro Knight. “En seguida empecé a recibir tuits de que ojalá me violaran a mí y a mis hijas, a ver si así seguía defendiendo a los pandilleros. Los insultos y amenazas hacia las mujeres siempre van por el lado sexual, y estos ataques continuaron por mes y medio”, añadió la periodista.
La cuenta de Belloso fue reportada y bloqueada unos días. De acuerdo con la periodista, este tipo de reacciones está fomentando la autocensura de muchos de sus colegas en redes sociales por miedo a las represalias.
“Hicieron un collage de Karen y yo diciendo que éramos defensoras de pandilleros. Eso es algo muy peligroso en este país en donde hay grupos de exterminio que asesinan a pandilleros y a sus familias y allegados”, comentó Belloso.
Sobre estos incidentes, Sanz de El Faro comentó que “estos ataques muy agresivos a opiniones disidentes” están legitimándose desde el entorno cercano del presidente.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) mostró su apoyo a Fernández y Belloso, condenó los ataques y exigió a las autoridades y a los usuarios digitales respetar la libertad de expresión.
Cuando Bukele aún era candidato a la presidencia, en enero de 2019, la Revista Factum publicó un reportaje sobre una supuesta red de corrupción en la alcaldía de San Salvador cuando él era alcalde.
Unos meses después, ya como presidente electo, Bukele se dirigió a los salvadoreños por primera vez vía Facebook Live. En esa transmisión, el presidente atacó a varios medios periodísticos e intentó desprestigiar a Héctor Silva, director de Revista Factum, de haber participado en actos de corrupción con un gobierno anterior.
Luego de esas declaraciones, Revista Factum desmintió en su sitio web y en redes sociales las acusaciones de corrupción que Bukele formuló en contra de la revista y de su director.
La organización de derechos humanos Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó las expresiones de Bukele contra la prensa, particularmente contra Revista Factum, cuyos periodistas cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2017. “El nuevo gobierno de El Salvador tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los periodistas, y no debe bajo ninguna circunstancia estigmatizar la profesión”, señaló Emmanuel Colombié, responsable de la oficina de América Latina de RSF.
“La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal, no es solo para periodistas o plumas pagadas, sino para todos, y esa palabra ‘todos’ incluye al Presidente de la República”, dijo Bukele en esa transmisión.
Sobre estas declaraciones, Fagoaga de Revista Factum dijo en una anterior entrevista del Centro Knight, en mayo de 2019, que los que siguen “van a ser cinco años bastante difíciles”. “Lo diferente ahora es toda esta máquina propagandística, publicitaria, a través de redes para desprestigiar, para atacarnos de una forma compulsiva que se está generando. Y también para que se quede en la población esta idea de que todo lo que nosotros hacemos es para encontrarle ‘el pelo en la sopa’, como él [Bukele] dice. Lo que intenta hacer es una censura velada y sus nuevos funcionarios están llevando la misma tónica”, subrayó.
Los periodistas entrevistados señalaron las actuales dificultades para lograr una declaración o entrevista con un funcionario del gobierno. Igualmente en el caso del acceso a la información pública. Aún contando con la Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta, están experimentando tiempos de espera mucho más largos que antes para conseguir o acceder a la información.
“Hay una monopolización de las comunicaciones de una forma nunca antes vista, al menos en lo que tengo yo de ser periodista que son ya bastantes años”, dijo Fagoaga. Además, señaló que en anteriores gobiernos, a pesar de procurar también tener un discurso único, había bastante independencia en las instituciones.
“Los funcionarios no contestan luego de conferencias públicas cuando los periodistas los abordan con preguntas de interés público”, mencionó Belloso. Y cuando solicitan información pública a través de la ley, les dicen que “la información solicitada es inexistente o reservada, pero más frecuentemente dicen que es inexistente. En los procesos de solicitud ahora los plazos de respuesta son bien largos, y si quieres apelar hay otro plazo largo”, sostuvo la periodista.
Sanz explicó que “lo que ocurre es que está habiendo tantos cambios en la estructura del Ejecutivo que los reacomodos están dificultando mucho el trabajo”. “Además, hay un proceso claro de concentración de las decisiones en torno de Casa Presidencial, cualquier solicitud de entrevista con un funcionario se remite ahora por norma a la secretaria de prensa de la presidencia, a una sola persona”.
El Centro Knight intentó contactar a la presidencia y a Bukele a través de la redes sociales, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.